La asignatura pendiente de la democracia

La participación ciudadana, entendida como el involucramiento activo de los ciudadanos en la construcción de políticas públicas, es el ramo pendiente del proceso de democratización en Chile. Tras el plebiscito de 1988, en el mundo progresista era de amplio consenso que la apertura democrática traería naturalmente la creación de espacios participativos, que canalizaran toda la fuerza del tejido social acumulado en la lucha contra la dictadura hacia un proceso de mayor colaboración entre Estado y sociedad civil, en la búsqueda por dar respuesta a las demandas sociales. El transcurso de los años dio cuenta de que el discurso amplio de mayor participación se quedaba corto cuando tenía que traducirse en instituir mecanismos concretos de participación. No había voluntad política desde las élites para abrir canales participativos y con ello construir un estilo o forma de gobernar más democrática.  Más aun, al revisar más profundamente la concepción de participación ciudadana el consenso superficial se rompe, puesto que, en su interior, las concepciones en torno a las formas en que puede materializar y su profundidad difieren ampliamente entre los actores políticos. Discutir institucionalmente sobre participación es hablar de ceder poder, y ello ha sido un tema sensible para quienes han ejercido el poder los últimos 30 años, donde los avances han sido bastante escuetos. En el ámbito institucional han avanzado en el proceso legislativo reformas políticas que abren más canales al acceso a poder, en términos de representantes populares, pero ninguna que instituya mecanismos de participación en el ejercicio del poder, es decir, en el proceso de gobierno. Las iniciativas legislativas que abren espacios participativos, a pesar de crecer en número, no avanzan en tramitación, y hoy, a pesar de la diversidad de mecanismos que proponen, en su mayoría duermen en el parlamento.

El estallido social de octubre de 2019 evidenció los costos de no haber instituido una democracia que abriera canales de interacción entre Estado y sociedad, entregando legitimidad social a las decisiones públicas. En este sentido, el proceso constituyente abre la oportunidad de que la Convención Constitucional, a través de su reglamento interno, sea un órgano que permita que la ciudadanía presentar mociones constitucionales, foros participativos, cabildos, audiencias públicas y que se establezcan mecanismos de respuesta a sus requerimientos, que aseguren que los y las convencionales procedieron a tomar en consideración y discutir las propuestas ciudadanas.

En la nueva Constitución deberían quedar plasmados como mínimos participativos la Iniciativa Popular de Ley; la posibilidad de que la ciudadanía pueda otorgar la calidad de urgencia legislativa a proyectos de ley; plebiscitos y referéndums nacionales, regionales y locales, e instancias participativas dentro de los procesos de construcción de políticas públicas. En el fondo, herramientas que otorguen legitimidad democrática y ayuden a construir un modelo de gobierno en sintonía con las grandes mayorías.