De la movilización social a la refundación del Estado

Tras el plebiscito por una nueva Constitución de octubre de 2020, fruto de la ola de movilizaciones sociales, nos encontramos hoy de cara a las campañas políticas para escoger a quienes compondrán la Convención Constitucional. A pesar de la gran participación electoral en la votación, el proceso no ha estado exento de críticas e interrogantes desde la presentación del acuerdo alcanzado por los partidos políticos. Algunas de estas apuntan al quorum de 2/3 para consensuar artículos; otras a la hoja en blanco; al sistema de elección de representantes; a la cantidad de listas en competencia y por la dificultad para la participación de independientes, entre otras disyuntivas.

Respecto al quorum de 2/3, esta corresponde a una formula electoral para asegurar resultados altamente representativos. Se ha dicho que fue impuesto para frenar la introducción de derechos sociales en la Constitución o para favorecer el bloqueo de una minoría, o simplemente para entrampar el proceso porque es muy alto de alcanzar. Pero ¿qué implican en realidad los 2/3? Que toda materia que se discuta en la Convención deberá contar con el apoyo de 104 representantes para ser aprobado, mientras que aquellas que no alcancen esto pasarán a discusión parlamentaria, donde se aprobarán o rechazarán como leyes mediante mayoría simple (50% + 1 voto).

Esta barrera, como se ha querido mostrar, funciona para todas las ideas en disputa, y no sólo para las reformas progresistas. Aplica también para aquellas que provengan de actores vinculados al gobierno actual o de aquellos más cercanos al fascismo y la extrema derecha y el conservadurismo. Incluso, aplica también para aquellas de corte neoliberal que pudiesen promover los partidarios del modelo. En este sentido, un quorum de esta naturaleza lleva a que todo contenido deba negociarse y por tanto previene extremos en sus contenidos, con lo cual se otorga mayor legitimidad al resultado obtenido. De hecho, la experiencia internacional nos muestra cómo se han llevado a cabo procesos constituyentes satisfactorios con el uso de esta regla. Bolivia es un ejemplo de ello, donde se obtuvo como resultado una Constitución que fundó las bases del Estado Plurinacional y la (re) distribución del poder tras años de inequidad mediante un largo y fructífero proceso de deliberación colectiva.

De todas maneras, se requiere lograr suficientes escaños en la constituyente para incluir las demandas por un mejor país que coparon las calles desde octubre de 2019, por lo cual es crucial volcarse una vez más a las urnas para lograr una representación que logre contenidos que se condigan con el 80% que obtuvo la opción Apruebo en el plebiscito que preguntó ¿Quiere usted una nueva Constitución? Por otra parte, sobre la hoja en blanco, a pesar de las críticas, esta es una garantía para el proceso. En términos simples, consiste en que la Constitución será totalmente nueva, donde cada artículo deberá ser aprobado por los 2/3 que se mencionaron arriba. Así, al no haber un escrito previo, no existe el poder de veto sobre las materias que se quieran incluir, a diferencia de lo que ocurre hoy con la Constitución del 80, que ha permitido al gobierno y a la derecha vetar cualquier intento de cambio, reforma y/o modificación al modelo.

Ahora, del sistema electoral para la constituyente, el Sistema D’Hondt, el mismo que se usa para escoger diputadas y diputados, se ha sostenido que favorece a los grandes partidos, que invisibiliza a las minorías o que es otra trampa a la participación. Sin embargo, la ventaja de los partidos tradicionales no es tal, pues al ser un método que fomenta proporcionalidad entre participantes, favorece la representación de más pactos políticos en los escaños a escoger. Además, al dividirse en circunscripciones, se abren los espacios a fuerzas y movimientos sociales con alto influjo local, pero de baja representatividad nacional.

