Repensar la ANEF

Las continuas peleas y descalificaciones mutuas entre los dirigentes nacionales de ANEF son el reflejo de una crisis que hace tiempo sacude a la organización.  Cuyas principales causas, son:

El agotamiento del proyecto de la Concertación y/o Nueva Mayoría y la subordinación de las organizaciones sindicales a las direcciones de los partidos políticos en detrimento de la autonomía del movimiento sindical.

La declinación del liderazgo de las dirigencias tradicionales y el surgimiento de nuevos dirigentes con una visión crítica.

La ausencia de un proyecto estratégico para los trabajadores públicos que se traduce en la inexistencia de un programa de reivindicaciones coherente y que en algunos casos se limita a la aceptación absoluta de las indicaciones emanadas del gobierno de turno.

El estilo de liderazgo amateur de los actuales dirigentes que no han entendido las exigencias que el mundo actual impone a las organizaciones para el éxito de sus propósitos, obliga a definir las funciones, importancia, jerarquía y entregar la gestión a especialistas en las materias, sometiendo el conjunto al control democrático de los representantes electos. Teniendo en cuenta la máxima de Von Clausewitz que “la victoria en la guerra (conflicto) es el sometimiento de la voluntad del enemigo (contraparte)”

El no haber entendido la esencia de los problemas que realmente aquejan a los trabajadores públicos y como fueron evolucionando las prioridades en la medida que la acción de los gobiernos iba destruyendo la calidad del empleo público y la carrera funcionaria. Esta situación de desorden degeneró en la contratación indiscriminada de trabajadores a contrata y honorarios, contraviniendo lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, permitiendo que por esta vía los Servicios fueran capturados por pandillas políticas que los usaban como cajas pagadoras y bolsas de empleos para sus adeptos iniciándose, de esta manera, el proceso de balcanización de la administración pública teniendo como consecuencia que los funcionarios públicos, cuyos empleos relativizados, empezaron a depender de las voluntades de los jefes superiores e intermedios de cada Servicio, haciéndose vulnerables a presiones ilícitas que, finalmente,  terminaron afectando las finanzas de las entidades públicas con la consecuente seguidilla de escándalos de corrupción que han sacudido a la opinión pública.

El autoritarismo verticalista imperante en la ANEF y, en algunos casos, bullying contra las voces disidentes. Expresado en la fatal práctica de la lealtad a los caudillos sindicales y  la disciplina partidaria mal entendida han terminado ahogando toda expresión de creatividad.

Considerando el escenario de crisis y oportunidad: crisis porque llega al gobierno una coalición de partidos que representan intereses opuestos a los trabajadores, oportunidad porque en el parlamento se instala una diversidad que resquebraja la hegemonía neoliberal. Con la irrupción del Frente Amplio los partidos de la Nueva Mayoría por fin tienen competencia en el progresismo, por lo que a los parlamentarios de dicho bloque político les será más difícil traicionar a los trabajadores. Los tiempos del costo cero se terminaron.

La ANEF debe hacer un giro copernicano y definir lineamientos estratégicos que deben desembocar en un programa que considere la superación del neoliberalismo en el Estado y su sustitución por un nuevo paradigma bajo la premisa de un Estado más activo en economía, abandonando el rol subsidiario que se le ha asignado en la era neoliberal. Esto nos conduce a un Estado con mayor presencia económica y social, mayor tamaño y más capacidad de intervención.

Un Estado que debe ser activo, fiscalizador y cautelador de los derechos de los ciudadanos. Un Estado que  tenga como preocupación principal entregar igualdad de oportunidades ante la vida a todos los ciudadanos, independiente de su condición de origen.  Una sociedad de hombres y mujeres libres no puede sustentarse en las tremendas desigualdades existentes en el Chile de hoy.  Contrariamente a lo que dicen los neoliberales, la mayor amenaza a la libertad de los ciudadanos no es el Estado, máxime si este es democrático, sino los grandes grupos económicos que han secuestrado las riquezas nacionales y la propiedad de los ciudadanos, apropiándose del patrimonio nacional e inclusive de los fondos previsionales de los trabajadores, mediante el sistema de AFP, que  no constituye otra cosa que un robo organizado bajo formas legales de la propiedad de cada uno de nosotros. Un Estado post neoliberal debe asegurar relaciones más justas entre trabajadores y empleadores que permita a los primeros aumentar sus salarios. La lucha salarial es el único vehículo que permitirá a los trabajadores mejorar su posición. El mecanismo del crédito y el endeudamiento no es más que una trampa que a la larga cercena la libertad de los trabajadores.

Frente al caos y desorden del mercado debe existir un Estado que entregue a la sociedad estabilidad y seguridad. Por lo tanto, debe desterrarse la insensatez de pretender que el Estado funcione con los parámetros de la empresa privada. Para esta, lo principal es el lucro, en cambio para el Estado lo central es la aplicación de la ley y la protección de los ciudadanos en todos sus ámbitos. Dicho de otra manera, la eficiencia no puede ser pretexto para eludir la normativa. Es deseable que el Estado sea eficiente, pero nunca a costa de su principal obligación. Consecuente con lo anterior, el Estado requiere de una administración pública que sirva a sus fines por lo que el tema de las dotaciones de funcionarios públicos adquiere un carácter central: si el Estado representa la estabilidad, es menester que se eliminen todos los elementos de anarquía dentro de él partiendo por combatir la inestabilidad de sus funcionarios, ya que esta ha sido la principal causa de las tendencias entrópicas que han afectado a los servicios públicos. Seamos honestos, el hecho de reducir el número de trabajadores de planta y sustituirlo por trabajadores a contrata y honorarios ha permitido que inescrupulosos hayan entrado a saco en los servicios públicos utilizándolos para su propio beneficio y el de sus allegados. Este tipo de personajes se enfrentan a trabajadores sin derechos y por ende con una capacidad fiscalizadora reducida. Otro aspecto negativo de la precarización del empleo público, es la destrucción de la carrera funcionaria con la consiguiente pérdida de experiencia acumulada, factor que es indispensable en el desempeño eficiente de los servicios públicos.