En tanto se desarrolla la estrategia de vacunación, han surgido muchas preguntas no sólo sobre quién debería vacunarse primero, sino también sobre quiénes podrían no tener acceso a la vacuna. La política nacional, por ejemplo, ha apuntado a no ofrecer acceso a los inmigrantes ‘indocumentados’ o irregulares bajo la premisa de que el suministro de vacunas debería ser prioritario para los chilenos y residentes registrados. Asimismo, el procedimiento tiende a condicionar la vacunación a la presentación del pasaporte u otro documento de identidad. Epidemiológicamente, cualquier política basada en el estatus regular crearía, sin duda, un punto débil en la estrategia de contención de la expansión del coronavirus. Detener la propagación de la enfermedad es, después de todo, lo que se necesita. Exigir que las personas en circunstancias especiales muestren un documento de identidad no las alentaría a vacunarse, pensando que –una vez en el sistema– los registros pueden servir para diferentes propósitos. Y estarían en lo correcto. Pero una condición imprescindible para vacunarse es ante todo querer vacunarse.
El año pasado, antes de darse el visto bueno para su uso de emergencia, se afirmó que la vacuna contra la Covid-19 no funcionaría con las lógicas habituales (business as usual). Se destinó una cantidad de fondos sin precedentes al desarrollo de investigaciones de laboratorio y ensayos clínicos: universidades, editoriales de revistas científicas, gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, la industria farmacéutica e incluso los civiles que sirvieron como voluntarios durante los experimentos. Esto supera en todos los parámetros la inversión que cualquier país puede hacer por sí solo, por lo que cualquier signo de ‘nacionalismo metodológico’ debe detectarse en la etapa más temprana posible.
Hay una obligación de ampliar el despliegue de la vacunación a las personas indocumentadas. La obligación es epidemiológica. Pero también es moral.