Wallmapu, políticas de Inteligencia y represión

El doble discurso se instala. Por un lado, escaños reservados, por otro, militarización para “apaciguar el conflicto”; por un lado, el Convenio 169 y la Conadi, por el otro, venta de tierras, protección a la empresa privada, consultas-inconsultas con organizaciones creadas por el Estado que sólo sirven de número para validar políticas planificadas en escritorios. Aumenta el conflicto, incendios, atentados, robos, drogas, actos violentos sin culpables, pero que sirven para validar la idea de “conflicto” y la necesidad de intervención armada como medida de salvación. Se siembra miedo y odio, se polariza el conflicto, se militariza la zona. Mueren comuneros y Fuerzas Especiales y paramilitares intervienen el territorio, prensa, ruido, cortinas de humo, implantación de pruebas, y vernos como la atención es desviada nuevamente.

En estos tiempos constituyentes, donde “los nadie” nos articulamos para, con las reglas del establishment, revertir los resultados y resultar ser protagonistas del proceso que redactará las nuevas bases para el Chile que queremos sea de todxs, no podemos también nosotrxs desviar la mirada, reconocer el espacio geográfico que llamamos Chile como un territorio multicultural y plurinacional es el mínimo sobre el cual deben sentarse nuestras conversaciones. Porque no es sólo decir “tenemos una deuda” y hacer actos simbólicos que nos mantienen en lugares de privilegio político entre los países de América Latina y su relación con el Occidente: es reconocer que, más allá de etnias, nuestro territorio es rico por y con sus pueblos originarios, y por tanto debemos encontrar juntxs una manera armoniosa de coexistir, administrar el Estado y reconocernos en esta diversidad.

No vamos a aceptar los llamados al odio. No vamos a permitir que se estigmatice y criminalice a un pueblo, como tampoco podemos permitir que en nombre del “desarrollo”, se expropien sus tierras, se robe el agua, se mate la vida, se vendan los bosques. Trabajar por un país más justo exige cambios estructurales. Debemos trabajar por una modernización que alcance al conjunto de la población mapuche y de todos los pueblos originarios que aún resisten en los territorios; una que aborde todos los ámbitos: culturales, económicos, sociales, políticos. Ese es uno de los desafíos de este nuevo camino y concretar así el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

No aceptamos la violencia, el racismo y menos aún la acción contemplativa del gobierno hacia los pueblos originarios y, en particular hoy, hacia el pueblo mapuche. Rechazamos su ideario violento y las acciones “de pacificación armada” que quieren instalar en la agenda cotidiana de los medios que ayudan a infundir miedo. Sabemos que el trasfondo de ello es sólo un interés económico de uso, abuso y explotación del territorio. Creemos que su autodenominado “conflicto” es parte de una estrategia de intimidación, de paralizar a los mapuches mediante el terror y el miedo, frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras. Junto al proceso de la nueva Constitución, el Estado chileno tiene la oportunidad y el deber histórico de iniciar, en conjunto con el pueblo mapuche y los pueblos originarios, un proceso orientado a su reconocimiento, autonomía y restitución territorial en los términos que los sectores que proponen su decolonización lo están planteando.

Seguir manteniendo la idea de que el problema de la sociedad mapuche es un problema de pobreza, e intentar superarlo a través de medidas economicistas, enfrentando la conflictividad como un tema judicial y policial y no político, es un grave error. Si no se toman las medidas que la sabiduría política aconseja, y que sólo el diálogo puede superar, tendremos que vivenciar las consecuencias de una confrontación violenta con todas sus secuelas, para entender recién que no es posible detener las justas aspiraciones de un pueblo a través del uso de la coerción y la fuerza.