Los cortes de agua: el bien público y las responsabilidades privadas

Y «pasó lo que era de esperar»: llovió en el Cajón del Maipo y en Santiago y se cortó el suministro de agua potable a más de la mitad de la población de la Región Metropolitana. En cosa de horas volvimos a recordar la fragilidad de nuestras vidas cuando se pone en jaque el abastecimiento de este vital elemento. Pero es justo preguntarse ¿llovió lo suficiente para que ocurriera este hecho? Años anteriores han caído mayores proporciones de agua y no ha sucedido lo que pasó este fin de semana ¿De dónde vino esa cantidad de sedimentos que imposibilitó a Aguas Andinas suministrar normalmente el agua a la población? Una respuesta inmediata se viene a la cabeza: la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, que desde el año 2015 comenzó sus faenas que consisten básicamente en realizar un túnel de 70 kilómetros de largo en las montañas que dan vida al Río Maipo (río Yeso, Colorado y Volcán) para entubarlos y producir energía.

Diversas organizaciones sociales y territoriales han denunciado por años las posibles consecuencias destructivas de este proyecto –cuyos propietarios son Aes Gener y el grupo Luksic–, que guardan relación con la contaminación de las aguas, el eventual peligro de derrumbe, la afectación a la biodiversidad, el deterioro de diversas actividades de subsistencia, como la pequeña agricultura, el turismo y, por supuesto, la provisión de agua potable de la Región Metropolitana. El problema está en que, a pesar de los peligros advertidos, ha habido una fuerte presión corporativa por parte de Aes Gener para avanzar en la aprobación del proyecto y, desde el año 2013, desde que el grupo Luksic compra el 40% de las acciones, la presión ha aumentado. De hecho, en un comienzo, la empresa sanitaria Aguas Andinas estuvo en contra de este proyecto, hasta que en 2011 ambas empresas firman un contrato secreto en que la Sanitaria le entrega derechos de agua al proyecto hidroeléctrico por 40 años, poniendo en jaque la seguridad hídrica de la Región Metropolitana. En las múltiples manifestaciones contra Alto Maipo se denunció esta situación de complicidad entre ambas empresas privadas y del eminente peligro que representaba para toda la población, pero aun así todo siguió adelante, con la venia del Gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, especialmente de su ministro de Energía, otrora brazo derecho de Andrónico Luksic.

Ahora bien, lo que sucedió el fin de semana es un botón de muestra de los peligros que puede implicar este proyecto. La primera lluvia desde que comenzaron las faenas y 4 millones de personas sufren las consecuencias de la evidente destrucción de los cerros de cabecera de la cuenca del Maipo.

Pero en lo sucedido el fin de semana hay otro factor que no puede pasar inadvertido: el rol de Aguas Andinas frente a situaciones de esta naturaleza. Por la excesiva cobertura que tuvo en la prensa de televisión abierta, pareciera que la inundación del Costanera Center fuese más importante que el corte de agua potable que afectó a 35 comunas de la región Metropolitana. No obstante, es evidente que Aguas Andinas es responsable de este corte masivo de suministro que sufrió la capital y ante esto la respuesta del gobierno ha sido absolutamente complaciente, justificando sus medidas y anunciando incluso inversiones públicas para enfrentar este tipo de situaciones.

Lo preocupante es que la mencionada empresa ya tiene en su haber una historia de irregularidades. Si bien es la empresa sanitaria que registra mayores ganancias en el país, sus altas utilidades no se ven reflejadas en inversión en tecnologías e infraestructura para enfrentar eventos de esta naturaleza. Hay que recordar que en el año 2013, luego de un corte de suministro que tuvo a más de un millón de personas sin agua potable en el sector oriente de la capital, sus ejecutivos anunciaron que invertirían en tecnologías e infraestructuras para enfrentar este tipo de situaciones. Nada de eso pasó, no hubo instituciones que obligaran a la empresa a invertir, pero sí hubo inversiones de la empresa para financiar a políticos ligados a la derecha y la Nueva Mayoría, y sus consecuencias están a la vista.

En suma, tanto Alto Maipo como Aguas Andinas tienen serias responsabilidades en el corte de suministro de agua potable en la región Metropolitana. El problema de fondo es que ambas empresas administran parte importante de las aguas de la cuenca del Maipo y en circunstancias como éstas nos alertamos de tener a entidades con fines privados administrando un bien que es, en esencia,  Público. Es que todo esto es posible no sólo porque en Chile la propiedad de las empresas sanitarias y eléctricas es privada, sino que también el Agua misma es considerada una mercancía. Por lo tanto, el resguardo del bien común y público está, contrario a toda lógica, en manos privadas.

¿No habremos ido lo suficientemente lejos enajenando bienes públicos como las aguas y las empresas encargadas de suministrar este bien común tan esencial para nuestras vidas? El silogismo es el siguiente: el agua es un bien público, un bien público no puede estar al arbitrio del mercado; ergo, el agua no puede seguir siendo un bien de mercado. Lo que pasó este fin de semana nos indica que es hora de recuperar las aguas y las empresas sanitarias.