Chile: Estado racista

El conflicto mapuche es una realidad histórica que se hace carne en niños, mujeres, hombres y ancianos de distintas comunidades, principalmente en las regiones de la Araucanía, Bío Bío y Los Ríos. El manejo que los gobiernos han dado a esta tensión social ha sido de indolencia, soberbia y mediocridad.

El representante de la jefa de gobierno en la Araucanía, Andrés Jouannet, indicó en diciembre de 2015 que “no existe conflicto Mapuche”, invisibilizando así, el mayor problema político que corroe nuestra historia. Entendiendo esto, no sorprende que el aparataje discursivo de los que controlan y legitiman medios de coerción intenten disfrazar un homicidio frustrado en un accidente, como lo hizo el general jefe de la Novena Zona Policial de Carabineros, Christian Franzani, ante el crimen perpetrado contra Brandon Hernández Huentecol.

Cada cierto tiempo, logra permear en los medios de comunicación algún caso de alto impacto social, ya sea por la brutalidad de los actos, o encubrir otras agendas o las potenciales ventajas electorales que ven en ello políticos oportunistas. Sea como fuere, por lo antes nombrado se reinstala en la discusión pública la relación asimétrica entre el Estado y los pueblos indígenas.

Ante esto, la canalización de una salida alternativa al conflicto mapuche debe ser mediante el entendimiento y respeto mutuo. Jorge Aillapán, abogado e investigador del Centro de Estudios Mapuche “Rümtun” sostiene los siguientes ejes a modo de propuesta.

Primero, el Estado chileno debe abandonar su trato racista e, incluso, paternalista con los pueblos indígenas para avanzar hacia un sistema de justicia plurinacional; segundo, el derecho colonialista/imperialista chileno perpetúa la subyugación del Ad Mapu o leyes y preceptos que regían la sociedad mapuche. Para avanzar hacia el multiculturalismo es imprescindible la conformación, reconstrucción o reorganización de los mecanismos jurídicos ancestrales, y tercero, se debe convenir un nuevo estándar internacional de Derechos Humanos que sea respetuoso de la cosmovisión indígena -evitando en todo momento caer en un “pluralismo jurídico de subordinación”- y que incluya al mapuche rural y citadino.

En el momento en que los tribunales de justicia chilenos se excusan de resolver disputas entre comunidades indígenas o se apuran en aplicar medidas cautelares a comuneros mapuche, todo el discurso de “reconocimiento y respeto de los derechos humanos” se diluye, transformando a Chile en un Estado racista.