La legítima protesta contra el hambre

Nuestro pueblo hace frente a la pandemia y la crisis económica más agudas del último siglo, las cuales debemos sobrellevar con un modelo de sociedad profundamente desigual e injusto, donde el Estado sostiene el negocio de unos pocos y se ausenta de garantizar derechos fundamentales para la inmensa mayoría.

Como si lo anterior fuera poco, desde el oficialismo y sectores neoliberales fuera del gobierno nos llaman a unirnos tras las medidas de un gobierno que entrega millonarios recursos a los bancos para minimizar sus “riesgos”, a la vez que autoriza despidos masivos y la “suspensión” del pago de salarios para trabajadores de las grandes empresas.

Las consecuencias son catastróficas: cerca de 1 millón y medio de personas han dejado de percibir ingresos total o parcialmente, esto sin contemplar a quienes se desempeñan de manera informal y no han podido retomar sus actividades.

“Las cuarentenas provocan hambre y miseria”, transmite el gobierno a través del ministro Mañalich, justificando de esta brutal manera no haber decretado el confinamiento a tiempo y, lo que es peor, negando la existencia de alternativas que aseguren hambre cero en el país.

Sin ir más lejos, un grupo de parlamentarios liderados por la diputada Karol Cariola solicitaron al gobierno hacer propia la propuesta de un impuesto del 2,5% a la riqueza ociosa (que no “crea empleos”) de los súper ricos para así resolver una renta básica de emergencia por sobre la línea de la pobreza consistente de $420.000 por 6 meses para las familias más pobres, lo que beneficiaría a más de 4 millones de personas.

No han querido escuchar esta y otras propuestas por una simple razón: no sólo pretenden sostener los principios del neoliberalismo, sino que resguardan desesperadamente las riquezas que este modelo ha permitido acumular por más de 30 años a un puñado de antisociales que hoy acumulan cerca del 30% de los recursos del país.

El gobierno ha dejado sin alternativa a quienes desobedecen la cuarentena para conseguir ingresos, levantan ollas comunes o protestan para exigir medidas que aseguren que nadie en Chile pase hambre. No se oponen a la cuarentena, sino que, al contrario, a la indiferencia de un gobierno que por resguardar las cuantiosas riquezas de unos pocos es incapaz de garantizar que las y los más pobres puedan percibir los ingresos necesarios para vivir bajo una cuarentena.

¿Qué camino institucional tiene el pueblo para resolver la hambruna que pesa sobre nuestras familias? Lamentablemente, ninguno mientras el gobierno y sectores colaboradores a este no sean obligados a proceder conforme a las necesidades de una mayoría empobrecida que se haga escuchar.

Nos acusarán, como ya lo han hecho, de forzar el resurgimiento de las protestas en el país y descuidar con ello las medidas sanitarias. No nos amedrentan, pues tenemos muy claro que es el hambre el que convoca a las calles y ninguna cuarentena funcionará sin alimentos ni calefacción.

La protesta es legítima, necesaria y le corresponde tanto a quien padece hambre, a quienes están expuestos a padecerla, como también a quienes son capaces de sentir como propio el flagelo que viven centenares de miles de personas en el país. Actuemos, solidaricemos y generemos las condiciones sanitarias para que nuestros instrumentos de lucha resguarden el profundo amor por la vida que nos motiva.