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Patricia Muñoz condena los graves hechos ocurridos hace unos días en La Araucanía tras el despliegue de centenares de efectivos policiales que, en medio del operativo, detuvieron a una niña y una adolescente de 17 años, quien además fue amenazada de muerte. La defensora asegura que es inaceptable el nivel de violencia ejercida en la zona y transparenta las acciones adoptadas desde la institución que lidera.
El mismo día que se conoció el audio en el que un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) amenazaba a una adolescente de 17 años, la Defensoría de la Niñez de Temuco llegó hasta su comunidad, en Ercilla, para tomar las declaraciones del caso. En ese relato, confirmaron el grave actuar policial en medio de un operativo que movilizó a más de 800 funcionarios hasta la zona.
Hasta ahora el gobierno ha puesto paños fríos al asunto esperando los resultados de las investigaciones, pese a la contundencia de los antecedentes difundidos en redes sociales, donde han circulado videos y audios de las cuestionadas y violentas detenciones. Por su lado, la PDI ha insistido en que no han violado los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, sino que se trató de un procedimiento dentro de lo permitido. Algo que lamenta la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien emplaza al Ministerio del Interior a ser rigurosos con las decisiones que se tomen respecto del quehacer policial.
– ¿Qué le parece la actitud que ha mantenido hasta ahora el gobierno cuando sabemos que la madre de la joven confirmó la veracidad del audio?
Revela lo que tiene que ver con una especie de defensa permanente en la línea de lo corporativo, sin atender también a versiones de las propias víctimas de sucesos tan graves que, en particular de estos últimos casos, hemos conocido de la niña de siete años y de la adolescente de 17 años. Eso genera frustración en las propias víctimas porque siempre se termina optando, a nivel del Ejecutivo (y) particularmente del Ministerio del Interior, por la versión que la policía entrega sin hacer acercamiento ni tener un vínculo con ellos o ellas para contrarrestar la información. En ese sentido, como Defensoría de la Niñez, entregamos en su momento los antecedentes al ministro del Interior para que tuviera esa visión de lo que están viviendo las víctimas, pero se ha mantenido en la postura de la investigación y es parte de lo que ha estimado como procedente. En ese sentido, no tenemos más que decir lo preocupante que resulta no tomar en cuenta la versión que las víctimas entregan.
-¿Quién debe asumir la responsabilidad de lo que observamos tras el operativo en Temucuicui?
Acá hay un tema que es fundamental que tiene que ver con demandas históricas no resueltas del pueblo mapuche donde ha sido el Estado de Chile (el que), en definitiva, en vez de centrarse en el diálogo, la inclusión y la consideración cultural, ha optado por la simplificación del asunto desde el punto de vista punitivo y la generación de instancias que buscan la ocurrencia policial permanente de una supuesta solución, cosa que no va a llevar (a ninguna parte), porque el tema acá excede con creces lo relacionado con lo policial.
Hay un desafío que evidentemente no ha sido satisfecho por el Estado, hace muchísimo. Pero como no se toman decisiones políticas desde esa perspectiva, lo que se produce en términos de profundización es la presencia policial con las consecuencias que desafortunadamente venimos viendo hace años con niños que son sometidos a acciones policiales, que ciertamente tienen connotaciones del uso de la fuerza que impactan de manera significativa y que les afectan para la generación de estrés postraumático, consecuencias para su desarrollo y que no aseguran a cualquier niño o niña del país, que es un desarrollo armonioso e integral cuando están sometidos a la presión permanente. Las condiciones en que aquello ocurre producen una agudización de una sintomatología que genera complicaciones serias en los niños y que tienen impactos en sus vidas adultas. Es un tema particularmente grave si a eso añades que el Estado no genera espacios de reparación a estos niños.
-¿Observa una suerte de continuación del blindaje a estas instituciones policiales en su actuar en La Araucanía?
Yo no sé si es blindaje la palabra, pero sí es un hecho de la causa que hay de parte de las comunidades, una manifestación muy clara y crítica de cómo son intervenidas. Y lo que hemos conocido como Defensoría, son relatos que efectivamente dan la razón a esas aseveraciones que plantean desde las comunidades, lo último que ha pasado en Temucuicui, lo que se generó en el automóvil donde iba la hija de Camilo Catrillanca y, en la misma lógica, la detención de la adolescente de 17 años que se le amenaza de muerte. Esto involucra la toma de definiciones serias por parte del Estado, situación que no se ha hecho.
