El agua no puede ser una mercancía: es un derecho humano

Una de las principales amenazas para el futuro de nuestro país radica en la mercantilización de las aguas; las que pueden comprarse, venderse y arrendarse como si se tratara de cualquier objeto comerciable. Chile es el único país del mundo donde legalmente –y sostenido por la Constitución– el agua es privada y el Estado no interfiere para resguardar el consumo humano. En el Día Internacional del Agua (22 de marzo) es importante que reflexionemos sobre la urgencia de cambiar este paradigma y desprivatizar las aguas, promoviendo la derogación del Código de Aguas vigente y el reconocimiento de este bien común como un derecho humano.

El año pasado se votó un proyecto de ley en el Congreso respecto del dominio y uso de las aguas, pero en su primer trámite en el Senado se rechazó: aunque hubo más votos a favor que en contra (24 versus 12 votos) para reafirmar su carácter de bien de uso público, se requerían dos tercios de la sala y el proyecto no pudo seguir su trámite; la derecha en bloque, le cerró la puerta a esta iniciativa. Al respecto, tenemos un desafío como país en la discusión constitucional que se abre en pocos meses más, considerando tres ejes fundamentales. Por un lado, debemos asegurar constitucionalmente el agua como un bien nacional de uso público. El agua debe ser considerada como un patrimonio común de la humanidad y la naturaleza, y eso implica que no esté en manos de privados sino bajo la gestión y supervisión pública y comunitaria. Por otro, tenemos que asegurar que su acceso sea considerado como un derecho humano y, por tanto, asegurar su disponibilidad a largo plazo, además de preservar su calidad. Y, por último, hay que priorizar su consumo tanto para los/las habitantes de los territorios como para la preservación de los ecosistemas. En esto último tenemos que incluir una visión comunitaria del tratamiento del agua donde se pueda hacer una planificación por cuenca y sub-cuenca hidrográfica.

Pero estamos ante una coyuntura compleja, ya que si declaramos estos tres principios en la Constitución no se podrá avanzar en nada ya que actualmente persiste el derecho privado al aprovechamiento del agua a perpetuidad. El agua está regulada en la actual Constitución en el derecho de propiedad. Es fundamental eliminar estos derechos privados, lo cual obviamente tiene una fuerte resistencia de sectores empresariales y políticos de derecha. Hasta ahora ha primado una visión extractivista de los recursos hídricos, pero para asegurar nuestra propia subsistencia, de las generaciones futuras y de los ecosistemas en que habitamos, debemos cambiar el modelo economicista y mercantil vigente y girar hacia una visión ecológica, comunitaria y no sólo antropocéntrica de este recurso. Por tanto, considerar el agua como un derecho humano y de la naturaleza resulta fundamental.