Las lecciones de la ley corta de descentralización

Un medio de comunicación nacional informaba: “A 50 días de que asuman los gobernadores regionales, el Congreso aún no despacha dos leyes clave para la gestión de futuras autoridades”. Esta noticia me permite abordar con rigor y franqueza esta fundamental asignatura pendiente, que es la descentralización. En efecto, la noticia se refiere al proyecto para “implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país” y al proyecto de ley que “fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales”.

El primero se justificaba por vacíos de la ley que dotaba de atribuciones a los gobiernos regionales, y que como se recordará, para el efecto de identificar tales vacíos y proponer soluciones, el presidente Piñera convocó a un grupo de expertos que le entregaron un completo informe, el 18 de octubre de 2019. En esa misma mesa técnica, los especialistas y la bancada regionalista del Senado advirtió al gobierno de la urgencia de enviar una ley de rentas regionales que permitiera a los gobernadores electos financiar sus programas de gobierno regional.

El proyecto para implementar la descentralización ingresó al Senado el 06 de octubre del 2020, es decir, un año después que la mesa técnica le entregara al gobierno un anteproyecto completo. En el caso de la ley de financiamiento, que ingresó a trámite en el senado el 30 de septiembre del 2020, se recordará que las bancadas de senadores y diputados trabajaron arduamente para acordar una ley de rentas regionales, pero todo terminó en un fracaso, dado que el gobierno rechazó la posibilidad de establecer tributos que beneficiaran a las regiones. En enero de ese año, se interpeló al entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se culpó de esta ineptitud e ineficacia del gobierno, en proponer un proyecto que incluso estaba contenido en el programa del Presidente Piñera.

¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno paralizó el envío de estos dos proyectos al Congreso? Fue la calculadora electoral. La derecha concluyó que no tenía candidatos competitivos para enfrentar las elecciones de gobernadores, y que en consecuencia las perdería todas. Así las cosas, propusieron postergar las elecciones de gobernadores para ganar tiempo, y aprobar una ley que permitía a diputados y senadores renunciar a sus corporaciones para presentarse de candidatos a las elecciones de gobernadores. Como se sabe, esta operación fracasó y se concretó la profecía que perderían las elecciones de gobernadores.

Desde luego, esta inercia del gobierno afectó las tramitaciones de ambas leyes, pero en lo que se refiere a la implementación de la descentralización regional, no obstante aprobarse el acuerdo a que llegó la comisión de Gobierno Interior del Senado, los senadores, entre los que me incluyo, votamos en favor del “silencio positivo”. Esto consistía en que, ante una petición de traspaso de una atribución al gobierno regional, y si el presidente no respondiera en los plazos, se entendiera aprobada tal petición. Pues bien, el gobierno y parte mayoritaria de la derecha votó por el silencio negativo, es decir, por el rechazo de la petición de las regiones.

Esta señal nos revela que no sólo se tenía temor de perder gobernadores en las elecciones, sino que más grave aún, son abiertamente contrarios al proceso de descentralización regional. Rechazar el silencio positivo es rechazar la descentralización; enviar una ley de financiamiento que no incremente en un peso los recursos de las regiones es querer que esta nueva institucionalidad regional fracase, más aún cuando no tendrán representación en los gobiernos regionales. Una lección para no olvidar.