Formación ciudadana en el currículum escolar: Riesgos y posibilidades

El pasado 22 de Enero el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos con apoyo transversal del espectro político. La nueva ley considera el diseño e implementación de un Plan en todos los establecimientos educacionales del país y compromete al Ministerio de Educación a presentar ante el Consejo Nacional de Educación un nuevo ramo de formación ciudadana para III° y IV° medio, que se implementará en nuestras escuelas a partir de 2019.

Para comenzar algo de contexto: La reforma curricular de los ’90, los Ajustes Curriculares de 2009 y las vigentes Bases Curriculares de 2012 y 2013 han ido incorporando formación ciudadana de forma transversal y como temática específica, especialmente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En este contexto cabe preguntarnos: ¿qué justifica la existencia de una nueva asignatura? ¿De qué manera dialogará la nueva asignatura con los saberes ya existentes? ¿Cómo se asegurará una efectiva progresión de aprendizajes?

A partir de estas preguntas, propongo discutir un conjunto de riesgos y posibilidades que este cambios comporta al currículum, las escuelas y sus actores.

Respecto de los riesgos, primero, frente a cualquier innovación curricular es imperioso preguntarse a costa de “qué” o “quiénes” se realizará esta nueva asignatura. El riesgo del “qué” dice relación con cuáles otras asignaturas serán sacrificadas en su presencialidad para dar cabida a esta nueva. Temor no infundado, puesto que nuestra historia curricular guarda ejemplos concretos acerca de cómo ciertas áreas del saber han quedado subsumidas en otras (Geografía y Educación Cívica) o reducidas en sus horas (como el caso de Música, Artes, Historia y Filosofía). Un riesgo que además comporta aspectos de integración, articulación, continuidad y progresión de saberes en un curriculum en plena implementación.

La pregunta por el “quiénes”, por cierto, no será menor. La pugna por las horas de clases no solo se juega en el campo del currículum, sino en el salario de los docentes y en la consagración de campos de saber de primera, segunda y tercera categoría.

Segundo, la falta de información acerca del impacto de los cambios curriculares en los últimos años no nos permite asegurar que esta nueva incorporación responda a una necesidad formativa de nuestros estudiantes. El origen de este proyecto -más político que educativo-, no nos permite asegurar que responda efectivamente a un requerimiento educativo más que coyuntural o político.

Solo si analizamos los resultados de encuestas realizadas por el Injuv donde se muestra que los jóvenes participan más que antes, pero menos en ámbitos formales (como votar por ejemplo), o si consideramos el ascenso de grandes movimientos estudiantiles en la última década, nos muestra que no podemos asegurar que esto sea una relación entre el currículum escolar y el nivel de participación de los jóvenes en asuntos públicos. Sumémosle además que no contamos con un sistema de seguimiento curricular que nos provea de información acerca de los efectos de nuestro currículum en los estudiantes.

Tercero, uno de los argumentos para insistir en una mayor presencia de la formación ciudadana ha sido los deficientes resultados obtenidos en las últimas mediciones de la prueba internacional ICSS (1999 y 2009). Sin embargo, este test se centra fundamentalmente en el conocimiento cívico. Es decir, cuánto saben los niños y jóvenes acerca de estas materias.

Desde mi perspectiva, el riesgo aquí es de orden epistemológico: refiere a la forma en que comprenderemos un saber que no es en sí mismo una disciplina (en tanto no es puramente Ciencia Política). Es a la vez un saber conceptual (la ciudadanía y lo cívico) como un hacer (ser ciudadanos conscientes y empoderados), pero sobretodo un convivir que supera ampliamente a los tradicionales derechos de primera generación.

Cuarto, es necesario preguntarnos qué docentes formarán a los ciudadanos en esta nueva asignatura. Si bien quienes parecen ser los más idóneos son los profesores de Historia y Geografía (que en algunos casos incorporan las Ciencias Sociales y la Educación Cívica), la pregunta que debemos hacernos es: ¿están preparados estos docentes para la enseñanza y el aprendizaje de estas específicas temáticas? La respuesta aquí no es clara, pero basta con analizar las mallas curriculares de la mayoría de las carreras que forman a estos docentes para comprobar el nivel secundario que estas temáticas ocupan en su formación profesional.

Pero también este cambio nos presenta oportunidades

Primero, que el Plan aspire a democratizar las relaciones en la escuela podría impulsar un debate más amplio acerca de lo que hemos considerado como currículum, es decir, aquello que los estudiantes tienen opciones de aprender en la escuela a través de los saberes incluidos en el texto curricular. Esta nueva experiencia podría significar al mismo tiempo una reflexión acerca de qué se aprende y cómo se aprende; reconectar los saberes con la vida misma y promover el compromiso ético, dejar de pensar que lo que se aprende es neutral, objetivo y carente de historicidad.

Segundo, la predominancia de la formación ciudadana, pero sobre todo de los Derechos Humanos, podría significar una oportunidad de dar voz a sujetos y temáticas que no han tenido o no tienen voz en el espacio escolar, como es el caso de memoria histórica. Es una posibilidad de borrar del imaginario la idea de ciudadano cuando se cumplen 18 años y se accede a deberes y derechos cívicos.

Tercero, la importancia de la distinción entre la adquisición de saberes y la aplicación de los mismos (la clásica distancia entre teoría y práctica) ofrece una oportunidad sin precedentes. La alta cantidad de temas, habilidades y actitudes en formación ciudadana presentes en el currículum deben ser consideradas a la hora de crear una nueva asignatura que no puede basar su existencia en reiterar los mismos. Aquí el desafío es mayúsculo para el Ministerio de Educación y el diseño curricular, sobretodo si consideramos que el concepto “emprendimiento” tiene la misma importancia que el de “derechos” en el actual currículum.

Por último, una mayor presencia en la formación de los sujetos de la dimensión ciudadana es una oportunidad para discutir en serio y más allá de lo meramente legal (derechos y deberes garantizados por ley) nuestra visión de ciudadano. Esto podría significar un paso importante para recuperar lo que Humberto Maturana nos ha insistido: nuestro proyecto país. La configuración del ciudadano debe invitarnos a abandonar las visiones tradicionales (liberales) y conectarnos con miradas mas comunitarias, dónde todo sujeto además de poseer libertades y obligaciones se le reconozcan espacios efectivos de participación y deliberación.

Pero para que estas oportunidades se concreticen es necesario un cambio, que pasa por, entre otras cosas, ampliar nuestra mirada del saber y el currículum, atravesar la relaciones sociales al interior de la escuela y fuera de ella, y específicamente implica comprender que el ser ciudadano es más que esa nostálgica visión que muchos tienen acerca de una educación cívica, olvidando que el contexto político, social y cultural era otro y que ser ciudadanos al interior de nuestra cotidianeidad neoliberal es una tarea titánica.