Chile, ¿cambio de modelo o cambio cultural?

El 14 y 15 de mayo de 2021 serán recordados como una fecha histórica para Chile. La contundencia de los resultados en la cuádruple elección de ese fin de semana (especialmente la elección de constituyentes para la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Constitución Política) no sólo fue sorpresiva, sino que también –y lo más importante– ha abierto la puerta ancha para la transformación del Chile que conocíamos quienes aún estamos en nuestros 30.

Ya bastante se ha escrito y dicho sobre la catastrófica derrota de las fuerzas políticas de derecha agrupadas en la Lista Vamos Chile, quienes no sólo perdieron alcaldías históricas como Santiago, Viña del Mar, Ñuñoa y Maipú (las cuales no sólo son importantes por su carácter simbólico, sino que también por el soporte político que pueden ofrecer a sus conglomerados en nuevas elecciones, especialmente la Presidencia), sino que ni siquiera pudieron acercarse al 1/3 de constituyentes al que apostaban con el propósito de contar con un poder de veto que les permitiera frenar eventuales propuestas de cambios significativos para el país. Por otro lado, puede ser un ejercicio un poco repetitivo analizar la poco sorpresiva derrota de la Lista de la Unidad Constituyente, “refrito” de la ex Nueva Mayoría del gobierno de Bachelet, a su vez “refrito” de la antigua Concertación; sólo referir que su exigua presencia en la Convención será posible en gran medida a los independientes electos que utilizaron un cupo en su lista, los cuales conservan su autonomía y difícilmente puedan estar sujetos a “órdenes de partidos”. Los resultados de estos dos grandes conglomerados, otrora las grandes fuerzas políticas que administraron los destinos del país conjuntamente por más de 30 años, nos revelan que un ciclo político, quizás la tan manoseada “transición”, por fin ha terminado.

Los resultados de la elección de constituyentes fueron insospechados, sobre todo por la tremenda irrupción de los independientes, que agrupados en distintas listas alcanzaron 88 representantes sobre un total de 155 escaños, posicionándose como una enorme fuerza en la Convención. Este gran hecho político no sólo representa una gran afrenta a los partidos políticos tradicionales y aquellos más nuevos –lo cual parece diluir cada vez más aquella histórica tesis de Garretón acerca de los partidos políticos como el pegamento de la sociedad chilena– sino que también es una manifestación enérgica del rechazo generalizado al modelo neoliberal que se venía gestando en la sociedad chilena desde hace largos años y cuyo punto de ebullición fue el gran estallido social de octubre de 2019. De esta forma, se avizora que una de las grandes tareas a la que se abocará la Convención será el cambio del modelo de desarrollo económico que ha regido por más de 40 años, posibilitado por la Constitución de 1980 y que enamoró a la ex Concertación durante los 90, y que aunque logró disminuir la pobreza a través del “chorreo” –desde una situación miserable en los 80 donde la pobreza se encumbraba sobre el 40%– sigue manteniendo hasta hoy a la inmensa mayoría de los chileno/as en una situación de precariedad económica evidente: bajos ingresos, pensiones miserables, acceso a salud de acuerdo al poder adquisitivo, endeudamiento creciente, entre otros.

Esta nueva fuerza transformadora que emerge, a partir de la conformación de la Convención Constituyente, trasciende largamente la sola demanda de cambio del modelo neoliberal, reflejando de manera nítida el cambio cultural que ha experimentado la sociedad chilena en el último tiempo y que busca expresarse en la elaboración del nuevo ordenamiento político. Reflejo de esto es, sin duda, la inmensa presencia feminista, resultado de la creciente e incesante lucha de las mujeres contra la desigualdad, la discriminación y el maltrato históricos que han sufrido en esta “sociedad de hombres”, consiguiendo además que la conformación de la Convención sea paritaria en términos de género, hecho inédito incluso a nivel mundial. También marcará presencia el movimiento LGBT+, cuya histórica y sufrida lucha por la inclusión y el reconocimiento será llevada también a esta instancia política, donde por fin tendrán voz para expresar su sentir y exigir derechos que se les han denegado por mucho tiempo. Estos movimientos propios de la posmodernidad o del posindustrialismo reflejan este cambio social y cultural que tiene en la base al sujeto –y no la clase social– y que dan cuenta de expresiones culturales-identitarias (a la manera de Alain Touraine) con un contenido social contestatario contra una determinada hegemonía político-cultural.