Acá también voy a abordar otro punto que es un tema esperado y que tiene que ver con la reforma estructural de las policías donde, en definitiva, (ojalá) se logre instalar con claridad absoluta que el límite del ejercicio de la fuerza está puesto en los derechos humanos de quienes se interviene. Por lo tanto, desde ahí nunca va a ser justificable que un agente del Estado viole derechos humanos en el ejercicio de sus funciones. En esos dos ejemplos, que son los últimos que observamos, se producen situaciones inaceptables y de la máxima gravedad, pero aquello no tiene un cuestionamiento transversal porque se pretende mantener una lógica de apoyo, como si apoyar este tipo de comportamientos fuera positivo para la policía. A nosotros nos parece que permea más la situación en que se encuentra la policía en credibilidad y legitimidad. Esa pérdida de legitimidad es muy grave y compleja en una democracia.
-A fines de la semana pasada la Defensoría en Temuco fue hasta la comunidad donde vivía la niña amenazada. ¿Cómo se recabaron esos testimonios y qué se concluyó?
Efectivamente el equipo regional estuvo en contacto con la adolescente, también con su madre, y con otras personas de la comunidad recabando antecedentes. Son testimonios que dan cuenta de la violencia que tuvieron que sufrir en este contexto por parte de agentes del Estado. En razón a ese registro, testimonio y manifestación directa de la propia víctima, tomamos la decisión de denunciar por una parte al Ministerio Público, para que se investiguen los apremios ilegítimos y las amenazas de muerte de esta adolescente, como en paralelo presentar un recurso de protección a su favor, por considerar que se habían transgredido de manera evidente su integridad psíquica y psíquica, (porque) lo que asegura la Constitución es ser protegido y no apremiado.
La denuncia penal está en conocimiento de un fiscal de la unidad de derechos humanos de La Araucanía, mientras que el recurso de protección que fue ingresado, aun no ha sido proveído por la Corte y estamos a la espera de la decisión. Esperamos que en virtud de intervención judicial se pueda, de alguna manera, restituir aquellos derechos que fueron vulnerados a la adolescente, porque es un hecho de la máxima gravedad que un agente del Estado se permita amenazar de muerte a una persona que tiene sometida en un contexto de detención. Realmente, la gravedad es indescriptible y uno quisiera que esa claridad la tuviésemos todos, no solo algunos.
-¿Buscan con eso también que se aclaren y determinen las responsabilidades políticas implicadas en estas agresiones?
No, no es nuestro foco ni competencia. Nos interesa que se intervenga judicialmente para restablecer los derechos que han sido vulnerados de esta adolescente, lo mismo que en el caso de la hija de Camilo Catrillanca, donde hemos presentado una denuncia penal y un recurso de amparo por lo que sostenemos fue una detención arbitraria e ilegal. Estamos a la espera de la decisión de la Corte. Las responsabilidades políticas son de los políticos y, en ese sentido, lo que uno espera es que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en tanto responsable directo del control del quehacer policial, ejerciera con suficiente rigor lo que tiene que ver con las responsabilidades de quienes generaron un operativo bastante masivo con consecuencias no solo asociadas de lo que conocemos nosotros de estas dos niñas que no fue propiamente en Temucuicui, sino que en la comuna de Ercilla, también con el lamentable fallecimiento de un inspector de la PDI y con pocos resultados en términos de eficacia, conforme con lo que se había previsto hacer.
-Hace algunas semanas un grupo de parlamentarios de Chile Vamos presentó una solicitud para destituirla. ¿Cómo ha enfrentado ese proceso?
Lo que hicieron fue presentar una solicitud de remoción que se encuentra en curso en términos del procedimiento que regula la ley de la Defensoría de la Niñez y está en conocimiento de la Corte Suprema que me notificó el requerimiento y, por lo tanto, estoy dentro del plazo para emitir mi defensa. Esa es la instancia donde nosotros, yo y mi defensa, pretenderemos sostener que los argumentos planteados de quienes solicitan la remoción no se satisfacen para poder proceder a ella.
-En otro tema, se ha hablado bastante de sus proyecciones políticas. ¿Tiene alguna intención de presentarse a alguna elección a futuro?
No, de hecho en ‘Tolerancia Cero’ fui súper clara en que no tengo ningún interés de participar en cargos de elección popular. Estoy muy contenta como defensora de la Niñez y espero seguir ocupando este cargo para lograr que los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes sean respetados.
