Opinión

Envejecer sin Estado

Por: Catherine Aravena y Javiera Pérez | Publicado: 17.06.2021
Envejecer sin Estado |
Quince meses después del inicio de la pandemia en nuestro país, las consecuencias físicas y socioemocionales han sido devastadoras para muchas personas, de manera transversal sin distinción de edad. Pero la situación cotidiana de las personas mayores en Chile se problematiza aún más debido a la débil institucionalidad en materias de políticas públicas de envejecimiento y vejez a pesar de que Chile ratificó y promulgó en el año 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Desde el año 2011, en todos los junios se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez instaurada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y este año lamentablemente se inauguró con un nuevo femicidio, donde la protagonista fue Norma Maldonado, mujer de 84 años asesinada y violada en Osorno, hecho macabro que dejó en evidencia las condiciones paupérrimas en las que vivía, y que eran paleadas por la solidaridad de la comunidad y organizaciones sin fines de lucro. El viernes 11 de junio, un hombre mayor se lanzó al vacío en el Mall Costanera Center. Las críticas apuntaron a la indiferencia del centro comercial por permanecer en funcionamiento y la indolencia de las personas que continuaron haciendo sus compras junto al cuerpo que yacía inerte en el lugar. Este hecho es otra de las consecuencias de la crisis de salud mental y signo de liderar como país la tasa más alta de suicidios en adultos mayores (Minsal-INE, 2019). Postales tristes, dolorosas y desesperanzadoras que deja en evidencia, la sistemática desprotección de envejecer en Chile, un envejecer sin Estado.

Quince meses después del inicio de la pandemia en nuestro país, las consecuencias físicas y socioemocionales han sido devastadoras para muchas personas, de manera transversal sin distinción de edad. Pero la situación cotidiana de las personas mayores en Chile se problematiza aún más debido a la débil institucionalidad en materias de políticas públicas de envejecimiento y vejez a pesar de que Chile ratificó y promulgó en el año 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin embargo, ¿por qué seguimos experimentando una desprotección estatal, principalmente en relación a las vejeces?, ¿por qué tenemos una sensación de vacío, inseguridad homogeneizante al mirar nuestra longevidad? ¿Será que las materias trabajadas a nivel gubernamental no parecen observar las demandas de una población que logra momentos mediáticos solo cuando deja en evidencia lo más precario y desigual de nuestra vida en comunidad?

En su última Cuenta Pública el presidente Sebastián Piñera reflexionó diciendo que “Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores”, exponiendo un plan para dar un mejor trato a ¿nuestros? adultos mayores, dejando en evidencia que la construcción de la vejez en Chile parece mantenerse desde una mirada paternalista y asistencialista, sin enfoque de género y territorio, preponderando en las estructuras e institucionalidades el viejismo y en consecuencia, un modelo que no permite asegurar una vida digna.

Los casos que han ocurrido en lo que llevamos de este mes no son aislados, pero, en memoria de las víctimas, no basta con la conmoción social, sino que también requieren de mayor exposición y ruido de tipo político. Somos muchas y muchos profesionales de la sociedad civil que implementamos en la práctica cotidiana intervenciones con perspectiva de derechos, de manera intersectorial incorporando y co-creando el tejido social de las personas mayores, pero no es suficiente. Por eso creemos que, frente a los inmensos cambios constitucionales que vive nuestro país donde se clama por un Estado protector, éste debe ser también humanizador, con políticas públicas gerontológicas. El país ya envejeció y, con ello, la urgencia de construir un órgano público que garantice los derechos estipulados en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que evalúe y fiscalice permanentemente el diseño y evaluación de las políticas públicas gerontológicas, que aúna alianzas intersectoriales gubernamentales, organismos privados, sociedad civil, academia e investigación que permitan generar respuestas efectivas según las reales necesidades de las personas en su entorno.

Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor), hasta la fecha, es el único servicio público existente que aborda y tiene las facultades para resolver las problemáticas públicas que presentan las personas mayores, pero frente al acelerado envejecimiento poblacional y la profunda crisis social existente, de la cual todos estamos al tanto y atentos, sólo lograría realizarlo de manera focalizada en los sectores más vulnerables del país.

Entonces, ¿en qué Estado queremos envejecer? Creemos en uno que otorgue una gerontocultura, con políticas socioeconómicas, de salud y educación, insertas en y para la comunidad, que incorpore la mirada y participación intergeneracional, fomente y asegure la participación social desde la perspectiva de derechos, de género y de trayectoria de vida. Finalmente, que nos permita ir envejeciendo dignamente en el entorno que se escoja libremente, ese entorno que cohabitamos tú y yo.

Catherine Aravena y Javiera Pérez
Catherine Aravena es psicóloga, master en Gerontología. Javiera Pérez es terapeuta ocupacional y gerontóloga.