Convención educacional

La Convención Constitucional recién electa tiene muchas características muy especiales y que la hacen única en el mundo. Hablamos de la paridad de género, de la inclusión de los pueblos originarios, incluso hemos dicho que tiene mucho de arcoíris, como señaló Daniel Matamala en una de sus columnas de opinión. Sin embargo, ese arcoíris tiene algo que los educadores jamás hubiéramos soñado: 19 profesores y 1 asistente de párvulos, que representan el 12,9% de los constituyentes electos, siendo la segunda profesión más numerosa de este grupo. Además, según La Tercera, de los constituyentes, el 67% estudiaron en colegios públicos o subvencionados, mientras sólo el 32% habría estudiado en colegios privados, con una muy baja presencia de egresados de colegios de élite.

Ni en los mejores sueños hubiéramos creído que podría ser posible que una Constitución política fuera escrita por personas de todo Chile, comunes y corrientes, patipelados, personas que han sido discriminadas habitualmente, que saben cuánto cuesta “parar la olla”, de pueblos originarios, de diferentes profesiones y de distintos sentires políticos, y menos aún se nos habría pasado por la cabeza que pudieran haber tantos profesores en un espacio que siempre ha estado reservado para los abogados, economistas, ingenieros y médicos, personas “preparadas” y “capaces”, en quienes siempre se ha podido descansar para la toma de decisiones. Entregarle esa responsabilidad a los profesores parece una locura en un país como el nuestro.

Y justamente en esa locura estamos los profesores bien representados, los nunca bien ponderados educadores, maltratados por el gobierno y por la élite durante la pandemia, despreciados como profesionales de segunda categoría al punto de no confiar en ninguno de nosotros para tomar las riendas del Mineduc, mismo ministerio que hoy se escandaliza porque los resultados del Diagnóstico Integral 2020 señalan que el 60% de los estudiantes “no lograron los aprendizajes” durante el confinamiento.

Pero resulta que los estudiantes estuvieron todo el año 2020 online, llenos de incertezas acerca de si la asistencia era o no voluntaria, si las notas serían válidas, si el año escolar se perdía, si pasarían de curso, con recurrentes comentarios de que sus profesores eran flojos y escuchando constantemente declaraciones oficiales señalando que “no se aprende” en modo online.

Aún más preocupante resulta ser lo que quiere decir el Mineduc con «falta de logro de los aprendizajes», haciendo alusión directa a la “cobertura de contenidos”, homologando aprendizajes con materias, lo que puede ser muy complejo, considerando que las comunidades educativas disponen de diferentes concepciones de lo que es aprender. Es parte de una autonomía que no se puede estandarizar y, al igual como señala el estadounidense Howard Gardner respecto a la “Teoría de las Inteligencias Múltiples”, donde para desarrollarnos integralmente necesitamos desarrollar diferentes tipos de inteligencias (tales como la lingüística, espacial, musical, corporal, lógica-matemática, entre otras), también necesitamos generar una educación que considere el aprendizaje por sobre los contenidos. No podemos seguir pegados en el antiguo sistema donde los docentes son “pasadores de materia”, menos aún en un mundo donde los contenidos ya no son exclusivos de los profesores.

Sin embargo, no es necesario un diagnóstico para predecir que los resultados obtenidos en 2020 serían malos de acuerdo a esos estándares, considerando que quienes han tomado las riendas de la educación nunca han estado vinculados al mundo de la educación, nunca han confiado en los docentes y siempre han manejado el asunto desde la política y la economía, y nunca desde la dignidad humana.

Esperemos que, habiendo tantos docentes en la Convención Constitucional, el resultado de la nueva Constitución sea favorable para generar un cambio de paradigma en un sistema educativo que está en la UCI hace un buen rato.