Reformas al sistema escolar: balance e inicio de un nuevo ciclo de políticas educacionales

Iniciándose el último año escolar de esta administración, es momento propicio para realizar una evaluación de los avances y pendientes en materia de política educacional para la educación escolar. Con el ánimo de sintetizar un proceso que ha sido amplio, sistémico y por tanto altamente complejo, podríamos decir que son 6 los cambios principales que está viviendo o vivirá el sistema educativo regular y que deben permitirnos modificar y mejorar la práctica y experiencia educacional en los próximos años.

En primer lugar, el lucro dejará de ser un «motor» del sistema escolar. Este cambio, impulsado fundamentalmente por el movimiento estudiantil desde el año 2006, es el paso clave para conseguir que sea el aprendizaje y bienestar de los estudiantes la principal motivación que movilice a los distintos agentes educacionales. No hemos ha sabido celebrar ni valorar lo suficiente esta profunda transformación, que representa un triunfo en el sentido y orientación de la educación obligatoria. Después de tanto anuncio de fin del mundo durante la discusión de la ley de inclusión, ya cerca de 900 establecimientos correspondientes a casi 800 sostenedores han pasado a constituirse en instituciones sin fines de lucro, número que crecerá sustantivamente desde este año debido a los plazos establecidos en la legislación.

En segundo lugar, la educación escolar no sólo será obligatoria sino también completamente gratuita (exceptuando el 7% de colegios privados pagados que habrá que repensar y regular en los próximos años). La capacidad de pago de las familias ya no será un factor en el acceso ni la permanencia en el sistema escolar financiado por el Estado. Con este cambio se corrige uno de los principales errores de los gobiernos de la Concertación en educación (la creación del financiamiento compartido) y se ataca uno de los más documentados factores que ha influido en la segregación social de nuestro sistema. Ya para este año 2017, más del 80% del sistema escolar (2,6 millones de estudiantes aproximadamente) funcionará bajo régimen de gratuidad fruto del cambio provocado por la Ley de Inclusión.

En tercer término, desde el año 2017 asistirá a clases la primera generación de estudiantes bajo un sistema de admisión equitativo y no discriminatorio, que garantiza que todos los niños tengan el mismo derecho de ingresar a cualquiera de los colegios que financia el Estado. Este cambio, junto al fin del financiamiento compartido, aportará mayor diversidad a la experiencia escolar y a través de esa vía proveerá a las nuevas generaciones muchas mejores oportunidades de desarrollarse y crecer valorando y respetando las diferencias. La admisión equitativa se pondrá en marcha este año en 4 regiones, que se sumarán a la pionera Magallanes, cubriendo toda la matrícula regular del país en el proceso del año 2019.

El cuarto cambio que ya toma vida en el sistema educativo es la puesta en marcha de un conjunto de medidas que fortalecen la profesión docente. Podríamos detenernos en las diversas críticas y aspectos que seguro habrá que mejorar a esta importante reforma, pero lo cierto es que objetivamente se están mejorando las condiciones para el ejercicio de la docencia en nuestro país, lo que debemos asegurarnos redunde en también mejores oportunidades de aprendizaje. La todavía insuficiente pero importante mejora salarial para los profesionales de la educación, el aumento del tiempo no lectivo a un 35% (y a un 40% en casos de escuelas en contextos de mayor vulnerabilidad), las mayores exigencias para el ingreso a carreras de pedagogía y el hecho de que todas las escuelas deban diseñar y ejecutar un plan de desarrollo profesional para sus profesores, son cuatro aspectos concretos que comenzarán a impactar en el sistema este año 2017.

El quinto resultado relevante de las reformas impulsadas desde el 2014 es la creación de una nueva arquitectura institucional para la educación pública. Si bien ésta es todavía una transformación en peligro debido a la irresponsabilidad y poca prioridad que tanto Chile Vamos como algunos sectores de la Nueva Mayoría le han dado al proyecto, debiera primar la cordura y durante este 2017 aprobarse un diseño de desmunicipalización que dé el primer y más importante paso en esta materia: sacar a las escuelas y liceos de los desiguales y poco efectivos municipios. Si este proyecto no se aprueba en la actual administración, los programas presidenciales del Frente Amplio y la Nueva Mayoría (en una mínima señal de consistencia de esta última) debieran considerar su mejora y concreción para el período 2018-2021, pues la derecha ya ha sido clara en su mensaje de frenar a todo evento este indispensable cambio.

