Sueldo mínimo: reajuste de la vergüenza

Tres días después del contundente triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional, el Congreso dio el visto bueno al indigno reajuste de $ 6.000 al sueldo mínimo que el Ejecutivo puso sobre la mesa tras una miserable negociación con la oposición que logró subirlo $ 4.500 desde los $ 1.500 iniciales. Esta contradicción, en el marco de una sociedad que pretende construir un modelo de mayor justicia social, ha ocasionado “vergüenza” en los parlamentarios de oposición que, tras un largo e infructuoso tira y afloja, terminaron cediendo ante un gobierno incapaz de leer el momento histórico que vive el país.

Quienes ganamos el mínimo, sabemos que se trata de un sueldo que a duras penas alcanza para un kilo de pan, el transporte público, el arriendo de una habitación pequeña y el pago de leyes sociales. Es tan paupérrimo, que una familia promedio de 4 personas que subsiste con este ingreso queda a $ 129.710 por debajo de la línea de la pobreza y, aunque se habla de no estresar las cifras ni al mercado, para lograr aquello se traslada el estrés a quienes menos pueden soportarlo, a la gente común que sobrevive en base a deudas interminables (las mismas que se pagaron con el retiro del 10%). Más aún, se instala un reajuste sin debate alguno, desconociendo los criterios necesarios para ponderar el costo de vida o el nivel general de los salarios y, desde luego, omitiendo la opinión de las organizaciones sindicales. Una política a la medida de los mismos de siempre, desconectada del valor real del trabajo.

Lo que tenemos en Chile es la defensa de un modelo vergonzosamente inequitativo que supedita la dignidad a la estabilidad del mercado, en donde autoridades que ganan entre 21 y 27 sueldos mínimos (parlamentarios y ministros) se pelean por un guarismo y no para construir una política social. En este sistema reproductor de la desigualdad, que sólo un 21% del país quiere mantener, con un Estado profundamente subsidiario, ha sido el fisco quien ha complementado los bajos ingresos del país a través de políticas como el Ingreso Mínimo Garantizado que, aun costando un ojo de la cara (a lo menos US$ 600 millones en 3 años), tampoco propone una mejora estructural de las condiciones salariales. Esto es muy llamativo, pues los mismos recursos (e incluso menos), focalizados por un periodo acotado en las Pymes (que aparecen como la gran piedra de tope en la discusión) permitirían la planificación de un aumento progresivo que en el mediano plazo nos permitiera alcanzar un sueldo mínimo de más de $ 565.000 brutos, superando la línea de la pobreza proyectada para los próximos dos años. Una política como ésta, acompañada de formas de negociación colectiva multinivel por sobre la empresa y con verdadera libertad sindical, nos presenta un panorama que se condice con el relato de justicia social que millones han demandado en las calles y, ahora, en las urnas.

Sin embargo, mientras los empresarios se vistan de gobierno, mientras los grandes grupos económicos se disfracen de Pymes, y mientras como movimiento sindical no tomemos el problema del valor del trabajo como una prioridad máxima, seguirá habiendo reajustes vergonzosos: menores al mínimo de la decencia.