Comisión de DD.HH contra el CDE: Acusa abuso de la prescripción en casos de la dictadura

En una solicitud presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) abogó ante este órgano internacional, asegura un comunicado, «para que recabe del Estado de Chile información relativa a la actuación del Consejo de Defensa del Estado chileno (CDE) en los juicios por reparaciones a las víctimas de la dictadura civil militar chilena, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990″.

Según el escrito, con esta presentación, la CChDH pide que este órgano «solicite información al Estado de Chile sobre la permanente invocación de la prescripción por parte del CDE en los juicios en que se demanda la reparación indemnizatoria a las víctimas de violaciones a derechos humanos, un debate que se ha tratado en un sinnúmero de causas judiciales en nuestro país y en la región».

Según argumenta la CChDH, la petición está enmarcada «en la competencia y funciones de la CIDH, conforme lo establece su Estatuto, y la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado vigente y ratificado por el Estado de Chile, por lo que, según lo dispone la Constitución chilena (…), es un límite para la actuación de todos los órganos del Estado».

En la presentación, se repasa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «en la que se ha señalado la imprescriptibilidad de las acciones civiles reparatorias para las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, en la que han habido referenciales sentencias referidas a casos chilenos».

Adicionalmente, se detalla «la tendencia de progresiva adhesión a ese criterio por parte de la jurisprudencia nacional, en especial, de su máximo tribunal, la Corte Suprema».

Insistiencia del CDE

Sin embargo, complementa el comunicado de prensa, el CDE, «órgano encargado de la defensa judicial del Estado en las causas en la que está comprometido el interés fiscal, ha seguido sosteniendo una argumentación que se sitúa en oposición al criterio de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un sinnúmero de tratados e instrumentos internacionales en los que de manera sostenida se establece la imprescriptibilidad de estas acciones.

Esta instancia, agrega la CChDH, «no ha modificado su posición y línea de argumentos en el sentido de insistir en la alegación de la prescripción de las acciones civiles indemnizatorias, además de contrariar el carácter complementario y no excluyente entre las vías administrativa y judicial de reparación”.

«Este actuar del Consejo de Defensa del Estado chileno lo sitúa en una posición de infracción a una serie de pactos internacionales en los que, de manera sistémica, se establece o se deduce la imprescriptibilidad de las acciones de reparación civil derivadas de la comisión de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad»

La mayoría de ellos, recalca la Comisión, «son tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Chile, y por tanto, conforme a la Constitución, son derecho vigente en nuestro país».

CChDH: CDE admitió modus operandi

De hecho, plantea el comunicado de prensa, «el mismo presidente del Consejo de Defensa del Estado chileno, Raúl Letelier, declaró en una audiencia preparatoria de juicio ante la Corte IDH», en febrero, que “la categoría de graves violaciones a los derechos humanos es correcta, es una categoría exclusiva y relevante para atribuir imprescriptibilidad a las acciones indemnizatorias derivadas de ello”

«Es decir, afirmó a nivel interamericano un criterio que el órgano que él preside ha venido contrariando sistemáticamente en el ámbito interno», cuestiona la CChDH.

Finalmente, la instancia está pidiendo que “se requiera al Estado de Chile y sus diversas autoridades involucradas remitir toda la información pertinente sobre las actuaciones del Consejo de Defensa del Estado en el marco de los juicios en los que este ha invocado alegaciones que son contradictorias con el derecho internacional de los derechos humanos y los deberes del Estado de reparar a las víctimas de estos hechos».

Concretamente, agrega la Comisión, «en lo referente al deber de reparar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura civil-militar chilena”.