La reforma de salud y su letra chica

El pasado 22 de abril, en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer con bombos y platillos la “Reforma Integral a la Salud”, donde destacó el fortalecimiento de FONASA con más beneficios y menores costos para las familias y cambios en el sistema de salud privado, eliminando las discriminaciones y preexistencias, mejorando la protección y acabando la cautividad en las Isapres.

Suena alentador, ¿cierto?, pues lamento señalar lo contrario y desestimar en absoluto interés que el Ejecutivo debiese tener con todos y todas los chilenos/as. Esta no es una opinión antojadiza de nuestro Gremio a una reforma necesaria y urgente, ni se trata de oponerse a las iniciativas legislativas propuestas por el Gobierno de turno, sino que tiene que ver con realizar un análisis serio y objetivo, desde la realidad que se vive día a día en las atenciones de los distintos recintos hospitalarios del país.

A nuestro juicio, la presentación por parte del Gobierno de la Reforma a la Salud está lejos de ser “integral” (como su nombre lo indica), pues tiene un claro sesgo en abordar en mayor medida, el funcionamiento privado a través de las Isapres, que representan el 20% de la población por sobre el sistema público de Fonasa que es el 80% de los usuarios del sistema de salud. Cuestión que, además, tiene un claro impacto en la disminución de los recursos presupuestarios destinados a la atención pública, siendo los perjudicados directos los casi 14 millones de chilenos que hoy pertenecen a Fonasa, lo que se traduce en limitación de insumos, personal, infraestructura, sin dejar de mencionar la disminución de las listas de esperas existentes y las deudas hospitalarias.

Por su parte, el cuerpo legislativo que propone el Ejecutivo pone énfasis en la visión de la salud de los chilenos como un negocio, pues las Isapres seguirán aumentando sus utilidades gracias a los altos aportes de los usuarios a este sistema privado, pues si bien, en la propuesta de Reforma se menciona un Plan Único de Isapres, este no regula los precios, por lo tanto, las aseguradoras seguirán cobrando sus servicios según sus propios estándares y el derecho a movilidad de los cotizantes que la reforma menciona será entre los mismos privados. Y por otro lado, se promueve el traspaso de recursos públicos para realizar atenciones que no serían cubiertas por los recintos públicos, sin analizar que ese gasto fiscal podría mejorar la calidad de las atenciones hospitalarias.

También se plantea el término de la prexistencia como un gran avance en esta reforma, eliminado la declaración de salud, pero la “letra chica” indica que un usuario de Fonasa que se quiere cambiar al sistema privado, deberá pagar lo que cobre la Isapre, pero no tendrá derecho a este Plan de Salud Único, por lo que tendrá que realizar un copago que puede significar el doble de lo que le cuesta a un cotizante adscrito al sistema privado.

Podríamos seguir desglosando cada uno de los cuerpos legales de esta reforma, y nos encontraremos con muchas más incongruencias sobre qué tan “integral” es la propuesta. La esperanza que hoy nos queda es que los parlamentarios sean lo suficientemente capaces de analizar, cuestionar y proponer cambios reales que beneficie a la ciudadanía y no solo a los privados, que por décadas ha lucrado y han aumentando sus ganancias de forma grosera a costa de una necesidad tan básica como la salud.

Para avanzar en un sistema de salud “integral”, hay que promover el derecho a la salud de todas y todos mediante la creación de un sistema de Salud Público Universal, poniendo énfasis en la Atención Primaria, que es la base para la prevención de patologías en la población, entender el concepto de salud y enfermedad como un concepto colectivo y no individual, donde como sociedad nos hagamos cargo de nuestros enfermos y que no sea estos últimos quienes se tienen que preocupar y ocupar de sus padeceres, dependiendo del nivel de ingresos que cada uno tiene.