Fiscal de Antofagasta y ruta del dinero del narco: “Es un tremendo riesgo para el Estado”

Con más de 20 años trabajando en casos relacionados a delitos de homicidios, lavado de dinero, crimen organizado, corrupción y tráfico ilícito de drogas, en octubre de 2023 Juan Castro Bekios asumió como nuevo Fiscal Regional de Antofagasta, trayendo su experiencia en su trabajo en la Fiscalía Regional de Tarapacá, Fiscalía Metropolitana, Fiscalía de Alta Complejidad y como jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI).

En estos cerca de cuatro meses al frente de la Fiscalía Regional de Antofagasta, ha podido analizar la orgánica de los grupos criminales que operan en la región, donde el fenómeno del secuestro y el homicidio sin autor conocido son cosas que antes no se veía y que actualmente han ido en aumento.

“El crimen organizado en Chile existe. Está presente. No es que se esté empezando con este fenómeno. Ya tenemos organizaciones criminales instaladas en Chile. Ahora, hay que distinguir también, porque una cosa es que una organización esté instalada y otra que una organización criminal venga a hacer operaciones. Entonces en eso soy súper cuidadoso”, señala el fiscal en conversación con El Desconcierto.

El caso de Antofagasta es para tener en cuenta, debido a que comparte frontera con Bolivia, uno de los productores de cocaína más grandes del mundo, sumado a que fue la región que más droga incautó a nivel nacional durante el 2023, superando las 12 toneladas.

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Castro Bekios señala que una de las bandas criminales que están instaladas en la región de Antofagasta son los “Chotas y Espartanos”, provenientes de Colombia.

“Lo que han venido a hacer es reproducir el esquema que tenían en sus propios países y que es una cuestión muy propia de nuestra región. Una parte importante de nuestra migración proviene de un sector de Colombia que se llama Buenaventura, que es un puerto que ha estado asociado a actividades criminales, sobre todo a la exportación de droga”, señala.

Respecto a las bandas con expresiones de crimen organizado que operan en el país, el fiscal explica que mayoritariamente se dedican al narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y la trata de personas que ha empezado a aparecer con más fuerza.

Seguir la ruta del dinero

Si bien el Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública desarrollaron el proyecto ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), que tiene como objetivo abordar la persecución penal -como homicidios y secuestros- desde un contexto de crimen organizado, el fiscal reconoce que aún faltan herramientas, específicamente las que tienen relación con la capacidad de perseguir el patrimonio de las bandas criminales.

“Para poder atacar las organizaciones criminales, lo fundamental para atacarlas de verdad es la investigación patrimonial. Ese es el punto y diría que esa es la debilidad que en este momento tenemos como país, porque no estamos viendo en qué se está utilizando ese dinero y eso es un tremendo riesgo. No hablo para un gobierno determinado, es un tremendo riesgo para el Estado como tal, para las instituciones democráticas del Estado, por los peligros de corrupción que significan esas tremendas cantidades de dinero que andan circulando en nuestro país y que no las podemos detectar”, explica el fiscal.

El fiscal prefiere no aventurarse en calcular cuánto dinero proveniente de negocios ilícitos se invierte en Chile, pero asegura que “la cantidad de dinero es enorme”.

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“La deuda que nosotros tenemos es con la investigación financiera, porque en Chile se investigan las organizaciones criminales, se incauta droga, pero no podemos desarticularlas de verdad y completamente porque no podemos hacernos de ese patrimonio. Yo puedo tener una organización, pero si no me quedo con el dinero la organización va a funcionar desde la cárcel o con el que quede afuera. Por lo tanto, yo diría que es el punto más relevante y en el que nos estamos quedando atrás”, reflexiona.

En ese sentido, la región de Antofagasta, pese a que es la que incauta más droga en Chile, no cuenta con ninguna sección especializada que investigue el lavado de dinero.

“Lo que yo he visto es que efectivamente tenemos un problema de que los profesionales que se requieren para hacer este tipo de investigaciones. Estamos hablando de analistas contables, auditores, personas con una tremenda preparación, ojalá haber trabajado también en el mundo privado y saber cómo funciona la multiplicidad de instituciones que intervienen en el mundo financiero y en el mundo patrimonial. Ese personal es muy escaso”, afirma.

