Diversidad y complejidad: desafíos económicos para la izquierda chilena

No es novedad mencionar que la ideología neoliberal ha marcado y dominado los márgenes de la discusión política económica los últimos 40 años en nuestro país. Desde círculos empresariales hasta políticos progresistas creen religiosamente que el rol del Estado en la economía se reduce al de intervenir y subsanar fallas que están impidiendo al mercado alcanzar “óptimos eficientes”. Aunque la ortodoxia económica intenta confundir al grueso de la población con términos alejados del lenguaje cotidiano, lo que hay detrás de sus argumentos es la idea de que los burócratas estatales persiguen intereses personales y/o colectivos que, al intervenir en los mercados, impiden que el ciclo de negocio alcance su máximo potencial. Aun cuando la izquierda chilena ha acusado esta visión reduccionista de la acción estatal, en la práctica sigue enfrentándose discursivamente a las lógicas neoliberales, y no ha materializado un esfuerzo real por proponer una agenda de transformación económica efectiva para el país.

Como punto de partida, es importante relevar que ningún país ha alcanzado mejores niveles de ingreso y desarrollo para su población sin gobiernos que asuman pragmáticamente un rol coordinador, promotor e incluso emprendedor en la economía. Esta realidad ha sido bloqueada y denostada por los grupos de poder serviciales al gran empresariado, sin asumir que, después de 40 años de políticas económicas serviciales a sus intereses, lógicas, por ejemplo, de fomento a la inversión vía reducción de impuestos, incentivos tributarios o excesiva apertura comercial, están completamente agotadas y el estancamiento en el crecimiento y la productividad que evidenciamos desde hace 10 años es muestra de aquello.

Por el contrario, hay dos cuestiones claves para el desarrollo que deben asumir las economías en vías de desarrollo como Chile y que las fuerzas transformadoras no estamos impulsando con la fuerza que merecen. En primer lugar, tenemos la necesidad de diversificar la matriz productiva y exportadora del país como un elemento clave para la estabilidad y el crecimiento de largo plazo. Para hacerse una idea, actualmente nuestra canasta exportadora depende en un 48% de la venta de metales, minerales y piedras, lo que explica, en parte, los problemas que tiene nuestra economía para despegar y mostrar su mejor rendimiento cuando el precio del cobre disminuye a raíz de bajas en la demanda mundial. Incluso conociendo esta realidad, el primer gobierno derechista de Sebastián Piñera no utilizó los excedentes del boom de las materias primas para invertir en investigar, descubrir e instalar capacidades que contribuyeran a terminar con la excesiva dependencia del cobre.

En segundo lugar, es relevante destacar que no es condición suficiente para el desarrollo la diversificación de los productos que ofrecemos a otras economías, sino que también resulta relevante que estos y los procesos asociados a ellos sean más complejos. Para medir ello, los economistas utilizan el índice de complejidad económica que dimensiona, como bien dice su nombre, la complejidad y sofisticación de los productos que vende y produce una nación. Lamentablemente nuestro país se ha mantenido los últimos 10 años estancado en este indicador, estando hoy por debajo de países como Colombia, Costa Rica o Brasil, manifestando la poca relevancia e interés que ha tenido la élite política y empresarial en que Chile cuente con una economía más compleja, que permita generar empleos exigentes en capital humano tecnológico, lo cual, indudablemente, conlleva mejores salarios para los trabajadores. Para comprender la importancia de esto, estudios recientes han mostrado que la complejidad económica predice mejor el potencial de crecimiento económico de un país que, por ejemplo, el nivel de capital humano.

Aunque la diversificación y mayor complejidad son parte esencial para el desarrollo, los procesos de cambio en la producción y oferta de nuevos productos son complejos y no suceden por obra y arte del espíritu santo neoliberal. Es más, como se mencionó en un inició, una transformación de esta envergadura nunca ha sido resultado de la mano invisible y el libertinaje mercantil, sino más bien han sido distintas políticas públicas de industrialización, coordinación e investigación y desarrollo las que han logrado que los actores privados transiten y se interesen por invertir en tecnología. Los casos del este asiático, Finlandia, Irlanda o incluso China siguen reafirmando lo dicho, donde políticas de largo plazo ampliamente consensuadas han permitido aprovechar y desarrollar ventajas competitivas para producir y comercializar productos de alta tecnología e incluso integrar cadenas de valor, lo que redujo la dependencia de recursos naturales y productos transables de poca complejidad.

Por lo mismo, frente a la elaboración de un plan político y económico para la salida del neoliberalismo, el poder abrir diálogo entre las fuerzas de cambio y la sociedad civil sobre cómo el Estado y sus instituciones puede iniciar un periodo de desarrollo productivo que nos permita transitar hacia una matriz productiva más compleja, que no descuide la sustentabilidad medioambiental y logre mejores empleos resulta fundamental. Ahora bien, la institucionalidad chilena actual y los cerrojos constitucionales dificultan bastante la deliberación democrática sobre qué y cómo lograr una política industrial moderna, inclusive bajo los márgenes actuales del capitalismo. Es tal el nivel de autoritarismo institucional que ni siquiera se nos permite discutir cuestiones como el rol subsidiario del Estado o la autonomía del Banco Central, materias que siguen vetadas por los intereses del gran empresariado y economistas de la plaza. De ahí la importancia del proceso constitucional que abrió el pueblo de Chile, ya que sólo la democratización de las instituciones económicas permitirá instalar nuevas capacidades y a nuestro Estado para asumir un desafío de esta envergadura.

Por consiguiente, es nuestra responsabilidad abrir los márgenes de discusión que nos han impuesto las élites dominantes y proactivamente estudiar, reprochar, proponer y materializar las políticas públicas que nos permitan dar el salto hacia un nuevo estadio de desarrollo. El país no aguanta otros 30 años sin política industrial. Por lo mismo, las fuerzas de izquierda y progresistas debemos entender que la demanda ciudadana de un país más próspero, pero a la vez más igualitario y equitativo, conlleva necesariamente dar el paso hacia una economía más sustentable, compleja y diversificada. Eso sí, como la experiencia nos lo ha demostrado, esto no sucederá con buenos discursos ni buenas intenciones. El tiempo se agota.