Igualmente, como las reglas del juego favorecen a las listas, la diversidad de estas permite potencialmente enriquecer y diversificar los contenidos de una nueva Constitución. Y dentro de estas, no todas las candidaturas que la componen son designaciones o iniciativas unipersonales, sino que hay también aquellas que son el resultado de cientos de asambleas, cabildos y manifestaciones que inundaron Chile de norte a sur. Agruparse por lista implica consensos en contenidos e intereses, y brinda mayor fuerza y oportunidades a candidaturas que de no haber tales garantías de representación, no alcanzarían a formar parte de la discusión. El miedo que existe ante la “unión de la derecha” en una lista unificada no debe convertirse en una piedra que desencante a quienes votan. Por el contrario, debe ser un factor de motivación que impida que quienes por más de 30 años han puesto trabas a la ampliación de nuestra democracia redacten una nueva Constitución enfocada a continuar con una democracia no permeable.

En cuanto a la gran cantidad de candidaturas, la alta participación de independientes, primero, es muestra que la dificultad de participación fue superada. Y segundo, es fiel reflejo de la necesidad de la población de hacerse parte de un proceso histórico-político que nació en las calles, sin colores ni banderas. Es, en rigor, la materialización de parte de las demandas esgrimidas el copar los espacios de participación en una instancia institucional para cambiar el rumbo del país; sin embargo, es menester mencionar que ser independiente no es una garantía en sí misma, y sólo tendrá sentido si busca representar a una idea colectiva en una instancia decisiva como lo es la Convención. En este sentido, las campañas que emprenden hoy organizaciones y movimientos sociales, así como otras candidaturas independientes, responden a una sociedad que, como parte de la esencia de octubre de 2019, decidió disputar el poder a la hegemonía. La oportunidad está, y la gente la está aprovechando.

Si bien es propio el miedo o desconfianza frente a un proceso que hasta antes de la revuelta popular de octubre de 2019 era totalmente improbable, no podemos desmerecer que es un momento político y social que abrió una ventana de oportunidad para profundizar y transformar la democracia chilena y el rumbo del país. Si bien el plebiscito fue acordado por la élite política, fue la ciudadanía y la movilización social quienes abrieron esta ventana, y debe ser ella quien se apropie de la instancia.

Aunque ha pasado el tiempo, y quizás el aplastante triunfo del Apruebo disminuyó la efervescencia, el llamado es a participar y ser parte de este momento histórico. Si la política fuese lineal y en la elección de constituyentes se replicase el resultado del plebiscito, se alcanzarían 124 representantes, es decir, 4/5 de los constituyentes. Esto sería un reflejo efectivo de la mayoría descontenta que decidió involucrarse y darle un giro a la usual distribución político-electoral que estamos acostumbrados/as. No obstante, la política no es lineal, y por lo tanto es imperativo que la participación sea alta nuevamente, para competir y copar los espacios abiertos. A esta altura, seguir sembrando desconfianza, inconformidad y descontento de cara a la oportunidad planteada es irresponsable, es querer perder sin competir, es endosar la responsabilidad a otros para después culparlos de lo que pasa en Chile. Ese tiempo ya fue, ahora es momento demostrar que estamos para más; hay que estar a la altura de las circunstancias.

Hoy, el llamado debe ser a sostener discusiones, asambleas y cabildos, de conversar y avanzar, para que la nueva Constitución que vaya al plebiscito de salida consagre, asegure y promueva derechos sociales, paridad, diversidad e inclusión. Debemos pensar qué Constitución queremos y qué representantes deben copar los escaños para lograrlo. Con todo esto dicho, estamos ad-portas de ser partícipes de un proceso donde los movimientos sociales, las organizaciones y la ciudadanía deben estar en dos trincheras para reformar el Estado. Un pie en la calle y otro en la institucionalidad para disputar el marco constitucional que definirá nuestro país en los próximos años y acabar con el legado neoliberal que han sostenido los partidos hegemónicos. Sólo así se le abrirá paso a un nuevo Chile con Derechos Sociales, Justicia Social y Dignidad.