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Opinión

Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a honorarios del Estado: Por la recuperación del servicio público

Por: Sebastián Valdebenito Pedrero | Publicado: 24.07.2016
Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a honorarios del Estado: Por la recuperación del servicio público HONORarios |
En los últimos 30 años, a espaldas de la sociedad, se ha consolidado el desconocimiento de la relación laboral que establece el Estado con sus funcionarios, haciendo pasar por accidentales y transitorias funciones habituales y permanentes, generando inseguridad, desprotección y malestar en el servicio público, precarizando y mermando la calidad y sentido de la función pública.

A partir de las reformas estructurales que tuvieron lugar en Chile en la década de los ‘70, la estructura orgánica del Estado sufre modificaciones radicales que afectan a la sociedad en su conjunto[i]. Bajo la inspiración de políticas de carácter neoliberal, y con el impulso de organismos internacionales en un contexto de crisis económica, la dictadura cívico militar reestructuró el Estado volviéndolo subsidiario: disminuye su tamaño, adopta políticas de liberalización de los mercados, privatiza empresas públicas, externaliza y/o municipaliza sus políticas sociales, y suprime la mayoría de los derechos sindicales existentes al inicio del régimen[ii].

En lo que respecta al servicio civil, la reestructuración, profundizada y consolidada en la década de los 90 y siglo XXI, generó categorías de trabajadores estatales que se distinguen en sus derechos, precarizaciones, niveles y formas de organización. Si bien cada sector estatal tiene estatutos particulares que reglamentan sus funcionamientos (publicados en dictadura y vigentes a la fecha), todos mantienen patrones similares en lo que respecta a sus formas de contratación: cargos de planta (permanentes), cargos de contrata (transitorios), servicios a honorario (accidentales), y contratos regulados por el código del trabajo. En el gobierno central (lo que excluye al sector municipal), de acuerdo a la Dirección de Presupuesto, el año 2014 se identificaron 85.085 trabajadores de planta, 138.672 a contrata y 4.112 trabajadores afectos al Código del Trabajo[iii], por su parte, el Servicio de Impuestos Internos, sin considerar el nivel municipal, contabiliza en 196.722 los trabajadores que emitieron boletas a honorarios al Estado[iv]. Es así como sólo en el nivel central del Estado, se mantendría una relación contractual atípica con un 46,3% de sus trabajadores.

La precariedad laboral e informalidad en el Estado han sido invisibilizadas por los indicadores internacionales que evalúan el servicio público, y si bien han sido identificadas como problemáticos por organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)[v], se ha argumentado la falta de información como una limitante para dimensionar y caracterizar la problemática. En ese sentido, la expresión “una revolución silenciosa”, utilizada para caracterizar las reformas de la administración pública en Latinoamérica en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cobra un sentido revelador[vi]. En los últimos 30 años, a espaldas de la sociedad, se ha consolidado el desconocimiento de la relación laboral que establece el Estado con sus funcionarios, haciendo pasar por accidentales y transitorias funciones habituales y permanentes, generando inseguridad, desprotección y malestar en el servicio público, precarizando y mermando la calidad y sentido de la función pública[vii].

Para impugnar dicha realidad, los trabajadores a honorarios de Municipios, Hospitales, Consultorios, Ministerios, Gobiernos Regionales, y Universidades se han organizado. A partir de su Congreso Fundacional en noviembre del año 2014, la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE), congregando a más de 80 sindicatos a nivel nacional, ha luchado por la dignificación del servicio público[viii]. Desde distintas realidades, se ha levantado la bandera de lucha de la reforma estructural, es decir, la superación de los estatutos administrativos protegidos desde la dictadura[ix].

De forma simultánea, otras organizaciones dependientes del Estado se han constituido para denunciar la precarización de sus condiciones laborales, visibilizando la forma en que ello afecta el desarrollo de nuestro país: los investigadores de Ciencia Sin Contrato[x], la Coordinadora Interregional de Trabajadorxs del Área Social[xi], y más recientemente la Coordinadora de Trabajadorxs de los Dispositivos de Violencia Contra la Mujer (VCM), del ex Servicio Nacional de la Mujer y actual Ministerios de la Mujer y Equidad de Género[xii].

