Sename: Un reflejo de lo que somos como país

En este mes, donde se realizan diversos festejos y celebraciones en torno a la infancia, se hace necesario reflexionar acerca de cómo nos encontramos como país respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, que según el INE representan al 23 % de la población los niños y niñas menores de 15 años.

Ante la situación develada el 2016 con la muerte de Lissette Villa y el hilo de casos que ponen de manifiesto la constante vulneración de derechos de los niños y niñas que están a cargo del Estado por medio del Servicio Nacional de Menores (Sename), queda en evidencia cómo los mismos de siempre han logrado diseñar y construir instituciones “a medida”, las cuales han facilitado la entrega de recursos de todos los chilenos a diversos operadores políticos que no solo no cumplen con las funciones mínimas de responsabilidad social, sino que además ponen en riesgo su integridad y sus vidas. Específicamente el 2016 se destinaron cerca de 160 mil millones de pesos en subvención a Organismos Privados Colaboradores del Sename, sin contar con los resguardos necesarios para garantizar los derechos de sus beneficiarios. Todo indica que su real propósito sería convertir nuestros derechos en un bien de consumo.

El aparato estatal actual debe poder contar con procesos de fiscalización eficientes, para poder abarcar todas las aristas del desarrollo integral que debemos garantizar a nuestras futuras generaciones.

Queda en evidencia que el servicio que dice resguardar a los niños y sus derechos, Sename, no da abasto como organismo responsable de proteger y garantizar la “reparación” del derecho y, por supuesto, la reinserción de menores infractores. No solo por el presupuesto, que representa tan solo el 0.44 % del presupuesto estatal, sino también por falta de profesionales capacitados para atender todos los requerimientos que necesitan los niños y niñas.

Se ocupa la palabra “reparación”, como si nuestros niños y niñas fueran artefactos descompuestos que requieren cambiar una pieza por otra. Esta institución gubernamental no cuenta con un enfoque de derechos desde su forma de aplicar el lenguaje, menos aún en su forma de aplicar la política pública. Por otro lado, el Estado ha delegado la responsabilidad que tiene con los niños y niñas en organizaciones privadas de una forma carencial y asistencial. Este sistema subsidiario se ve graficado en un modelo de financiamiento que propicia la prolongada institucionalización.

Con respecto a la comisión investigadora del Congreso y a las declaraciones del diputado René Saffirio, el Gobierno habría realizado un fuerte lobby para detener la presentación de responsabilidades emanadas de dicho informe, ocultando de la opinión pública su vinculación con el negocio de la “reparación” (sí, otra vez este molesto concepto) y reinserción de nuestros niños , niñas y adolescentes.

Es necesario que como chilenos y chilenas nos hagamos cargo de esta realidad. El Sename es el reflejo de que nos hemos convertido en una sociedad individualista, consumista y competitiva. Tanto así que hasta con los niños más vulnerables se lucra. El guardar silencio nos hace cómplices de las 1.313 muertes que en su mayoría han quedado impunes. No sigamos viendo a estos niños como un estorbo, como un stock, son niños y niñas a los cuales su propia familia, amigos y cercanos alguna vez le dieron la espalda. El Estado como garante de derechos debe hacerse cargo de una forma digna y transparente.

Frente a estas problemáticas, se necesita la creación de una nueva política pública moderna y sensible ante los derechos de la niñez y la adolescencia, que procure el desarrollo integral y multisectorial. Generando además un cambio en el sistema actual de protección de menores, eliminando el modelo subsidiario y estableciendo claramente la responsabilidad de cada uno de nosotros los chilenos en construir un país con oportunidades para nuestros niños y niñas, donde exijamos al Estado disminuir la brecha de desigualdad, y que asuma su responsabilidad en la protección de nuestras niñas y niños.