El Rey ayuda a sus amigos (Segunda Parte)

Un 5 de mayo de 1789 comenzaron a llegar los delegados al palacio de Versalles. Los había convocado el Rey para encontrar una solución de consenso (el término fue otro, pero la idea era la misma) a la grave crisis económica, social e incluso alimentaria que afectaba al reino.

231 años más tarde, el soberano de esta suerte de monarquía presidencialista que rige nuestro país ha recurrido a un gesto similar. Ha convocado a los “chilenos de buena voluntad” y la respuesta está a la vista de todos. Con reticencias de un lado y entusiasmo del otro, los representantes de la aristocracia financiera, el clero biempensante admirador de Cristián Warnken y, por último, el tercer estado o estado llano (un surtido de caldillo vagamente denominado “izquierda”) ha terminado sumándose a esta noble instancia de deliberación “transversal” y representativa.

Un poco de contexto. El ministro de Hacienda de este Reino de Chile, formado en la escuela francesa y, por tanto, fiel al estilo versallesco, ha desplegado sus buenos oficios para no comprometer el tesoro público en aventuras populistas. Total, es la banca la que debe suministrar el crédito y son los súbditos quienes deben apretarse el cinturón.

Podría seguir así, en tono de sátira, pero lo que está sucediendo con la decisiones y proyectos de ley del área económica es demasiado grave. Grave y penoso.

Un sólo botón de muestra. El proyecto de ley ingresado por el ministro de las bufandas de colores a la Cámara de Diputados el 4 de junio pasado (mensaje N° 073-368) es otra permutación del mismo guion: que los costos de esta debacle sanitaria, económica y social los pague la gente. La justificación es que los mercados financieros “no han estado exentos de los efectos de la crisis” (¿en serio?) y que es necesario ayudar a los inversionistas a no incurrir en “incumplimientos regulatorios involuntarios” (eufemismo para no decir delito). Hay que ayudar también a las empresas a conseguir financiamiento, “siendo necesario por tanto agilizar y hacer más expeditos los procesos de emisión de títulos de deuda en el mercado de valores”.

Pero la frase tremebunda viene después: hay que permitir “a los Fondos de Pensiones ampliar el espectro de instrumentos financieros en los que puedan invertir, permitiendo que puedan hacerlo en títulos de deuda no inscritos”.

El fraseo no sólo es alarmante por su pobre nivel gramatical. El contenido manifiesto es que vivimos en tiempos difíciles, pero el contenido latente, como diría Freud, afirma que para salir adelante habrá que recurrir a los ahorros del estado llano (usted, yo, todos los que no somos ni clero ni aristocracia) secuestrados hace años por los fondos de pensión que la propia aristocracia administra en su propio beneficio.

Ojo, que esos fondos no se invertirán en mejorar las escuelas públicas, los caminos y la conectividad rural, o la mitigación de la sequía que afecta a los pequeños agricultores, sino en “activos alternativos” y en “títulos de deuda no inscritos”. Otro eufemismo para no decir lo que son: “activos ultra riesgosos con rentabilidades volátiles”

Según el equipo del ministro de Hacienda, esto permitirá “una mayor diversificación y la oportunidad de alcanzar mejores combinaciones de riesgo retorno”.

Es tan mula el proyecto del ministro de las bufandas de colores que las alarmas se encendieron en antros tan marxistas como El Mercurio. Entrevistadas ayer por este medio, fuentes del mercado financiero hablan con nombre y apellido de bonos basura, deuda tóxica y recuerdan el bullado caso Inverlink de hace algunos años (ver: https://www.elmercurio.com/inversiones/noticias/analisis/2020/06/08/la-alerta-sobre-la-nueva-opcion-de-compra-que-abrio-el-gobierno-a-las-afp.aspx).

El proyecto fue ingresado con suma urgencia y pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, en primer trámite constitucional. Está en manos de los senadores Coloma (UDI), García Ruminot (RN), Lagos Weber (PPD), Montes (PS) y Pizarro (DC). La crème de la crème.

Los diputados y senadores de nuestro tercer estado, por supuesto, no son los de 1789, los que cuando el Rey no los dejó ingresar, armaron su propia asamblea soberana jurando no disolverse hasta darle al país una nueva Constitución. No están los tiempos.

La sola idea de legislar lo permanente (las bases del sistema financiero) bajo la presión de lo transitorio (pandemia y crisis económica) debiera ser rechazada de plano. Es la línea argumental de Juan Sutil y de la Confederación de Producción y Comercio, que preside, para oponerse al aumento de impuestos a los más ricos. Sin embargo, cabe esperar todo lo contrario: que este proyecto impresentable forme parte de la negociación de nuestros Estados Generales, el “gran acuerdo nacional” convocado por el monarca Sebastián (Segunda Parte) para terminar su mandato y volver a sus dominios particulares.