La preocupación ambiental también estará presente en la Convención a través de la participación de representantes de distintas organizaciones involucradas en esta temática hace largo tiempo. Más allá de que esta problemática sea de carácter mundial, debido a la grave crisis climática que ha puesto en riesgo la supervivencia de toda la especie humana, la nueva Constitución chilena deberá hacerse cargo de nuestros propios problemas como son las “zonas de sacrificio” y el derecho al agua –entre muchos otros– y ojalá por fin consagrando de forma efectiva el artículo 19 de la Constitución vigente respecto a que “todo chileno/a tiene derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación”. Como señalaba el visionario sociólogo Ulrich Beck a propósito de la sociedad del riesgo, el deterioro ambiental se convierte en una circunstancia ineludible para la generación de un nuevo modo de hacer política.

Otro colectivo social históricamente relegado y maltratado –tanto por chilenos como por extranjeros– que esta vez sí formará parte de la elaboración de la nueva Constitución serán los diversos grupos indígenas que habitan nuestro territorio, quienes a través de los escaños reservados para ellos en la Convención podrán llevar sus aspiraciones y demandas por reconocimiento, restitución y autonomía históricamente exigidas al Estado de Chile. Esta será la ocasión propicia para que se reconozca la existencia de diversas naciones, cosmovisiones y culturas con las cuales que desde ahora en adelante tendremos que convivir de una forma más igualitaria y respetando su diversidad. Otra mirada que tendrá un papel significativo en la Convención es la de las regiones, las que no sólo cuentan con constituyentes electos de distintos distritos territoriales a lo largo del país, sino que, más importante aún, con un probado trabajo territorial dentro de sus comunidades, lo que se traducirá en una demanda por mayor y más efectiva descentralización política, administrativa y económica que le permita a los territorios gozar de mayor autonomía, y no seguir encadenados al “enfermo” centralismo capitalino que ha ahogado a las regiones y sus habitantes desde que existe Chile.

Todo lo anterior da cuenta de este cambio cultural experimentado por la sociedad chilena que se venía gestando desde largo tiempo atrás con la emergencia de distintos movimientos sociales que lo impulsaron. Quizás desde la “revolución pingüina” que, si bien no significó un gran cambio en la educación, sí removió considerablemente las formas de hacer política hasta ese momento; pasando por los  emblemáticos movimientos ambientales contra HidroAysén o Barrancones, que lograron poner en la agenda pública una temática mayormente ignorada y cuya importancia hoy es incuestionable y que además ha permitido que se hable por fin sin eufemismos de las vergonzosas “zonas de sacrificio”; la gran explosión del movimiento feminista, que ha logrado no sólo disminuir las brechas de desigualdad sino que también impugnar las bases sobre las cuales nos relacionábamos cotidianamente entre los géneros; entre muchos otros movimientos que son y han sido portavoces de las transformaciones que han ocurrido en Chile en las últimas décadas… todos harán su ingreso a la Convención Constituyente para así sentar las bases de este nuevo Chile.

Un último punto sobre el que quisiera llamar la atención, y que me parece menos luminoso, es la muy baja participación en los comicios, sobre todo si consideramos que constituía el evento eleccionario más importante desde el plebiscito de 1988 que significó el término de la dictadura. La participación electoral fue de apenas el 43%, lo que significa que 8 millones y medio de chileno/as se restaron de participar de este mega evento eleccionario. ¿Qué pasa con ellos? Es toda una incógnita. ¿Se habrán restado por opción política? ¿No habrán dimensionado la relevancia de la elección? ¿Vivirán sus vidas alejados de todo lo que tenga que ver con política? No lo sabemos. ¿Deslegitima los resultados? Para nada. Sin embargo, si la nueva Constitución espera ser el marco regulatorio de la vida en común de todos, será importante saber qué piensan y sienten esta enorme cantidad de chilenos que no se sumaron al proceso, si es que queremos que la nueva carta magna represente a todo –o al menos gran parte– del pueblo de Chile.