Finalmente, sin ser materia de ley, durante los últimos años se han también desarrollado varias otras políticas que apuntan a generar apoyos y condiciones para que las escuelas y liceos logren mejorar su calidad. Algunas medidas destacadas son en este plano han sido la revisión y actualización masiva de los proyectos educativos institucionales (PEI), el impulso y conformación de redes de mejoramiento escolar que ya comienzan a mostrar resultados interesantes, la creación de dos centros asociativos de liderazgo educativo, la significativa reducción de las pruebas estandarizadas (que descomprime el tiempo escolar y permite un mejor uso de la información disponible), por mencionar sólo algunas. Relevante también ha sido la ampliación de cobertura, la definición de un nuevo marco regulatorio y la creación de una nueva institucionalidad para la educación parvularia, pasos esenciales para avanzar en el camino hacia una educación inicial de calidad.

Más allá de que para algunos actores políticos o educacionales esta agenda de cambios suene todavía a revolución o “retroexcavadora”, lo cierto es que, revisadas en perspectiva histórica y comparada, lo que hacen es poner a nuestro sistema escolar en un nivel de condiciones y regulaciones básicas para que la calidad y equidad puedan desplegarse como todos esperamos. A pesar de su enorme complejidad y costo (no existe un esfuerzo de esta envergadura en ninguno de los gobiernos desde el regreso a la democracia), no hay en estas transformaciones ningún experimento o innovación aventurada, sino más bien una puesta al día con lo que está pasando hace ya un rato en todo el mundo desarrollado.

Por cierto, este proceso de cambios tiene puntos débiles y complejidades que tensionarán al sistema escolar. La excesiva burocratización de algunas nuevas y antiguas regulaciones (que sobrecargan la función docente y directiva), la desconfianza que varios de los cambios han generado en la base del sistema (justificada o no, la desconfianza existe y debe enfrentarse) y sobre todo, la presión que todas estas transformaciones ya están produciendo en la práctica y cultura escolar (el mejor ejemplo es el desafío pedagógico de atender a un aula más diversa que antes) nos obliga a mantener el foco de atención en las consecuencias – deseadas y no – de este nuevo marco de políticas y, sobre todo, en las necesidades de apoyo y acompañamiento de los actores de las comunidades educativas.

Con todo, qué duda cabe, las transformaciones en curso son completamente insuficientes para que el sistema escolar esté a la altura de lo que la sociedad está esperando de él. Como ha quedado en evidencia con los resultados de las pruebas internacionales (indicador limitado, pero mucho mejor para observar el desempeño absoluto y relativo de nuestros estudiantes que las pruebas SIMCE), la calidad de la educación chilena continúa transversalmente en deuda (en todos los niveles socioeconómicos y en todas las dependencias) y, luego de una etapa de avances significativos obtenidos en la década de los 2000, nuestro sistema entró a una fase de mejoramiento mucho más compleja y desafiante, que se expresa en el estancamiento generalizado que alcanzan sus resultados en las últimas evaluaciones y también en la insatisfacción ciudadana con la calidad de la educación en general.

En este escenario, la pregunta central que debiéramos hacernos es, ya cubiertos algunos problemas básicos en la organización de nuestro sistema educativo, ¿cómo continuar este ciclo de transformaciones, pasando desde estos cambios basales a otras reformas que permitan dar un salto sustantivo en la inclusión y calidad integral de nuestro sistema en los próximos años? La respuesta no es fácil para un país que sigue enfrentando un gran conjunto de desafíos en los más diversos ámbitos y espacios (educación técnica, de adultos, rural, intercultural, especial, etc.) y que además debe implementar los cambios en curso. Sin embargo, creo que es posible identificar 3 grandes ejes de trabajo transversales para orientar las transformaciones futuras.