El narco entrando al territorio

Uno de los cambios en la orgánica de las bandas criminales que Castro Bekios ha podido identificar en las últimas décadas, dice relación con que en la actualidad el miembro de una banda u organización criminal cruza las fronteras y penetra el territorio, asumiendo los costos y riesgos, pero también aumentando sus ganancias en la venta de drogas.

“Por ejemplo ahora, cuando uno investiga narcotráfico, y esto uno lo puede aplicar para distintos bienes de contrabando, ya no sólo tenemos el traficante chileno que trae grandes cantidades de droga, sino que tenemos extranjeros que están en la zona central del país instalado”, señala.

Este ingreso y asentamiento de bandas criminales ha provocado una lucha por quedarse con parte del negocio, lo que trae aparejados delitos violentos como homicidios, secuestros y extorsión, principalmente entre individuos de bandas criminales.

“Hay agrupaciones colombianas que están trabajando en Chile, no solo en Antofagasta, sino que también en otras partes del país, y que también tienen sus propias disputas. Esas disputas han llevado a un fenómeno nuevo que empezó a surgir estos últimos años, que es el homicidio en contexto de crimen organizado”, señala.

El “Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados”, elaborado por el Centro Nacional para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), señala que la tasa de homicidios pasó de 4,5 en 2018 a 6,7 en 2022, con un promedio de 19,9 cada cien mil habitantes en el año 2021.

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En el caso de la región de Antofagasta, la cifra de homicidios durante el 2023 bajó respecto al año anterior, pasando de 62 a 54 homicidios consumados. De esta cifra total, el 22% fueron realizados por ciudadanos extranjeros.

Del total de homicidios, 62% fueron perpetrados por chilenos, 11% por venezolanos, 6% por colombianos, 3% por personas de nacionalidad boliviana, 1% por peruanos y 1% por ecuatorianos. El cambio que hubo en este tipo de delitos tiene relación con el aumento del uso de arma de fuego.

Según cifras del Ministerio Público, 38% de los homicidios en la región de Antofagasta fueron con arma de fuego, 31% con arma blanca y 9% con elementos contundentes.

Si bien la tasa de homicidios a nivel nacional disminuyó, sí aumentó el homicidio sin autor conocido, donde un cuarto de las causas por homicidio se cierra sin la formalización de algún sospechoso.

“Este fenómeno de los homicidios en contexto de crimen organizado es algo para nosotros nuevo y que ha incidido en un dato muy sensible, que es el establecimiento de los homicidios que no teníamos antes, y que tiene que ver con lo que llamamos el imputado desconocido. El porcentaje de imputados desconocidos, los delitos de homicidio, sobre todo cuando están en este contexto, ha ido aumentando”, señala.
“Como país anteriormente teníamos tasas de resolución de homicidios que andaban por sobre el 80%. Eso ya no ocurre”, agrega.

Cifras del Ministerio Público indican que en 2010 solo el 9,7% de los casos de homicidio no tenían imputado conocido, pasando a un 25% en 2021.

Secuestro y extorsión

Dentro de la lucha territorial entre bandas instaladas en Chile, el uso de la violencia y el aumento de esta es un fenómeno que es percibido por la ciudadanía. Uno de los delitos que más impacto genera en la opinión pública es el del secuestro, delito que tiene mayor pena de cárcel junto con el homicidio calificado.

“Significa que ellos recurren evidentemente a la fuerza, sobre todo a las armas de fuego, recurren a la violencia con el objeto de ir ganándose estos espacios en el mercado criminal. Eso no lo teníamos de la manera que lo tenemos al día de hoy. Por eso es que surge desde la Fiscalía este proyecto ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), que también está funcionando en la ciudad de Antofagasta, justamente para los homicidios en contexto de crimen organizado. A eso se le suma un nuevo ingrediente que no teníamos antes, que es el secuestro, señala el fiscal.

