Piñera-Briones: Presupuesto aterrador

La obsesión por el dinero es algo que siempre me ha llamado la atención. Por deformación profesional, tengo la tendencia a tratar de explicarme este fenómeno desde el punto de vista de la psicología. No tengo las distinciones necesarias para analizarlo desde el punto de vista de las ciencias sociales; sin embargo, pienso que desde sus orígenes, el dinero es una entelequia contrapuesta a la “cuestión social”.

Como bien afirma el psicoanalista mexicano Raúl Páramo: “Una organización social, un sistema económico que convierte el dinero (..) en poder supremo, disloca radicalmente la realidad.”.

Eso es precisamente lo que yo veo en esta propuesta del presidente para la ley de presupuestos 2021 que requiere nuestros votos: una dislocación de la realidad. Es decir, quiere poner la realidad en otro lugar, cambiarla de sitio. Y cuando hablo de realidad, tengo muy claro que hay tantas realidades como personas habitan la tierra. Sin embargo, aquí me refiero a aquella que dice relación con las prioridades comunitarias de los ciudadanos a los cuales, por definición y esencia, se debe el estado.  Aquellas materias de orden social, de bien común.

En esa lógica el martes 29 de septiembre el presidente Piñera dio a conocer los grandes ejes del presupuesto para el año 2021. El foco, según dijo, estaría puesto en la reactivación del empleo y la recuperación económica del país y, como era de esperarse y a pesar de no esperar ya nada de él, aun así, nos decepciona. La infaltable letra chica como reflejo de su “astucia” no podía faltar.

El presupuesto de la nación es -por naturaleza- la traducción en dinero de los objetivos estratégicos que tiene en mente quien ejerce la primera magistratura. Por una cuestión de ética política, esos objetivos estratégicos deberían estar en relación con las promesas presidenciales.

Y las promesas del presidente -las cuales están escritas hasta el día de hoy en su página web- fueron básicamente las que a continuación enumero y que citaré textual para despejar de antemano cualquier posible duda:

1. Mejor salud, vivienda, cuidados, trabajo e integración de los adultos mayores.
2. Tener una respuesta cierta para recuperar la salud y para su financiamiento.
3. Término del CAE y nuevo Sistema de Acceso Solidario a la Educación Superior.
4. Priorizar a los niños, niñas y adolescentes.
5. Duplicar nuestra capacidad de crecer y de crear empleos en los próximos 4 años.
6. Hacernos cargo de fortalecer a nuestra clase media.
7. Que las familias chilenas puedan mejorar su calidad de vida.
8. Avanzar en erradicar definitivamente la pobreza.
9. Avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades.
10. Proteger a nuestra clase media, entregándole herramientas para ampliar sus libertades y mitigando sus principales temores.

De las cuatro primeras, dos tienen que ver con la necesidad de mejorar la salud y las otras dos con la necesidad de mejorar la educación en lo que dice relación con acceso y calidad.

Las seis restantes son promesas destinadas a mejorar la calidad de vida de la clase media.

Sobre estas promesas el presidente firmó un contrato social que el pueblo de Chile ratificó en las urnas en Noviembre del 2017. Y los chilenos son personas con memoria.

Entonces, cuando la máxima autoridad rompe el contrato social no se le puede exigir a la contraparte un cumplimiento unilateral. Lamentablemente vimos cómo sus promesas de crecimiento se desmoronaron el primer año y medio, luego llegó el 18 de octubre 2019 y después la pandemia, pero esas no son disculpas, un estadista no se justifica en la mala suerte y los acontecimientos. Por el contrario, luego de las catástrofes siempre viene un período de reactivación y nosotros lo comenzamos a ver sobre todo empujado por el primer retiro del 10% de las AFP.

No se trata de suerte, porque Chile es un país y no un casino y en vez de suerte las personas tienen aspiraciones y derechos.