En primer lugar, nuestro país requiere con urgencia una discusión nacional que tenga como resultado una redefinición del currículum (lo que la sociedad espera aprendan nuestros niños y jóvenes en la educación obligatoria), que permita mejorar la pertinencia e integralidad de los aprendizajes y capacidades que impulsaremos para las nuevas generaciones (para lo cual el cambio curricular en discusión para 3ero y 4to medio es una gran oportunidad). Esta redefinición debe realizarse a través de un proceso participativo, que vaya mucho más allá de los límites del MINEDUC y el Consejo Nacional de Educación (órgano colegiado pero estrecho para una definición de esta envergadura). El complemento indispensable de esta revisión del currículum es la transformación sustantiva del sistema de evaluación, que hasta el momento ha sido levantado desde una lógica de desconfianza hacia las comunidades, por sobre una visión de evaluación para el aprendizaje. Chile requiere urgentemente moverse hacia un modelo que efectivamente ponga el foco de la evaluación en el uso pedagógico que puedan darle los propios directivos y profesores y que deje de clasificar y sancionar a las escuelas a consecuencia de sus resultados en estas pruebas. Todo esto obliga a modificar la Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el foco de sus instituciones, para que sean un verdadero aporte al mejoramiento de las escuelas y liceos.

La segunda transformación prioritaria para los próximos años debe ser la creación y fortalecimiento de capacidades en los actores educaciones para enfrentar este nuevo estadio de nuestro desarrollo educacional. Necesitamos una reforma fundamental a la formación inicial docente (poniendo exigencias y permitiendo que sólo formen profesores aquellos que tienen la capacidad y creando dicha capacidad si es necesario a través de Institutos Pedagógicos Públicos en todas las regiones de Chile), pero también revolucionar el desarrollo profesional docente (implementando por ejemplo modelos de perfeccionamiento horizontal y colaborativos). Se requiere acá también una política integral de formación y carrera de los directivos escolares (del sector público y privado), que poco a poco han ido tomando un espacio en la agenda de políticas. Por último, el desarrollo de capacidades también debe abordarse a través del fomento de la colaboración sistemática entre centros educativos y del fortalecimiento de la institucionalidad pública que brinda apoyo a las escuelas.

Una última prioridad para los próximos años debe ser continuar con la eliminación de aquellos mecanismos de mercado que, como ha mostrado profusamente la evidencia disponible, son un lastre para el mejoramiento de la calidad y equidad en nuestro sistema educacional. Si bien la Ley de Inclusión avanza en esta dirección, sigue pendiente el cambio al sistema de financiamiento, que hoy es claramente incoherente con la noción de una educación que funciona como derecho. El financiamiento por alumno o “voucher” desfinancia a las escuelas más vulnerables y pequeñas, desfocaliza y desestabiliza el accionar de las comunidades educativas – que tienen que ocuparse de “competir” “conseguir” estudiantes – y además es profundamente ineficiente desde un punto de vista de la inversión educacional. Nuestro país está ya en condiciones de pasar a un modelo de financiamiento basal y directo de centros educativos (basado en la matrícula más que en la asistencia), que sea justo y entregue más recursos a las escuelas públicas y privadas que más apoyo requieren.

En un año en el que volveremos a poner atención en las propuestas y programas de los candidatos y candidatas presidenciales y al parlamento, es fundamental que exijamos que la discusión no se agote en las opciones de implementar las reformas ya aprobadas o de retroceder y frenar los cambios. Lo razonable más bien es pensar cuál es el nuevo ciclo de políticas que el país requiere en un escenario de implementación y consolidación de los cambios sustantivos que ya hemos descrito. Profundizar las transformaciones con foco en el mejoramiento de la calidad (para lo cual el desarrollo de capacidades es fundamental), pero continuando la tarea de consolidar a la educación como derecho, debiera ser el marco de actuación de todos quienes creemos en un sistema educativo más justo y de calidad integral.