45 años de impunidad

La DINA de Pinochet y Manuel Contreras decidió el año 1976 aniquilar al Partido Comunista. Desató a través de sus brigadas, agrupaciones y centros de detención (como el Cuartel Lautaro) una acción represiva que tuvo como consecuencia la detención, tortura y desaparición de militantes y dirigentes del Partido Comunista. Los ejecutores de esta política criminal son militares que actuaron al amparo de una institucionalidad represiva, con una cobardía infinita frente a personas desarmadas y las sometieron a un trato cruel, inhumano y degradante, configurando una práctica normalizada por estos soldados.

La aplicación de corriente eléctrica, el colgamiento de sus cuerpos desde sus extremidades, asfixiándolos, sumergiendo sus cabezas en tiestos  con agua y fecas, o bien introduciendo sus cabezas en bolsas plásticas, golpes con instrumentos contundentes provocando fracturas de huesos, quemaduras con cigarrillos y soplete para borrar huellas digitales, fueron los métodos aplicados por estos soldados cobardes para neutralizar y extinguir vidas humanas… con absoluto desprecio y desconocimiento de normas mínimas de humanidad  establecidas en los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Fue una acción sistemática, y generalizada contra un grupo determinado de personas por su condición de militantes del Partido Comunista. Era parte de una política de Estado, ejecutada por agentes del Estado, pertenecientes al Ejército, a la Armada, a la Aviación, a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, que fueron destinados en comisión de servicios a la DINA, financiados con el erario nacional, con medios y recursos materiales, también estatales, vehículos, armamento, lugares de detención como el Cuartel Simón Bolívar (recinto de donde nadie salió con vida), Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, con sus dependencias como la Torre, donde se hacinaba a los detenidos después de ser torturados, para después hacerlos desaparecer, arrojando sus cuerpos al mar, amarrados con alambres, conjuntamente con rieles y en sacos de papa, o enterrándolo en fosas clandestinas (Puerto Montt y Moneda eran, respectivamente, en la nomenclatura represiva, la identificación del destino de los cuerpos).

Estos hechos los cometieron oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y de Gendarmería, con diversos grados dentro de la escala jerárquica, comenzando por el que era a la fecha Comandante en Jefe del Ejército, pasando por generales, coroneles, capitanes, tenientes, etc. Estos soldados de la patria ejecutaron estos actos bajo el amparo de la doctrina de la seguridad nacional, promovida desde los Estados Unidos para combatir a un enemigo interno identificado con los comunistas, y todo lo que representara la legitima aspiración de los pueblos por terminar con un sistema de dominación económica y social, identificada con el modelo capitalista.

Un combate muy desigual porque los soldados actuaron con alevosía y premeditación, abusando de la superioridad de sus fuerzas y con el auxilio de gente armada, y acometieron contra un enemigo desarmado, contra civiles indefensos, mujeres embarazadas a quienes sometieron a tratos vejatorios y humillantes, jóvenes trabajadores, pobladores y universitarios, profesionales, detenidos a cualquier hora, en sus residencias o domicilios, en la vía pública, a vista y paciencia de sus familiares y de la gente. Eran personas de las más diversas edades, con las cuales estos soldados criminales actuaron siempre con la seguridad que les brindaba el régimen dictatorial, sin ninguna compasión y al margen de toda legislación humanitaria, y con el beneplácito y con la “íntima complacencia” de los Tribunales de Justicia, como lo dijera el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, y que hiciera suyo el pleno de la Corte, horas después del Golpe Militar, constituyéndose los Tribunales de Justicia en coautores, cómplices y encubridores de crímenes atroces, jurídicamente denominados crímenes de lesa humanidad. La vista gorda de los tribunales se reflejó en los miles de recursos de amparo rechazados y el desamparo de las víctimas y sus familiares con expresiones como aquella de “me tienen curco con los detenidos desaparecidos”, proferida por otro presidente de la Suprema, Israel Bórquez, quien al mismo tiempo sostenía reuniones con la Junta Militar y personalmente con Pinochet.

