La ratificación del modelo (o el olvido de la reforma)

El proyecto de Reforma de la Educación Superior presentado la semana pasada por el gobierno, no sólo peca de insuficiente, sino que constituye una consolidación –envuelta en una maraña leguleya- del modelo instalado por la dictadura y continuado por los gobiernos posteriores al retorno de la democracia.

Según lo que la presidente Bachelet indicó en cadena nacional, para la elaboración del proyecto el ministerio habría consultado y recogido las voces de todos los sectores implicados de modo que, después de casi treinta meses de intenso trabajo, se estaba en condiciones de presentar al parlamento y al país un plan para reformar consensuadamente la Educación Superior en Chile. De acuerdo a ello se podría pensar en el resultado de ese trabajo como un proyecto polifónico inclusivo donde se armonizaban diversos criterios e intereses en torno a la ES. Sin embargo, al poco tiempo luego de su difusión, opiniones poco favorables han sido expresadas desde los más variados sectores. De ahí que algunos han colegido que el problema es que, en su afán por dejar a todos contentos, el proyecto hizo tantas concesiones que terminó por no satisfacer a nadie.

Pero no es así. Sabemos que algunos, pero no todos, fueron escuchados. El Mineduc trabajó desde el inicio de la presidencia de Bachelet en un proyecto donde no sólo no se invitó a participar a actores relevantes sino que ni siquiera se entregaron luces respecto de la marcha del proceso, aun cuando hubo peticiones en ese sentido desde diversos organismos. El problema mayor es que los que no fueron oídos fueron precisamente aquellos que solicitaban y esperaban una verdadera reforma: los estudiantes que iniciaron la demanda por la educación “pública, gratuita y de calidad” y los representantes de las universidades estatales, que después de más de treinta años de ejercicio de la ley orgánica de 1981, que las despojó y desmembró, han terminado por perder su condición de públicas obligadas a sobrevivir bajo el régimen del autofinanciamiento.

Lo que se propone, de una manera alambicada y ambigua, expresada en 300 artículos, es una regulación del modelo vigente la que se supone ejercerá un control sobre todas las instituciones de ES en términos de aseguramiento de la calidad y control sobre el lucro. Sin embargo, esta regulación en lugar de apuntar hacia aquellas entidades que más regulación requieren, las instituciones privadas, está orientada, como una forma de control obscena, sobre las universidades estatales por medio de una intervención en sus formas de gobierno y una disminución gradual de los ya paupérrimos aportes basales, por medio de la insistencia en las políticas de gratuidad. Las universidades estatales –que son las únicas que pueden llamarse públicas ya que es su misión garantizar el ejercicio del pluralismo y el pensamiento crítico-, se ven amenazadas en su autonomía. Pero una amenaza aún más grande radica en la cuestión del financiamiento del Estado que en lugar de ser recibido por sus instituciones será repartido entre las instituciones privadas y la banca, la que además sigue obteniendo réditos gracias al crédito que tendrán que seguir pagando las familias chilenas.

En medio de esto, resulta por lo menos curioso escuchar o leer a las autoridades de algunas universidades privadas hacer reclamos respecto a una supuesta posición desventajosa respecto de las universidades del Estado. En cualquier otro punto del planeta ese reclamo se consideraría insólito o incluso delirante: ¿en qué universo paralelo el Estado financia al sistema privado? Más encima cuando se trata de reclamos hechos en el nombre de la amplia cobertura que ofrecen comparada con la limitada matrícula que pueden ofrecer las instituciones estatales. El hecho es que el motivo por el cual la mayor parte de los estudiantes de la ES sean parte de las universidades privadas y sólo el 15% a las estatales, tiene su origen en el desmembramiento y el abandono que el Estado en Dictadura ocasionó a sus propias instituciones, abandono que ha perdurado por décadas y que hoy no hace más que ratificarse.

Ahora, en lugar de proponer una verdadera reforma, en lugar de fortalecer, o más bien recobrar la educación pública que alguna vez tuvimos, por medio del otorgamiento de fondos que les permitieran a las instituciones estatales mejorar su infraestructura, su cuerpo académico y funcionario para así poder expandir la matrícula para acoger alumnos vulnerables, el gobierno no hace otra cosa que profundizar, mediante el actual proyecto, en el desmejoramiento de las universidades estatales y con ello las inhabilita para poder ejercer verdaderamente su función de universidad pública. Una universidad pública es una comunidad compuesta por académicos, estudiantes y profesionales que tiene por misión la producción, transmisión y difusión integrada del conocimiento y que pone esta misión al servicio del bien común. En una universidad pública un 50%, del financiamiento debería ser otorgado con fondos públicos. No es su función la generación de fondos ni la prestación de servicios al sector privado para poder auto sustentarse.

Con un financiamiento apropiado y justo, la universidad pública podría acoger una mayor matrícula para ofrecer educación gratuita y de calidad a nuestros jóvenes (previa modificación del actual sistema de admisión), pero por sobre todas las cosas, las instituciones podrían abocarse a lo que realmente les corresponde en su rol de públicas. En una universidad pública la producción o generación de conocimiento se desarrolla de manera libre y autónoma por lo cual se precisa que la comunidad tenga al pluralismo como uno de sus valores fundamentales. Eso significa que cualquier sesgo confesional, ideológico o de cualquier otro tipo no puede determinar las orientaciones generales de la universidad, aunque sí puede estar dentro de la diversidad de visiones. Esto permite a la universidad aportar al país con la investigación científica y tecnológica además de ejercer, desde las humanidades y las artes, como la conciencia de la sociedad, como su dispositivo crítico. Eso es algo que precisa estar garantizado por el Estado. El conocimiento generado al interior de la Universidad constituye un bien público y debe ponerse al servicio de la sociedad mediante la extensión, la investigación y los servicios prestados al Estado. Eso es lo que debería constituir el fundamento de los aportes basales del Estado a sus instituciones. El financiamiento mediante gratuidad a las instituciones privadas no puede justificarse sólo mediante la acreditación, ya que la misma, por mucho que aparezcan en el proyecto los entes reguladores y fiscalizadores como el Consejo de Aseguramiento de la Calidad y la Superintendencia de ES, no garantiza necesariamente que las funciones ejercidas cumplan con los criterios propios de una universidad que merezca llamarse como tal. La constitución y el modo de composición de tales entidades y los criterios a ser utilizados para acreditar no son claros o bien se asumen como evidentes, basándose en lo que ahora existe, lo cual es bastante deficiente por cuanto se apoya en estándares homogéneos y normativos que no reconocen, por ejemplo, las diferencias entre disciplinas.

El actual proyecto de Reforma a la Educación Superior confirma el temor que detectábamos a partir del secretismo con que fue elaborado. Es un proyecto que de reforma no tiene nada; no es más que un marco regulatorio que valida el emprendimiento privado, que desestima el valor de la educación como bien social, que no resuelve el problema de endeudamiento estudiantil, que no reconoce el valor de lo público, que favorece a los grupos económicos nacionales e internacionales que han visto en la educación un bien de consumo, en otras palabras, un modelo que navega en la dirección opuesta a una “educación pública, gratuita y de calidad”.