En su presentación de la ley de presupuesto 2021, el Presidente nos dice lo siguiente: “hicimos un inédito esfuerzo de priorización de gasto. Hace unos días lanzamos un masivo programa de subsidios al empleo para incentivar el regreso de trabajadores suspendidos y las nuevas contrataciones, que considera recursos por hasta US$ 2.000 millones”.

Lo que no dice es que esos 2.000 millones de dólares son un subsidio para los empleadores y no para los trabajadores. Algo así como un “bono empresarial para aquellos que tienen más”. Subsidio al empleo quiere decir que los empresarios recibirán dineros del estado para contratar trabajadores pagándoles menos dinero. O sea, y a modo de ejemplo: si un empresario necesita contratar un trabajador para lo cual tiene que pagarle 350 mil pesos mensuales, el estado le ayudará con 150 mil y por tanto él pagará sólo 200 mil. Resultado, el trabajador gana lo mismo y el empleador se ahorra el 43%.

Esto es un hecho muy sensible porque producto de la crisis mundial, en Chile se han perdido cerca de tres millones de empleos razón por la cual la cesantía alcanza niveles nunca vistos por esta generación de chilenos y chilenas, por eso que los titulares suenan como miel a nuestros oídos, hasta que leemos la letra chica.

El propio presidente reconoce que “en lo que va del año se han destruido alrededor de 1,8 millones de empleos” Por otra parte, la cuarentena más larga de que se tenga conocimiento, relegó a miles de familias a las paredes de sus habitaciones sin posibilidad alguna de salir a buscar el necesario sustento. Muchas de esas familias son parte de eso que eufemísticamente se conoce como clase media, de esas familias a las cuales el presidente hizo sus promesas. Sin embargo, esa ayuda consistió concretamente en lo siguiente: una caja de mercadería por un valor nominal de 35.000 pesos.

Algunos hogares tuvieron la fortuna de recibir dos cajas. A otros pocos se les autorizó por ley a cobrar su seguro de cesantía por “X” meses mientras duraba el período de congelamiento de su empleo, a otros se les hizo un préstamo por una sola vez a través del SII y finalmente a todos se les autorizó a retirar un 10% del dinero que tenían ahorrado para sus pensiones de vejez, “solución” que no debió salir de su propio bolsillo sino del estado.  Y como el chileno es una persona noble, honesta y cumple sus promesas, una enorme cantidad de esos dineros retirados la dedicaron íntegramente a pagar deudas morosas.

En pocas palabras, en los dos años y medio que el presidente lleva al frente del gobierno, la cesantía prácticamente se cuadruplicó, las deudas aumentaron, la calidad de vida disminuyó a niveles alarmantes, la pobreza creció y la clase trabajadora o clase media, se ve enfrentada a un nivel de incertidumbre y precariedad, solo comparable a países con un nivel de vida muy inferior al de Chile.

Y como hacer promesas es gratis, en esta ley de presupuesto, el presidente dice que “allegaremos más de US$ 1.000 millones para la salud, incluyendo fondos para la vacuna COVID-19 y para reducir las listas de espera”. Lo que no dice (letra chica), es que esos dineros van a la atención secundaria y terciaria reforzando además la compra de servicios lo que significa fortalecer el subsistema privado en desmedro del sector público. O sea, más dinero para los grandes empresarios de la salud.

Desafortunadamente y a pesar del alto costo en vidas de la pandemia, el Presidente no ha logrado entender que las principales herramientas para proteger la salud de la población en un contexto de pandemia son el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Todas ellas tienen relación directa con la atención primaria la cual sigue absolutamente subvalorada en el proyecto de ley de presupuesto, que no considera un reajuste real del monto per cápita para la salud municipalizada.

Sigamos. Su programa prometió priorizar a los niños, niñas y adolescentes. Pues bien, a ellos se les aumentan los recursos en un exiguo 3.3%. Mezquindad obscena, poesía bucólica de mala lírica.

