Cotización obligatoria: Cronología de una derrota de las y los trabajadores

Como se habrán dado cuenta a estas alturas, la Operación Renta 2019 es diferente a las anteriores al no ofrecer la alternativa de renunciar a la cotización. “No es posible renunciar, pero puedes optar a cobertura parcial de 5% para Pensiones y Salud.”, dice la página. De esta forma las opciones quedan reducidas a ceder nuestra devolución parcial o totalmente.

Si bien para muchas personas esto ha sido una sorpresa, ya se había anunciado hace tiempo, principalmente desde los distintos sindicatos de trabajadoras y trabajadores a honorarios, quienes hace años venían advirtiendo de esta situación. Y es que la noticia realmente no es nueva. La reforma previsional aprobada el 2008, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, establecía que quienes trabajaban emitiendo boletas de honorarios deberían empezar a cotizar obligatoriamente. El objetivo era mejorar las pensiones, que como bien sabemos, son bajas por culpa de las y los trabajadores y nuestra “racionalidad limitada” que nos impide planificar en el largo plazo. En ningún caso el empleo precario o los bajos salarios. Todo muy neoliberal.

Pero la ley no comenzaría a regir obligatoriamente sino hasta la Operación Renta 2016. A partir del año 2013 existiría la posibilidad de renunciar voluntariamente a la cotización, que es lo que generalmente se ha hecho para recibir la devolución de impuestos completa. Y si estamos cotizando forzadamente ahora y no hace tres años es gracias a la lucha solitaria y silenciosa de múltiples sindicatos a honorarios que viendo lo que se venía se movilizaron el 2015, logrando torcerle la mano al segundo gobierno de Bachelet para conseguir una prórroga de la obligatoriedad (ley Nº 20.894 del 20 de noviembre del 2015).

Aquí es necesario detenerse porque los hechos no son arbitrarios ni espontáneos, tienen una historia. Y esta es la historia de una reforma destinada a inyectarle más fondos a las AFP y a las isapres. La historia de burocracias sindicales preocupadas de representar los intereses de su gobierno por sobre el de las y los trabajadores. En efecto, los sindicatos a honorarios no sólo se enfrentaron a la negativa del gobierno de Bachelet -el cual sólo cedió tras un intenso despliegue en la calle y el congreso-, sino que también debieron enfrentarse a la indiferencia de la ANEF, quienes jamás consideraron a las organizaciones de honorarios como interlocutores válidos, aún cuando éstos siempre pidieron un lugar en la Mesa del Sector Público. Tuvieron también que enfrentarse a la CUT, quien en lugar de fomentar la unidad del movimiento a honorarios sembró el divisionismo, haciendo que los sindicatos afines crearan un movimiento paralelo cuyo único objetivo era afiliarse a la cuestionada Central. Ya después, en la votación del 3 de enero del presente año, nos enteramos que también tuvieron en su contra a las y los diputados de Revolución Democrática, quienes votaron alineados con la derecha y el progresismo neoliberal los artículos 1° a 4° precisamente para forzar la cotización de las y los honorarios.

Este recuento no busca victimización sino relatar los hechos como fueron. Esta situación se advirtió el 2015 sin lograr mayor recepción ni mayor apoyo de quienes pudieron haber inclinado la balanza a nuestro favor y aun así se logró una prórroga de la obligatoriedad. Desde ese momento el gobierno de la Nueva Mayoría cerró sus puertas, asumiendo que ya habían cedido suficiente a la irracionalidad ultraizquierdista de las y los trabajadores. Cualquier dirigente sindical de esos años recordará que la entonces subsecretaria de previsión, Jeannette Jara (PC), defendía la cotización obligatoria, razón por la cual se negó a nuevas prórrogas, que fueron solicitadas los años 2016 y 2017.

Ya para el gobierno de Piñera el asunto estaba medio sellado y, pese a que no recibieron un proyecto de ley redactado, una nueva prórroga no cabía entre las posibilidades. De ahí lo que se pudo conseguir fue la gradualidad de la incorporación al sistema de salud y AFP y que el dinero se destinara prioritariamente a salud y seguros. Si hoy se puede optar por la “cobertura parcial”, es gracias a innumerables reuniones que se tuvieron como sindicatos de honorarios con el ministro del trabajo y la subsecretaría durante el 2018.

De esta forma termina de cerrarse para mal una historial larga, silenciada en buena parte de su desarrollo, gracias a los tremendos intereses financieros creados en torno a ella. Pero que no quepa duda: hoy se consolida el Estado neoliberal chileno, con una política pública cuyo único objetivo es golpear a las y los trabajadores a fin de aumentar las tasas de ganancias del gran capital. Cualquier persona que sostenga que un par de vouchers en educación pusieron fin al neoliberalismo falta a la verdad. Una de las principales características del Estado neoliberal es la creación de nuevos mercados para el capital, las trasferencias monetarias a éstos al tiempo en que se recorta el gasto social. David Harvey describe este fenómeno y lo denomina “acumulación por desposesión”, el cual no podría ser mejor explicado que a partir de la cotización obligatoria.