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos seríamos más de 300 mil los trabajadores que boletean al Estado en todos sus niveles, contabilización que no considera los trabajadores subcontratados por el Estado. De este universo una cantidad creciente se ha organizado sin ninguna protección sindical, poniendo en riesgo su seguridad laboral, y restringiendo en muchos casos su libertad y autonomía al criterio de sus jefaturas. En lo que respecta a la UNTTHE, en dos años hemos perdido dirigencias fundamentales para nuestra organización, viéndose golpeado el movimiento nacional en su conjunto, y particularmente sus sindicatos, algunos de los cuales no pudieron recuperarse de estas prácticas antisindicales.

En momentos como el actual, donde la situación de una compañera, dirigente nacional de la UNTTHE, y presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Hospital del Carmen, ve amenazada su fuente laboral, se vuelve imperativo un llamado a la solidaridad y a la defensa de los derechos de los trabajadores. La Ministra del Trabajo y Previsión Social, acompañada por su dos Subsecretarios y respectivo equipo asesor, en reunión con la dirigencia nacional de la UNTTHE en octubre del año 2014, indicó que tomaría acciones para garantizar la libertad sindical de los trabajadores a honorarios del Estado organizados. Las organizaciones sindicales, en junto conjunto con la ciudadanía, debemos generar conciencia respecto a las implicancias que tiene la precarización, externalización y privatización del servicio público, y particularmente la ausencia de libertad sindical. Debemos exigir al Gobierno que actúe con celeridad para garantizar los derechos fundamentales de todo trabajador, tal cual lo ha comprometido en los convenios internacionales que ha suscrito y ratificado ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT)[xiii]

La estabilidad, seguridad e identificación del servidor público con su labor es un paso fundamental para mejorar la calidad de servicios básicos que debiesen ser de acceso igualitario para todos los habitantes de nuestro país. Mientras el Estado mantenga su carácter subsidiario, siendo identificado como el “peor empleador” incluso por la deslegitimada clase política[xiv], no lograremos avanzar en los desafíos que como sociedad hemos levantando en los últimos años.

[i] Moulian, T (2002). Chile Actual. Anatomía de un mito. Tercera Edición. Santiago de Chile: LOM.

[ii] Ffrench-Davis, R (2014). Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Quinta edición. Santiago de Chile: JC SÁEZ.

[iii] DIPRES (2015). Estadísticas de Recursos Humanos del Sector Público 2005-2014. Santiago de Chile: Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/572/articles-140439_doc_pdf.pdf

[iv] Valdebenito Pedrero, S (30 Marzo 2016). Informe Técnico para la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado. Estudios Nueva Economía. Disponible en http://www.estudiosnuevaeconomia.cl/informes/

[v]  CEPAL (2014). Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/37223-panorama-la-gestion-publica-america-latina-caribe

Tokman, V. E. (2007). Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en http://www.cepal.org/es/publicaciones/6135-informalidad-inseguridad-y-cohesion-social-en-america-latina

[vi] Inter-American Development Bank (2007). The State of State Reform in Latin America. Washington, DC: Inter-American Development Bank. Disponible en https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6642

[vii]Arredondo, F. (Agosto 2015). Los trabajadores a honorarios como una arista de la modernización del Estado. Santiago de Chile: Cuaderno de Coyuntura. Número 9. Edición Invierno. Fundación Nodo XXI. Disponible en http://www.nodoxxi.cl/wp-content/uploads/CC9_02.pdf

[viii] http://www.cut.cl/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2610:2014-12-03-13-59-06&catid=293:nacionales&Itemid=542

[ix] http://ciperchile.cl/2016/01/15/falsos-honorarios-hacia-una-reforma-estructural-en-las-formas-de-contratacion-del-estado/

[x]http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/06/659-633284-9-rebelion-cientifica.shtml

[xi] http://www.carpacontralaprecarizacion.cl/citas.pdf

[xii] http://elpinguino.com/noticia/2016/07/06/funcionarias-del-centro-de-la-mujer-de-punta-arenas-adhirieron-a-movilizacion-nacional

https://www.youtube.com/watch?v=WFV4UNyo1kk&feature=youtu.be

[xiii] http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang–es/index.htm

[xiv] https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=10854%20&prmTIPO=TEXTOSESION pgs.10;28;29;30;37;39;42

Sebastián Valdebenito Pedrero