Como si fuera poco: Hacienda le paga a las empresas los costos de las huelgas

En momentos en que distintos actores, desde el empresariado y el mundo político, y con el objeto de frenar iniciativas que miran al fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, como por ejemplo el proyecto de ley que rebaja la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales sin rebaja de remuneraciones, resulta necesario hacer un análisis del ejercicio del derecho a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, en nuestro país, y la forma en que el ordenamiento económico neoliberal interfieren en ello. Estableciendo privilegios a la parte más fuerte de la relación laboral, esto es, la empresa, lo que ha generado incentivos perversos para conspirar en contra la búsqueda de acuerdos entre las partes de dichos procesos de negociación.

En efecto, en el último tiempo hemos podido observar en el “mundo privado” el surgimiento de procesos de negociación colectiva emblemáticos por la unidad de los trabajadores, ejerciendo su derecho a la negociación colectiva y la huelga, la gran duración de estas y, a pesar de ello, encontrarse con una disposición ideológica por parte del empresariado destinada a dar una lección al movimiento sindical organizado, con un nulo ánimo de dialogo y disposición a buscar acuerdo con los trabajadores, soportando para ello extensas huelgas con gran número de trabajadores involucrados.

En efecto, en esta situación encontramos la huelga de los trabajadores de Call Center del Banco BCI, de Homecenter, y de Minera Escondida. En todas las cuales, y a pesar de la gran unidad de los trabajadores y la afectación en los procesos productivos de las respectivas empresas, fueron capaces de hacer frente a ellas como si sus procesos productivos no se vieran afectados en lo más mínimo y nunca tuvieron disposición al diálogo y la búsqueda de entendimiento.

Si bien es cierto que entre las causas de dicha postura empresarial se encuentra una posición ideológica, tendiente a dar lecciones y golpes a los trabajadores organizados, intentando dejar en claro que más allá de que en la nueva normativa laboral se establezca el derecho a huelga efectiva, tal herramienta no tendrá resultado, aprovechándose para ello el uso intensivo de prácticas antisindicales, y de la desidia de la autoridad política en no anticipar el conflicto y no buscar fórmulas de solución distintas a la empresarial de “poner de rodillas” a los trabajadores, y a la desidia de la autoridad administrativa para no sancionar dichas prácticas antisindicales, pero pareciera que sólo estos factores no bastan para explicar tal proceder.

Para lo anterior, basta tener a la vista el número y gravedad de las prácticas antisindicales que empleo por ej. El Banco BCI en la huelga de los trabajadores de Call Center, constatadas y sancionadas por los Tribunales Laborales, la practica antisindical encubierta en el caso de Minera Escondida la cual, frente a la huelga declarada y hecha efectiva por los trabajadores, prefiere el cierre de la mina al dialogo, y una campaña mediática tendiente criminalizar el movimiento y a demonizar públicamente las demandas de los trabajadores. Es así que, frente al legítimo ejercicio del derecho a huelga, la minera transnacional cierra la mina, criminaliza el movimiento y hace aparecer a los trabajadores como una jauría de privilegiados cuya única finalidad es obtener un bono de término de conflicto.

La realidad develó el engaño empresarial, y los trabajadores demostraron empíricamente que su lucha era por la mantención de sus derechos, la no discriminación entre trabajadores nuevos y antiguos, la violación pretendida por la empresa respecto de la normativa laboral de turnos y descansos, y el no pago de gratificaciones legales, de tal forma que llevados al extremo de sus posibilidades optaron por sus demandas históricas antes que el mentado bono de termino de conflictos. ¿Qué dirán ahora los promotores de tal engaño?

En todos estos casos, y a pesar de las prácticas antisindicales, los trabajadores afectaron significativamente la producción de las respectivas empresas, pero ni aun así estas tuvieron un incentivo para buscar el dialogo y el acuerdo con ellos. Mientras tanto los trabajadores, como consecuencia de la suspensión de la relación laboral que implica la huelga, debieron soportar no contar con sus remuneraciones y cotizaciones previsionales, e incluso recurrir a la deuda como mecanismo de subsistencia durante tal ausencia de remuneraciones.

Los agoreros del capital dirán que así son las reglas de juego, y que el trabajador que opta por la huelga debe soportar el costo de la misma. El problema está, en este aspecto, y como en muchos otros casos la cancha no es pareja y se inclina en favor de la parte más poderosa en la relación laboral que es la empresa.

En efecto, mientras los trabajadores dejaban de percibir sus remuneraciones y cotizaciones previsionales y se endeudaban, la patronal contaba con la tranquilidad, que en su caso los costos de la huelga no los pagaría la empresa, sino que, muy por el contrario, el Estado, y en último término todos los chilenos. Lo anterior queda evidentemente demostrado por el hecho de que todos y cada uno de los “costos” de las huelgas de las empresas, son cargados como costos en los respectivos ejercicios tributarios, rebajándolos de impuestos o generándoles créditos fiscales que en posteriores ejercicios serán rebajados, según sea el caso. De tal forma que, vía este privilegio tributario, que existe para la empresa, pero no para el trabajador, estas traspasan al Estado chileno los costos de la huelga, y es el Estado quien, en último término, paga las consecuencias económicas de la postura ideológica de negarse al dialogo como forma de solución de conflictos.

Llama la atención que la autoridad económica del gobierno, siempre dada a demonizar el derecho a huelga, no haga mención alguna a esta asimetría, y a estos privilegios tributarios con que cuenta el empresariado, para poder traspasar los costos de su negativa al dialogo a la sociedad chilena. Que omita que una de las causas principales de la supuesta “recesión técnica” en que entraría la economía chilena, se debe a la forma en que la gran empresa nacional y transnacional ha enfrentado los procesos de negociación colectiva, afectando la producción y cargando los costos de su postura ideológica a nuestro país.

Llama la atención que se guarde silencio ante el cierre de las faenas que realizó Escondida frente a la huelga de los trabajadores. ¿Por qué cierra la faena y no declara el lock out, que es el mecanismo que el Código Laboral de Pinochet les entrega? Más allá de la pintoresca tesis jurídica que levanto Escondida anunciando el lock out el día 35 de la huelga, oportunidad jurídicamente improcedente ya que en ese momento no se podía declarar. Este “error” esconde una razón más de fondo, y es el hecho de que declarado el lock out la empresa se debe hacer cargo de los costos laborales y económicos de la huelga, por el contrario, con el cierre de faenas traspasa estos costos al Estado chileno.

Lo anterior demuestra que más allá de la inequidad jurídica en que se encuentran los trabajadores para ejercer sus derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, nos encontramos frente a una inequidad económica en que los trabajadores deben soportar los costos de la huelga mientras las empresas son subsidiadas por el Estado, quien es en último término quien paga los costos de la empresa, cuestión que evidentemente Hacienda conoce o debiera conocer.

Estamos en época de balances de las empresas, en las que sus ejércitos de tributaristas hacen gala de su creatividad interpretativa, por lo que resultaría debelador investigar los balances del banco BCI, Homecenter y Escondida, para comprobar cómo estos cargan a los chilenos los costos de sus posturas dogmáticas de negarse a la negociación colectiva y a la mejora de las precarias condiciones laborales de los trabajadores.