La salida

Aún no termina el último acto, todavía no se encienden las luces de la sala, pero ya anda un grupo buscando la puerta de salida. Esa pequeña franja política que habita cómodamente la institucionalidad desde hace muchos años, o desde hace pocos, se instala en el café de la esquina a idear desenlaces cuando la multitud protagoniza aun el tercer acto. Si la famosa salida emerge de esos reservados círculos, o por el contrario, se estructura desde el abajo múltiple que hoy protagoniza la democracia, va a ser una las cuestiones más importantes que definirán nuestro futuro.

Estamos, como es visible, ante una protesta contra ese orden social que conspicuamente Hayek llamaba “la sociedad abierta”, y que más allá de su verborrea pseudoliberal, dispone para una amplia mayoría un empobrecimiento creciente y concentra la riqueza y el poder en espacios tremendamente reducidos, promueve la destrucción privatizadora de toda forma de seguridad social y construye un amplio sometimiento de la sociedad al poder de las grandes empresas, que devienen modelos de socialización y centros de comando de prácticamente todos los ámbitos de la vida de la mayoría de la población, su educación, su salud, su alimentación, su vivienda, la forma en que se diseñan y producen los territorios, su información, y un largo etcétera. Junto a ello, y para ello, la gran sociedad de los neoliberales constriñe la política, transforma la democracia desde su interior desalojando las prácticas de la acción colectiva y comunitaria e instituyendo una especie de ciudadanía privatizada basada en criterios empresariales. Si aceptamos que estamos ante una movilización contra ese régimen, es importante colocarnos ante los distintos elementos que lo definen, porque es así que debe debatirse la cuestión de las salidas.

Pacto social es el nombre que recibe una de las ideas más repetida, que resulta cuando menos confusa. Primero porque es necesario subrayar que no estamos una situación que pueda describirse como la crisis de un pacto anterior, pues el régimen actual fue instalado de forma completamente autoritaria y descansa sobre cualquier cosa menos un pacto social (no hace falta ir a Rousseau para verlo), y segundo y principal, no supone un acuerdo, precisamente porque su instalación y funcionamiento consiste en la permanente supresión de toda situación democrática de la que pueda emerger algo parecido a un pacto social. El neoliberalismo corroe y disuelve la politización de los actores, vacía la democracia, desinstala la deliberación ciudadana y la ciudadanía toda, al punto que solo en sus estados de crisis se registran procesos, a decir verdad, acelerados y anómalos, de constitución de esos actores. La actual coyuntura es uno de esos procesos.

Eso es lo que comprendieron muy bien las cúpulas “democráticas” desde finales de los 80, que ante la dificultad –no imposibilidad, ojo– de fundar un nuevo pacto social como salida de la dictadura, optaron por esa alternativa restringida y autolegitimada en su realismo adaptativo, de la “democracia de los acuerdos”. Esto es, un acuerdo entre franjas de la elite presentado como pacto de toda la sociedad, que a corto andar, aun en la década de los 90, la sistemática pérdida de representatividad de su institucionalidad y su selecta membrecía, develaría la creciente autorreferencia de esas formas de la política y su vinculación orgánica con el régimen neoliberal. Puestos a hablar de pacto social, podemos decir que la Transición fue la salida de una situación autoritaria a la apuesta por una gobernabilidad sin acuerdo social. Eso fue cuestionado por las movilizaciones de 2006 y luego, con más claridad aun, por las de 2011-2012.

De modo que el tema es como mínimo problemático, y no debe ser despachado como consigna tan rápidamente. La idea de un nuevo pacto social debiera basarse, desde su inicio, en una crítica de la política posdictatorial y en la instalación de nuevas formas, caracterizadas principalmente por una redistribución del poder en la sociedad. Esa no es sin embargo una voz que hoy se escuche en los pasillos de la institucionalidad, que cuando invoca la acción de una oposición apresurada y acríticamente unificada, no propone mucho más que una reedición de la gobernabilidad de la transición. Más allá de buenas intenciones, más allá incluso de alguna que otra ingenuidad, pesan allí los sólidos sedimentos de la historia. No hay manera de destituir una forma de la política que primó por 30 años con las mismas fuerzas que le dieron origen y funcionamiento. Esas fuerzas no pueden entender la desembocadura del momento actual sino como la formulación, mediante la acción de expertos, de un paquete de reformas cuyos límites deben ser establecidos por las posibilidades de acuerdo con la derecha. Esta idea del nuevo pacto, de esa suerte, encarga la solución de la crisis a los opacos intramuros de la institucionalidad, haciendo omisión del amplio rechazo ciudadano que padecen instituciones como el Congreso y el sistema de partidos (sin que ello excluya por cierto al Frente Amplio), convirtiéndose en los hechos en un intento de domesticación de la potencia destituyente.

De nuevo, si aceptamos que estamos ante la más amplia y profunda movilización que ha enfrentado el modelo desde su instauración en dictadura, debemos comprender que la situación actual no agota su potencia en la persistente movilización de estos días, pues ella es principalmente una apertura. Lo que anuncia el 18 de octubre, y se delinea luego con más claridad a partir del 25, es una aceleración y profundización de la crisis política que instala por primera vez la posibilidad de una situación constituyente. Viceversa, no hay una situación constituyente efectiva, con la profundidad que ella necesita, si la salida de la revuelta clausura o debilita sus energías fundacionales. Aquellas convocatorias al nuevo pacto, sincronizadas con el reloj que por tres décadas marcó el ritmo de las relaciones entre ejecutivo y Congreso, podrán ser en lo inmediato productivas en la instalación de algunos logotipos y cabezas parlantes, podrán instalar “agendas cortas” y negociaciones de apariencia dialogante, pero operarán, por encima de todo, ya no una salida, sino un cierre.

Un cierre cuyas consecuencias más negativas se inscribirían en el orden de lo político, es decir, en las posibilidades de construcción y proyección de actores múltiples, capaces de avanzar en un proceso constituyente con capacidad política y capacidad programática para afrontar las tareas de la organización, debate, colectivización de propuestas, el desplazamiento de la hegemonía y la propuesta de nuevos modos de vida, la redefinición de la institucionalidad, la delineación del tipo de sociedad que queremos construir. La salida está entonces una vez más allí donde conduce la puerta de salida, en la calle. No hay en este momento un mejor lugar, más activo, con más claridad, con una multiplicidad de actores más representativa de lo que requiere el momento constituyente. La movilización es todo lo contrario a la clausura, es la persistencia de la apertura que desencadenó el 18 de octubre. El cauce que puede dirigirla no está arriba, ya no hay un arriba posible, sino en la organización del proceso constituyente, en los cabildos, es decir, en la construcción de una fuerza orgánica diversa y amplia que reclame el lugar de la fundación de un nuevo trayecto de nuestra historia. Ninguna salida, ningún acuerdo, ningún procedimiento ni formalismo institucional debe producir en el poder constituyente una reducción respecto del poder destituyente, o dicho de otro modo, el poder constituyente debe residir en los actores populares organizados y participantes. Solo si la amplitud y heterogeneidad de la movilización, solo si su habla desordenada y sus anhelos diversos no resultan vencidos por las restricciones verticalistas de la razón institucional, el proceso constituyente podrá convertirse en el lugar de lo común y coincidir con la construcción de un modelo de sociedad diferente.