Perú: ¿logrará “el Ande” imponerse a Lima?

A la contienda presidencial y política en el Perú se la ha buscado dicotomizar, por parte de personajes como Mario Vargas Llosa, en términos de la seriedad y experiencia que ofrecería Keiko Fujimori frente a la improvisación e incapacidad que representaría Pedro Castillo. O, en un giro que a estas alturas obliga a sonrojarse, los mismos actores que han sumido al país en una profunda crisis democrática han pretendido presentar los recientes comicios como una elección entre democracia y comunismo. Desde la vereda opuesta, para el antifujimorismo los términos que compiten son un autoritarismo fraticida frente a una democracia popular, un Estado corrupto versus uno probo o el pasado frente al futuro. Pero estas oposiciones o presentan un elemento fantasioso (como el fantasma del comunismo), manidos clichés de campaña, o bien no alcanzan a caracterizar del todo las particularidades que obligan al continente a tener los ojos puestos en los resultados del Perú.

Tal vez el conflicto preponderante de la reciente segunda vuelta presidencial, aunque firmemente ligado a la herencia de la dictadura fujimorista (incluyendo las ataduras a un modelo neoliberal), se remonte aún más atrás, hasta ese quiebre irresoluto entre el Perú costeño y español y el Perú serrano e indígena.

“El regionalismo no es en el Perú un movimiento, una corriente, un programa. No es sino la expresión vaga de un malestar y de un descontento”, escribía José Carlos Mariátegui a fines de la década de 1920. Sus palabras volvieron a resonar en 2021, cuando sorpresivamente un profesor de provincia, “del Ande olvidado”, completamente desconocido para la élite limeña, se coló en la segunda vuelta presidencial. La segunda vuelta consolidó de forma ajustada este triunfo inesperado. Pero desde ese mismo 6 de junio, el sector perdedor, asentado de forma importante en Lima (física y simbólicamente), ha hecho todo lo posible por entorpecer el proceso de proclamación del nuevo gobernante, un candidato elegido principalmente gracias al descontento de las regiones, pese a no ofrecer ni un movimiento, ni una corriente, ni un programa claro.

El martes posterior al balotaje, el flujo de afuerinos en Lima era evidente. Delegaciones de diversos rincones del Perú comenzaban a hacer acto de presencia frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a pasos de la céntrica Plaza San Martín, para presionar por el fin del conteo de los votos. O se reunían en Av. 9 de Diciembre, ante una sede de Perú Libre, para manifestarse a favor de Castillo. Gente de provincia, con rasgos y atuendos andinos, en pequeños grupos de hombres y mujeres, desplazándose a pie con cierta timidez por el centro de la capital. La imagen contrastaba rotundamente con lo que había ocurrido en la última gran marcha del fujimorismo, el sábado 29 de mayo, a una semana de la segunda vuelta presidencial. Ese día, el centro fue invadido por una larga caravana de vehículos de lujo, provenientes de los sectores más acomodados de la ciudad, repiqueteando incansablemente sus bocinas, adornados con banderas peruanas y pendones alusivos a Fujimori. En cada esquina se cruzaban con personas a favor y algunas en contra. En un semáforo en el distrito de Lince, un joven blanco asomado de la ventana trasera de un auto le gritaba “¡comunista de mierda!” a una mujer de aspecto andino que lo abucheaba desde la vereda.

Transcurrida la segunda vuelta, este contraste se vio, desde luego, refrendado en los votos, cuyo conteo concluyó recién el pasado 15 de junio. En Lima, Keiko se impuso con un 65,73% (en el exclusivo distrito de Miraflores, obtuvo un 84,56% de las preferencias). Castillo, en tanto, prácticamente no tuvo competencia en lugares como Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Puno, departamentos donde su votación superó con creces el 80%. En los departamentos de Tacna, Arequipa y Amazonas, entre otros, también se impuso con holgada ventaja. Este voto regional le permitió al profesor cajamarquino ganar la segunda vuelta presidencial con un 50,12% a nivel nacional, equivalente a una ventaja de 44.058 votos. En la segunda vuelta presidencial de 2016 entre PPK y Keiko, la diferencia que le otorgó el puesto al primero fue de 42.597 votos.

Sin embargo, el miércoles 16 de junio, el JNE informó que no proclamaría Presidente a Castillo hasta que hayan resuelto todas las actas observadas y solicitudes de nulidad. Esto, debido a que Fujimori ha anunciado que pedirá la revisión de cerca de 200.000 votos. Hasta el jueves 18, sólo dos de los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular correspondían al departamento de Lima. El resto se concentra en sitios como Huancavelica, Loreto, Ayacucho y Cajamarca.

A pesar de la insistencia de Fuerza Popular en un supuesto fraude electoral «sistemático», hasta ahora no se han encontrado evidencias que lo sustenten. Esto ha sido acreditado por organismos como la Asociación Civil Transparencia, así como por los observadores de la OEA, que señalaron no haber observado irregularidades. No obstante, partidarios de Keiko, acarreados en buses, han optado por hostigar al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, así como al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Elecciones (ONPE), Piero Corvetto, en sus propias casas. En Lima, los fujimoristas alegan que se “respeten sus votos”, pese a que lo que la candidata busca formalmente es que se anulen actas de zonas rurales y provincias donde el apoyo a Castillo fue masivo.

Tras las elecciones, el fujimorismo ha hecho ostentación de posturas extremas y un desprecio por las instituciones democráticas sólo comparable al papel de Trump y sus seguidores en las últimas elecciones de EE.UU. En esta línea, el militar en retiro y parlamentario Jorge Montoya incluso llamó directamente a anular las elecciones y convocar nuevos comicios. Para Fujimori, la alternativa a cuestionar con uñas y dientes los resultados del voto popular es, en el mejor de los casos, un futuro político oscuro después de tres derrotas consecutivas en segunda vuelta y de ser la principal artífice, desde el Congreso, del descalabro político que arrastra Perú. En el peor, tendrá que volver a la cárcel por su papel en el caso Lava Jato.

Por el lado de Pedro Castillo, el panorama es menos negro pero nada sencillo, ya que deberá enfrentarse a un Congreso extremadamente fragmentado donde sus propuestas tendrán poca acogida y serán muy difíciles de llevar a buen puerto. Es importante recordar que el Perú carece de un auténtico sistema de partidos políticos. Estos operan como entidades proveedoras de inscripciones, listas de independientes sin programa establecido ni organización territorial, que compiten dentro del sistema en las mismas condiciones de los partidos pero sin el esfuerzo de construir proyectos políticos o idearios más allá de las necesidades de una elección particular. El grado de dispersión que este sistema ha provocado (evidenciado en las 18 candidaturas de la primera vuelta presidencial) hace muy difícil precisar un curso respecto al porvenir del Perú, así como predecir qué alianzas podrá fraguar Castillo como Presidente, cuál será el futuro de Perú Libre y qué papel jugarán en el próximo gobierno aquellos personajes y movimientos que le dieron al Lápiz un “voto crítico”. Como escribía el mismo Mariátegui a principios del siglo XX, “en el Perú lo único que se halla bien definido es la naturaleza”. Será la capacidad del nuevo Ejecutivo y sus socios (cuyo perfil aún es difícil vislumbrar) de llevar adelante algunos de los avances sociales prometidos lo que redefinirá (o no) la tensa relación entre Lima y el resto del Perú.