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Opinión

Del ayer al hoy: la lucha de las locas del 73 sigue vigente

Por: Emilia Schneider Videla y Rodrigo Mallea Cardemil | Publicado: 30.04.2020
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¿Cuánto hemos avanzado desde entonces a la fecha? ¿somos libres de ser, amar y expresarnos libremente las disidencias sexuales? ¿somos ciudadanes como el resto? ¿titulares de derechos plenos? Ante estas complejas interrogantes hay un consenso general: seguimos siendo ciudadanes de segunda (¡o tercera!) clase. Las tasas de violencia y crímenes de odio aumentan y aún no hay una respuesta por parte del Estado frente a las problemáticas de parte de nuestra comunidad (y de la sociedad en general) que vive con VIH/SIDA.

Han pasado 47 años de una fecha ineludible para la memoria del activismo y organización de las disidencias sexuales: el 22 de abril de 1973. Testimonios de activistas de la época cuentan que ese día se congregaron en la Plaza de Armas de Santiago un grupo de homosexuales y travestis exigiendo el fin a la violencia policial y derechos civiles, reivindicando sobre todo la libertad para vivir sus identidades en el espacio público, ante la brutal criminalización de aquel entonces. Este hito marca las primeras protestas LGBITQ+ en la historia de Chile, siendo esas locas pioneras para abrir el camino de lucha que transitamos hoy, pues sus dolores, demandas y anhelos siguen plenamente vigentes.

Si bien durante el gobierno de la Unidad Popular, contexto en el cual ocurre esta histórica protesta, la situación era compleja y violenta, en Dictadura la cosa fue peor. Los testimonios son claros; la clandestinidad seguía siendo la norma, los militares cometieron actos de humillación, violencia e incluso asesinatos contra quienes expresaban una orientación sexual o identidad de género diversa, viéndose afectadas de forma más brutal la población trans/travesti y, al igual que la militancia política, la orientación sexual y la identidad de género eran motivos para agravar los castigos y abusos que se daban en las cárceles. Otro ejemplo claro de la violación a los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ en la Dictadura es lo ocurrido con la crisis del VIH/SIDA dentro del país; en 1984 falleció la primera persona notificada con el virus en Chile, hecho que fue titulado por La Tercera como: “Murió paciente del Cáncer Gay chileno”, haciendo una irresponsable omisión de una problemática que treinta años después nos sitúa como uno de los diez países en el mundo en donde más aumenta el virus.

¿Cuánto hemos avanzado desde entonces a la fecha? ¿somos libres de ser, amar y expresarnos libremente las disidencias sexuales? ¿somos ciudadanes como el resto? ¿titulares de derechos plenos? Ante estas complejas interrogantes hay un consenso general: seguimos siendo ciudadanes de segunda (¡o tercera!) clase. Las tasas de violencia y crímenes de odio aumentan y aún no hay una respuesta por parte del Estado frente a las problemáticas de parte de nuestra comunidad (y de la sociedad en general) que vive con VIH/SIDA. Los mismos adjetivos y descalificaciones que recibieron les manifestantes en ese entonces -”maricones” “flet@s” y un largo etcétera- siguen siendo pan de cada día.

Con el paso del tiempo la diversidad sexual organizada comienza a tener mayor espacio y visibilidad. Activistas siguieron saliendo a las calles sin miedo a alzar la voz por la igualdad y nociones incipientes de derechos LGBTIQ+ en Chile. Se instaló a nivel transversal la “inclusión” como una noción positiva y necesaria. Pero sectores conservadores y empresariales también se hicieron parte de esta visibilidad, aprovechando un nicho de consumo en las mismas diversidades. El arcoiris de orgullo que se había creado para resistir a la exclusión era el nuevo símbolo del llamado “capitalismo gay” o “capitalismo rosa”, es decir, la agregación de las diversidades sexuales a la economía de mercado, asociado generalmente a un estereotipo de hombre gay, cisgénero, blanco, occidental y de clase media-alta.

En la transición, se imponen como conducción del activismo LGBTIQ+ los grupos más liberales descritos anteriormente, pasando a estar en el centro de la agenda pública la demanda por el matrimonio igualitario. En vez de carnavales revolucionarios, performance y consignas, año a año las movilizaciones en las calles eran tomadas por carros de marcas, marketing, rostros televisivos y las mismas voces de siempre. Sin embargo, el avance que habíamos conquistado todes al visibilizarnos con cada vez más fuerza también permitió espacios de resistencia, que con fuerza denuncian los brutales asesinatos de Daniel Zamudio, Nicole Saavedra, Ana Villarroel, Mariel Franco y tantas otras personas que han sido borradas y olvidadas, sin rostros ni nombres.

Pese a todo, han sido posibles significativos avances por el trabajo constante de activistas y organizaciones contemporáneas que pasarán a la historia, porque a nosotres no nos han regalado nada. Un ejemplo de ello es la Ley Antidiscriminación, también llamada Ley Zamudio, que busca proteger a grupos de la población susceptibles de ser discriminades, como diversidades sexuales en todo su espectro. Sin embargo, probar un acto discriminatorio es difícil, y la ley no otorga suficientes facilidades. Además, la posibilidad de obtener una indemnización como medida de reparación queda limitada a un monto menor a 50 UF y a beneficio fiscal. Otro ejemplo de la recepción incompleta de demandas sociales es la Ley de Identidad de Género, como resultado de la reivindicación por el fin de la patologización y judicialización de cambios registrales para personas trans. Lamentablemente, esta ley, que ha tenido severos problemas en su implementación, excluye a la infancia trans, siendo aplicable solo a mayores de 14 años. Nuevamente, por culpa de los límites que ponen los conservadores de siempre, vemos que los cambios en Chile son “en la medida de lo posible” y faltan muchos derechos y mucha justicia que conquistar.

En los últimos años hemos avanzado en articular nuestras voces y nuestras luchas, encontrándonos más allá de los márgenes que impone el activismo tradicional, llegando a importantes consensos en la defensa por la igualdad y no discriminación, pero también por la dignidad laboral, la educación no sexista y educación sexual integral en todos sus niveles, pedagogías inclusivas, los derechos filiativos, cupo laboral y cupo educativo trans, democracia feminista y disidente. Ese es el programa que reivindicamos en este nuevo 22 de abril, el mismo que salimos con fuerza a defender el año pasado y durante la revuelta de octubre de 2019, porque las disidencias sexuales estuvimos presentes y bien lo simboliza la bandera trans que flameó durante meses en Plaza de la Dignidad. Esperamos todos estos aprendizajes cambien nuestras formas de organizarnos y movilizarnos de aquí en adelante, porque las viejas y tradicionales conducciones no dan para más.

Hoy en plena crisis del Covid y mañana en la disputa de una nueva Constitución, seremos parte activa de la disputa por una vida digna, la misma dignidad que merecemos todas las personas solo por el hecho de ser y existir. Somos parte del espacio público y de las calles que exigen una transformación del sistema. Seremos parte de ese cambio y de esa transformación. Hasta que se pueda vivir dignamente y sin miedo, la revolución será disidente o no será.

Emilia Schneider Videla y Rodrigo Mallea Cardemil