Juan Castro Bekios / Fiscalía Regional de Antofagasta

Según datos entregados por la Fiscalía de Antofagasta, en el 2023 hubo 52 denuncias por secuestros, de los cuales 21 fueron secuestros extorsivos, es decir, que se pidió dinero o algún bien a cambio para la liberación de la persona, lo que se traduce en un 32% más que en el año anterior.

“Los secuestros han ido aumentando. Han ido aumentando justamente por la existencia de estas asociaciones criminales en donde una de las manifestaciones de la criminalidad es el secuestro extorsivo”, complementa.

Sin hacer un vínculo entre criminalidad y migración, dejando en claro que el aumento de la delincuencia y la violencia tiene una multiplicidad de factores, Castro Bekios sí ha visto un cambio en la forma de operar respecto a los extranjeros vinculados al tráfico de droga y el uso de la violencia.

“Yo siempre hago la distinción: la migración no es en ningún caso sinónimo de delincuencia”, enfatiza.

Sin embargo, reconoce que el ciudadano colombiano es mucho más agresivo que, por ejemplo, el boliviano, actor que en las décadas pasadas era el encargado de ingresar la droga al país.

“Eso es una cuestión que uno puede comprobar inmediatamente, de manera empírica, con lo que está sucediendo en las cárceles. Muchas extorsiones y amenazas empezaron a ocurrir de ciudadanos colombianos a ciudadanos bolivianos. Tanto así que se les tuvo que simplemente separar. Ahora hay un módulo que es para colombianos porque los bolivianos estaban siendo víctimas de amenazas, de extorsiones. Estos nuevos migrantes de la región de Antofagasta se hicieron cargo de esto. Evidentemente el extranjero de nacionalidad colombiana no puede suplir al ciudadano boliviano en el ingreso porque es el dueño de la droga. Ahora, como ellos también se imponen en este territorio por la fuerza, les permite controlar el precio, entonces, el traficante que está en la zona central ya no tiene mucha alternativa”, explica.

Consumo interno y puertos chilenos que «limpian la ruta»

“En nuestra región está pasando mucha droga”, señala el fiscal para agregar que “no estamos hablando de kilos, estamos hablando de toneladas, por miles que se están produciendo en Sudamérica. El tema es dónde están esas ganancias”.

Según cifras entregadas por la Fiscalía Regional de Antofagasta, durante el 2023 se incautaron 12.6 toneladas de droga, lo que equivale a un 74% más que el año anterior, convirtiendo a la región en la que más incautaciones ha hecho en el país.

En ese sentido, las cifras hay que mirarlas con cuidado, ya que, si bien existe un aumento significativo de las incautaciones, el dato puede estar indicando que también está ingresando más droga que antes.

“Chile es uno de los países que tiene el más alto consumo de marihuana. Entonces hay mucho de ese producto que se está quedando en nuestro país para el consumo interno. Distinto son los grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína. Ahí estamos hablando de un tipo de sustancia que en esas cantidades normalmente, a lo menos en alguna parte, tiene por objeto salir del país. Porque el clorhidrato de cocaína de alta pureza tiene un altísimo valor en mercados extranjeros, en mercados europeos”, señala el fiscal Castro.

Otro factor que podría explicar que bandas extranjeras hayan elegido a Chile para instalarse, es la buena reputación que tienen las aduanas chilenas en el resto del mundo, donde el hecho de salir desde un puerto chileno abre puertas en Europa.

“Ese timbre limpia la ruta. ¿Por qué? Porque nuestros servicios sí tienen mayor prestigio en términos del control que realizan, en términos de las instituciones que están involucradas, por ejemplo, en todo lo que dice relación con el tráfico marítimo”, señala.

“Eso evidentemente le da garantía al traficante de que a la hora de que se levanten alertas en otros países, respecto de embarcaciones en estas distintas señales de riesgo, que es lo que se utilizan en los puertos de todo el mundo, si viene de Chile es un riesgo menor, por lo tanto, al traficante le conviene que vaya en un barco de un puerto chileno, porque las probabilidades de que sea fiscalizado disminuyen”, cierra.