La crisis del proteccionismo y la política de la infancia

Tras la revelación de la muerte de 1313 niños en el SENAME durante la década 2005-2016 y los más de 30 muertos durante este año, el Estado debe restituir a los infantes los derechos que les vulneró, reestructurando el marco jurídico proteccionista a partir de una política transversal de la infancia que verifique el ejercicio político de los derechos de los infantes, de lo contrario se repite el círculo vicioso del SENAME donde se buscaba proteger y recluir a sujetos “menores” en condiciones vulnerables, para convertirlos en objetos completamente vulnerados, aislados de sus redes de apoyo y amor, y despojados de su capacidad de actuar frente a las deplorables condiciones de los centros residenciales.

El reciente Acuerdo nacional por la infancia presentado por el gobierno busca reemplazar el SENAME por un servicio de protección y otro de reinserción para infractores, pero bajo el mismo principio de protección del SENAME. Contradicción o círculo vicioso que se manifiesta cuando al inicio del Acuerdo se reconoce: “la triste constatación de la desprotección en la que se encuentran muchos niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país, en especial aquellos bajo el sistema de protección de la infancia”. El Acuerdo visibiliza la incapacidad neoliberal para garantizar derechos fundamentales y enfrentar la crisis proteccionista, evadiendo así la responsabilidad de otorgar un rango constitucional al “interés superior del niño” (promulgado por la Convención de los Derechos del Niño y ratificado por Chile en 1989), postergando así una política de la infancia transversal, no encerrada en el poder judicial.

El informe de la ONU ha subrayado que el Estado chileno delega su obligación de garantizar los derechos a privados que no velan por estos y que son subsidiados por cantidad de niños recluidos y no por niños reinsertos, generando sobrecupo y precariedad constantes (inversamente proporcional a la corrupta ganancia de sus directorios). Así, los privados interpretan los derechos del niño como un regalo caritativo de los adultos y no como una exigencia jurídica. La misma situación ha sido analizada críticamente por Ranciére en ¿Quién es el sujeto de los derechos del hombre?, señalando que cuando se impone el consenso de que los derechos son demasiado abstractos para demostrarlos y verificarlos, estos se vuelven inútiles y se les renvían a los pobres como “derechos humanitarios” junto con medicamentos y ropas viejas. Del mismo modo, los derechos humanitarios de los niños no reconocen a un sujeto político “menor de edad” capaz de ejercer sus derechos y participar en las deliberaciones sobre el rumbo de su propia vida.

De este modo, cuando el gobierno convoca a instituciones de la sociedad civil a un Acuerdo nacional por la infancia que dista de las discusiones actuales sobre participación y protagonismo infantil, ¿no estamos reproduciendo la misma lógica de una sobreocupación adulta que prohíbe participar a los niños, justificándose en la necesidad de un “acuerdo nacional” entre adultos que los niños no están capacitados de entender?, ¿no es acaso sano y legítimo que los niños puedan expresar su “desacuerdo” frente al funcionamiento del SENAME y las vejaciones del Estado?, ¿no habría que comenzar escuchando a los principales afectados para construir una política de la infancia? Como señala Dori Laub: “El ‘no contarse’ de una historia sirve como perpetuación de su tiranía”, lo cual no sólo nos advierte de la necesidad de escuchar el testimonio de las víctimas (como si la posición de víctima extraída a posteriori de la categoría “abstracta” de sujeto de derecho fuese la central), sino de la necesidad de reestructurar las vías jurídicas de comunicación de los –sujetos de derecho– infantes con las instituciones de protección de la infancia.

Ahora bien, no sólo en el SENAME se han registrado apremios ilegítimos a niños: también en los allanamientos en la Araucanía, en las agresiones a estudiantes y en los elevados casos de abusos sexuales contra menores. En esta línea nos atreveríamos a decir que hay una continuidad en el posicionamiento político de la infancia que recorre de los “niños vulnerables” a los “niños privilegiados” (taxonomías con que actualmente se estudia la infancia y que exigen ser cuestionadas: ¿no es el niño privilegiado, una imagen a la medida del recelo adulto?). En ambos casos se trata de una edad subvalorada, de reclusión familiar o institucional y de exclusión política, que sólo aparece jurídicamente bajo dos figuras: el abandono y el delito.

Como constata la ONU, la ley de menores de 1967 que rige en Chile compromete “una visión tutelar del niño, donde prima la lógica paternalista y represiva del Estado”. Así por ejemplo, los jueces de familia aíslan al niño de su medio para destinarlo a la institución que ellos estimen conveniente. Esta lógica se replica en el Acuerdo, al considerar al Estado como organismo encargado de proteger a la familia y considerar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de modo que no hay trato político con el sujeto infante, sino un control vertical que va de la familia al Estado.

Y como el Estado, la sociedad sólo se relaciona con los niños por intermediación de los padres o tutores (contrapóngase a la estadística que demuestra que la mayor cantidad de abusos sexuales a niños se perpetran dentro de la familia o por adultos que ganan la confianza de los padres), posicionándolos como el Otro con el que la sociedad se protege o conserva, y al mismo tiempo, proyecta su porvenir. Parafraseando a Weil, el psicoanalista Jacques Lacan decía: “si supiésemos qué es lo que el avaro encierra en su cofrecillo, sabríamos mucho acerca del deseo”, y pareciera lo que se ha demostrado con la crisis del SENAME es que precisamente el cofrecillo que protegía el tesoro de la infancia se ha roto, quedando al descubierto que el infante no es un tesoro de inocencia aislado del goce y los mecanismos de sujeción adultocéntrica, sino un sujeto de deseo capaz de participar en el debate sobre lo común. Esto nos deja sin una posición social para incorporar el infante a la esfera privada de la sociedad, exigiéndonos una política de la infancia transversal que permita desnormalizar la reproducción del abuso y fortalecer el protagonismo histórico de los infantes.