Han transcurrido más de 45 años de ese fatídico mes de mayo con que se inicia una verdadera cacería contra el Partido Comunista, que se extendió hasta el mes de diciembre de ese 1976. En los años anteriores fueron pobladores y campesinos, el año 74 y 75 la cacería y la política de exterminio feroz se dirigió selectiva y focalizadamente contra el MIR y el Partido Socialista. Los ejecutores, los medios y los procedimientos fueron los mismos: era una política institucional, sistemática y generalizada de la dictadura cívico militar.

Los familiares de los militantes comunistas detenidos, torturados y desaparecidos, hasta el día hoy, constituidos por madres, padres, cónyuges, parejas, hijos y nietos, ven pasar con asombro, amargura y frustración que  la anhelada justica, verdad y reparación sigue pendiente. Que la institucionalidad post dictadura, más allá de la retórica discursiva de la promoción y defensa de los derechos humanos, ha sido incapaz de responder a estas legítimas y justas demandas. La negativa institucional de los soldados de colaborar con las investigaciones se ha configurado como un muro infranqueable. Los esfuerzos de algunos jueces se ven sobrepasados por el transcurso del tiempo, pero también debemos agregar la falta de decisión por resolver las causas pendientes, que se acumulan en las Cortes por años y con tramitaciones engorrosas y tinterilladas de las defensas.

La impunidad siempre ha estado al acecho, los indultos bajo pretexto humanitario no han estado ausentes. La misma prolongación de los juicios de manera indefinida e inexplicable, para lo que se conoce como plazo breve y razonable para hacer justicia, es una forma de impunidad desde una perspectiva biológica, porque los soldados imputados por estos crímenes se están muriendo y se van a la tumba sin condena. Hace pocos días un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago ha tenido la osadía de sustituir la pena privativa de libertad, que Fernando Torres Silva cumplía en la cárcel de Punta Peuco, por reclusión domiciliaria, teniendo en consideración al efecto, no una ley, sino un proyecto de ley, algo verdaderamente insólito y grotesco en un Estado de Derecho.

Los tribunales siguen teniendo la palabra para responder esta demanda de justicia. Por estos crímenes cometidos y ejecutados por los militares, agentes del Estado, es hora, y hace ya bastante tiempo, que agilicen la tramitación de estos juicios; sólo se requiere de voluntad, porque la legitimidad para resolver está sobre la mesa y los derechos humanos así lo demandan: es una cuestión esencial para la convivencia democrática.

Forman parte de esta lista de víctimas, cuyos casos no han sido resueltos (y con la excusa de haber podido excluir algún nombre): Víctor Díaz López, Eliana Espinoza Fernández, Lenín Díaz Silva, Elisa del Carmen Escobar Cepeda, Mario Zamorano Donoso, Jorge Muñoz Poutays, Uldarico Donaire Cortez, Jaime Donato Avendaño, Marcelo Concha Bascuñán, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Clara Canteros Torres, César Cerda Cuevas, Juan Villarroel Zarate, Manuel Recabarren Rojas, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Recabarren González, Carlos Godoy Lagarrigue, Iván Insunza Bascuñan, Julio Vega Vega, Víctor Morales Mazuela, Carlos Viscarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Alejandro Rodríguez Urzúa, Eduardo Canteros Prado, José Santander Miranda, Daniel Palma Robledo, Mario Juica Vega, Edras Pinto Arroyo, Reinalda Pereira Plaza, Marta Ugarte Román, Lisandro Cruz Díaz, Héctor Velásquez Mardones, Alexei Jaccard Siegler, Enrique Correa Arce, Ricardo Ramírez Herrera, Carlos Durán González, Armando Portilla, Luis Lazo Santander, Fernando Navarro Allende, Lincoyán Berríos Cataldo, Horacio Cepeda Marinkovic, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Waldo Pizarro Molina.

A 45 años de ocurridos estos crímenes brutales, que ofenden la dignidad humana, no hay ninguna persona cumpliendo condena por estos crímenes: Esto cabe en una sola palabra: impunidad.