Vivienda, el derecho humano olvidado

El reclamo por el derecho humano a la vivienda es uno de los más complejos en nuestro país. El peso del negocio inmobiliario, junto con la concepción del “sálvese quien pueda”, reinan cuando se habla de la demanda habitacional. Eso se nota en la ausencia de políticas gubernamentales de apoyo social, y ha llevado a que las personas más afectadas por la falta de una vivienda digna deban tomar medidas extremadamente arriesgadas, como las que vimos hace unos días en la rotonda Atenas.

El desplazamiento de la propiedad a la renta ha sido determinante en esto. El modelo de consumo y el aumento del crédito para la compra de bienes de primera necesidad, como alimentos o medicamentos, han alejado al 80% de la población de la posibilidad de adquirir un bien raíz. Son grandes capas de la gigantesca y extremadamente diversa “clase media” las que se han ido acostumbrando progresivamente a dejar de aspirar a ser dueños o dueñas de sus propias casas, y asumen ya con normalidad el vivir toda una vida arrendando. Y con esa resignación, viene la ácida mirada de “sí yo ya lo acepté, ¿por qué otros no?”.

La indiferencia crece entonces ante quienes aún demandan su derecho a la vivienda, olvidando en muchos casos que son personas cuyos ingresos familiares se verían consumidos completamente en un arriendo y pago de cuentas, y que no tienen capacidad de endeudamiento. Es decir, la miseria desplaza a la miseria. Un sistema que ha llevado a la precariedad a la clase media empuja a los más pobres al abismo y, entre mal y mal, crece la visión individualista, el egoísmo: la falta de apoyo y solidaridad ante las justas demandas.

Es necesario asegurar el derecho a la vivienda en la nueva Constitución, como un primer paso fundamental de un Nuevo Trato con el Estado, que nos permita hacernos cargo de los dos problemas. Para aquellos que no tengan deseos o posibilidad de comprar, hay que crear un programa a nivel de Estado, devolviéndoles la capacidad de emprendimiento, para que una constructora estatal se haga cargo de la creación de casas y departamentos sociales con perspectiva urbanista, y siempre vinculada con las comunidades.

En esa línea, también hay que resolver el problema de la vivienda en la clase media. La burbuja de precios de las propiedades no tiene ninguna relación con los ingresos promedio del país. El empuje al sobreendeudamiento es un negocio en sí, y no existe un sistema de Seguridad Social que permita hacerse cargo de contingencias reales, como lo mostró la pandemia este año. Es fundamental atacar la especulación financiera, y establecer límites que nos permitan dejar atrás la realidad actual de Chile, esa en que la misma Cámara Chilena de la Construcción (CChC) llegó a decir que una vivienda, especialmente en Santiago, es “severamente no alcanzable”, y en la que tan sólo en 8 años (2011 a 2019) el precio aumentó en un 67,8%, mientras que los ingresos de las personas sólo lo hicieron en un 24,7%.

El libre albedrío del mercado es algo insostenible que sólo beneficia a los mismos de siempre. Es uno de los grandes pilares del descontento social, motor de enormes desigualdades. El acceso a la vivienda no debe ser dejado en ese marco: hay que recordar que es un derecho humano; reconociéndose en la nueva Constitución, junto a una batería de leyes que permitan alcanzar una realidad más justa en el acceso a viviendas, de mejor calidad, hechas con respeto por las comunidades, el entorno y el medio ambiente. Es posible. Es muy posible. Pero primero tenemos que unirnos, proyectar el camino a la justicia social, y actuar.