Y como la letra chica es demasiada, la resumo: presupuesto para el ministerio de Desarrollo Social a ejecutar a través de municipios: 5 millones de dólares, Ministerio de Vivienda 50 millones de dólares, Ministerio de Educación 310 millones de dólares, Ministerio de la Mujer y Equidad de género 26 millones de dólares, Fondo Común Municipal, es decir el dinero que va como un subsidio a los municipios más pobres de Chile 68 millones de dólares, para los artistas de Chile, aquellos que nos entregaron ánimo y esperanza en los días más tristes de la pandemia, la preocupación del gobierno alcanza solo para crear un fondo concursable de $20 millones de dólares. Y como una manifestación más que elocuente de la preocupación del gobierno por el cuidado del Medio Ambiente, la propuesta de presupuesto le asigna a este ítem 0,44 millones de dólares.  En pocas palabras, para viviendas, municipalidades, medio ambiente, cultura, educación, mujeres, programas sociales se asigna en la ley de presupuesto un total de 480 millones de dólares. Por lo tanto, se entiende que el resto de los fondos de emergencia acordados con una parte de la oposición y que asciende a 12.000 millones de dólares será para apoyar los planes de recuperación empresarial, esto es ni más ni menos que 10.500 millones de dólares, o bien 11 veces más.

Si seguimos desmenuzando y en contraposición a lo señalado precedentemente, para los ministerios de interior y defensa existen 2.300 millones de dólares para comprar vehículos policiales, construir comisarias, habilitar comisarías y locales policiales. Creo que es correcto preguntarse para que guerra se está preparando el presidente.

Este presupuesto afecta directamente en las condiciones de vida de la “clase media”; afecta a nuestras Universidades, a nuestros colegios, a nuestros hospitales, a nuestros jardines infantiles y ni siquiera se salva la inteligencia nacional: “Tomamos la decisión de priorizar nuestras capacidades nacionales de investigación” dijo el ministro Couve justificando de esa forma la decisión del gobierno de suspender la convocatoria al programa de Becas Chile para el año 2021.

Y estas reflexiones no son ideológicas, son de simple sentido común, de análisis del presupuesto. El propio Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, señaló en El Mercurio: “si la investigación no se considera como una prioridad, estamos en un grave problema (…) ¿es que no hemos comprendido nada en esta pandemia?, ¿no hemos valorado el aporte de las universidades?, ¿no entendimos que la ciencia es clave?”.

En lo personal y tal como lo señalé hace unos días en un diario de la región, “me parece increíble y vergonzoso que el Ministro de Ciencia Andrés Couve, salga a decir por los medios que no habrá recursos para Becas de posgrado para estudiantes chilenos, mientras el presupuesto reactivador del presidente lo contempla por montones para la compra de implementos de guerra. No hay dinero para ciencia, para cultura, no hay dinero para financiar un ingreso mínimo de emergencia para las familias más necesitadas y afectadas por la crisis, pero sí hay dinero para comprar armas y vehículos policiales”.

Siendo inmoral la solución, hemos debido permitir que la gente recurra a sus propios ahorros para poder sobrevivir, sea a través del seguro de cesantía o del 10% de pensiones. Por lo mismo, resulta inaceptable que los dineros que se destinan para enfrentar la crisis se canalicen prioritariamente hacia los empresarios y no hacia los trabajadores y trabajadoras.

Por todas estas razones y porque cualquier fórmula de arreglo será solo variaciones sobre un mismo tema para poder conseguir su aprobación, rechazaré la mayoría de las partidas de este proyecto de ley de presupuesto. Puede que mi voto sea solo simbólico, pero los símbolos también ayudan a construir realidades y la que yo quiero construir, es distinta, se parece más a aquella que las personas dibujan con colores en las calles cada vez que se manifiestan exigiendo dignidad, fin a los abusos y respeto a sus derechos básicos.