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Desde un punto de vista político, las diferencias que hoy se expresan en el conflicto entre autonomistas, tiene relación con al menos tres elementos que estuvieron presentes durante el proceso de convergencia de Izquierda Autónoma, que no se encuentran comprendidos, a nuestro juicio, en la apuesta política que llevó a sostener la reunión con el MINEDUC la semana recién pasada.
Desde un punto de vista político, las diferencias que hoy se expresan en el conflicto entre autonomistas, tiene relación con al menos tres elementos que estuvieron presentes durante el proceso de convergencia de Izquierda Autónoma, que no se encuentran comprendidos, a nuestro juicio, en la apuesta política que llevó a sostener la reunión con el Mineduc la semana recién pasada.
El primer elemento es la falta de resolución efectiva en un diagnóstico sobre la relación entre cierre del conflicto educacional, proceso de reformas y emergencia de un bloque social que se proponga la superación del régimen actual. Quienes impulsaron la maniobra del Mineduc lo hacen sobre la idea fatalista del “ahora o nunca”, plantean que si no se logra una reforma durante este gobierno se trata de un fracaso del movimiento social. En definitiva, asumen el inminente cierre del conflicto si es que no existe una reforma, lo que a la vez pone en serio riesgo la emergencia de una nueva fuerza impulsada por el conflicto educacional. Ahora bien, a esta primera idea, se le contrapone el planteamiento de que conquistar una reforma educacional que efectivamente termine con la herencia neoliberal, requiere de una fuerza político-social amplia y de un conflicto abierto para construirla en un proceso que no puede limitarse a los tiempos y restricciones institucionales. Adicionalmente, está el diagnóstico de que una eventual promesa rota en el ámbito de la reforma educacional, no sería suficiente para cerrar el conflicto, tal como lo demostró hace poco, la paupérrima reforma de carrera docente y anteriormente las manos alzadas de la clase política en el conflicto del 2006, donde algo que se veía como un cierre logró abrir más aún el conflicto social, y por cierto, profundizarlo; por lo que no sería necesario cambiar nuestros términos en pos de una reforma tal como la ha planteado históricamente el movimiento educacional y por tanto la fórmula del autoencierro de “si fracasa la reforma fracasa el movimiento” es totalmente innecesaria.
Un segundo punto de diferencias políticas se encuentra en la explicitación de transformaciones estratégicas sobre el sistema educacional. Estas, que han sido motivo de debate durante años en nuestra fuerza, están ausentes o en segundo plano en la propuesta. Clausurar este debate a través del documento presentado, tratando términos como la desmercantilización de manera reducida al campo de las reformas, sin referirse a cómo esto debe necesariamente contemplar una transformación completa del sistema educacional (no sólo de las universidades) desmantelando las lógicas que lo sustentan como la competencia, la formación de capital humano y la segregación por mencionar algunos, es descafeinar una demanda con profundo sentido ideológico, dejándola indefensa ante la cooptación.
Finalmente, si bien el documento presentado a la Ministra se habla de la necesidad de un pacto social por la educación, una maniobra impulsada por el movimiento de una de las principales voceras de la Confech, por muy legítimo que sea que las organizaciones políticas tengan iniciativa propia, pone en riesgo las relaciones con el resto de los actores del movimiento si no se toma en cuenta la valoración que se hace de los contenidos y formas. Esto lleva a rechazo dentro de los mismos espacios donde nuestra fuerza tiene presencia, como por ejemplo universidades privadas, donde hemos impulsado una política de lucha por la constitución de comunidades universitarias capaces de disputar el control democrático de las instituciones, en miras de asegurar que cumplan con un rol público, lo que fue llamado como nacionalización de las universidades, completamente distinto es lo que se impulsa en la propuesta al MINEDUC.
Las diferencias existentes son mucho más que de forma, no se trata pues de que unos luchan por lo educacional y los otros son electoralistas, el compromiso por la lucha educacional siempre ha estado de manera transversal en nuestra fuerza, pero con miradas políticas distintas, que intentaron converger pero mostraron diferencias en varios puntos, no sólo en educación. La resolución de nuestros problemas orgánicos – y dicho sea de paso, de cualquier orgánica emergente – debe ser en función de salir fortalecidos con un instrumento capaz de impulsar la política comprometida con el movimiento educacional y el protagonismo de las fuerzas sociales. Tenemos certeza de que en esta tarea nos encontraremos tanto con otros actores de la lucha educacional como con aquellos y aquellas que desde otras luchas persiguen un horizonte estratégico común.
Jorge Rauld González, Presidente FEPUCV, Encargado Nacional Izquierda Autónoma Estudiantil, Frente Educacional Izquierda Autónoma.
Nataly Campusano, Presidenta federación UNAB Viña del Mar, Militante Izquierda Autónoma.
Pamela Contreras, Presidenta FEUM, Militante Izquierda Autónoma.
Karla Huerta, Consejera Territorial de Sociales-Teología PUC. Militante Izquierda Autónoma.
Christian Páez, Consejero Académico UAH, Militante Izquierda Autónoma.
Diego Iturra, Presidente Facultad de Ingeniería y Ciencias UFRO, Militante Izquierda Autónoma.
