El TER y el “municipio paralelo” de la alcaldesa

El 20 de marzo de 2019, los concejales de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar (Giannici, Varas, Andaur y Puebla) interpusieron ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso una acusación en contra de la actual alcaldesa, Virginia Reginato Bozzo, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa por una serie de hechos de amplio conocimiento público y que han sido a la postre el sello transversal de, al menos, los últimos ocho o diez años de su mandato alcaldicio. Uno de los objetivos esgrimidos por los concejales, según explica el abogado patrocinante de la acusación, era lograr la destitución de la alcaldesa antes de la discusión presupuestaria de diciembre de 2020, cuestión que en definitiva no ocurrió. Sin embargo, otras aristas deben ser conocidas por la opinión pública y que imponen mayor urgencia al pronunciamiento del TER ya que involucran las próximas elecciones municipales en la comuna.

La abundancia de argumentos presentados en el documento de aproximadamente cien páginas incluso es avalada por las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Control Interno de la Municipalidad (2012-2014), por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar (a propósito de la querella que presentamos como Frente Amplio en 2018) y también por la Contraloría General de la República (2015-2017), que en más de una oportunidad se ha expresado al respecto: horas extras imposibles de realizar, déficit presupuestario sostenido en el tiempo, falta de control sobre contratos lesivos con el municipio, delegación de responsabilidades en mandos subalternos, etcétera. Sin embargo, de todos los antecedentes entregados al TER el que a mi juicio tiene mayor impacto coyuntural, tanto política como electoralmente y muy a propósito de las próximas elecciones, es el antecedente que constata la existencia de una “verdadera planta paralela” de funcionarios contratados a honorarios que excede a los cerca de 700 funcionarios de planta y los cerca de 300 a contrata. Este “Municipio Paralelo” ha crecido sostenidamente en el tiempo desde el año 2010, completando a la fecha un aumento del 124% en la planta a honorarios del ítem 21.03 (ítem normal de contrataciones) y un 105% en contrataciones a honorarios en programas comunitarios (ítem 21.04), contrataciones todas que, según la ley, en ningún caso deben ser continuas en el tiempo.

Esta es la descripción concreta de las redes clientelares territoriales tanto de la alcaldesa Reginato como de su núcleo más cercano al interior del municipio. Estas redes, según los informes presentados en la acusación, significaron un gasto del 32% del presupuesto anual (MM$100.000) en el año 2017 y que, por ejemplo, equipara el gasto en este ítem al municipio de Las Condes, cuyo presupuesto triplica al de Viña del Mar. El lector debiera concluir en qué se transforma todo esto en periodo de elecciones.

En todo este contexto, el TER debe actuar. La causa lleva en sus manos cerca de dos años y otros procesos similares han sido resueltos en un plazo menor (considere los casos de los alcaldes destituidos de San Felipe y de El Tabo, por ejemplo). Esta urgencia, que es política, se ve dramáticamente incrementada debido al escenario de elecciones municipales para la comuna, puesto que la actual alcaldesa Reginato postula con toda comodidad a un cargo de concejala. Teniendo en cuenta las redes clientelares indicadas en el diagnóstico de los párrafos anteriores y la noción de “arrastre” implícita en el sistema que rige las elecciones de concejales, no es sano para la democracia viñamarina que el próximo concejo surja con este “pecado original”. Que la derecha y la UDI, al fin y al cabo, puedan “arrastrar” a cuatro o cinco concejales utilizando la “popularidad” de la alcaldesa es una cuestión que no debe ser permitida. Los antecedentes están, hace tiempo, en varios organismos del Estado.

En esa línea, estamos a pocos días para que el Servicio Electoral declare admisibles o no las candidaturas para las elecciones de abril próximo y, políticamente, no vemos adecuado que la candidatura de la actual alcaldesa sea reconocida o validada sin conocerse judicialmente si la aludida incurrió o no en los hechos irregulares que han sido expuestos tanto por Contraloría, medios de comunicación y los concejales anteriormente mencionados. Esperemos que el TER asuma su parte en la responsabilidad política que le compete en esta demora y que, de manera independiente, los movimientos sociales articulados de Viña del Mar y las candidaturas anti neoliberales terminemos con el “eterno retorno” en el municipio de Viña del Mar.