Gobernadores y CORES: puntas de lanza de la descentralización

Más de seis millones de chilenos participaron en las recientes elecciones, donde pudimos escoger a nuestros representantes para la Convención Constitucional, pero también a gobernadores, alcaldes y concejales. En este año particular e inédito en nuestra historia, que inicia su camino hacia una nueva Constitución Política, nuestra labor como consejeros regionales, que ya es fundamental, estará más vigente que nunca pues como país enfrentamos momentos complejos.

Como encargados de analizar y aprobar en el Consejo Regional asuntos de inversión y asignación de fondos regionales, tendremos que tener en cuenta el contexto político, sanitario y económico que enfrenta Chile, con una mirada local que nos permita garantizar que las decisiones y resoluciones de la elaboración de políticas públicas y acuerdos sean las adecuadas para la realidad de nuestro territorio.

Durante décadas, las chilenas y los chilenos han recibido bajas pensiones y sueldos que no se condicen con el costo de la vida en nuestro país. Además de eso, quienes tenemos un rol fiscalizador, hemos de tener en cuenta la inequidad no sólo en términos de ingresos, sino también en otros aspectos críticos como la salud, los salarios que reciben los hombres versus el que reciben las mujeres por un mismo trabajo y tantos otros problemas que no han sido resueltos.

Aunque esperamos que la nueva Constitución se construya pensando en todas y todos, garantizando igualdad de derechos en salud, educación, previsión social, vivienda, trabajo y otros ámbitos, a los CORES nos corresponde entrar al área chica. Tenemos una tremenda responsabilidad en los planes, estrategias, decisiones de presupuesto y distribución de los recursos. Por eso nuestro trabajo territorial es importante durante todo el año.

Nadie mejor que nosotros, los consejeros regionales, para velar por el bien colectivo y poder cumplir con las demandas sociales del ciudadano/a de a pie, de cada vecino y vecina del barrio, porque la realidad de cada comuna es distinta. Las necesidades del país son muchas, pero en los territorios nos corresponde priorizarlas escuchando a cada miembro de la comunidad, para garantizar que la justicia social llegue más temprano que tarde a nuestras comunas, muchas de las cuales han sido postergadas por años, privilegiando muchas veces a algunas comunas que no necesariamente necesitan mayor inversión pública por sobre otras que viven contantes escenarios de carencia. A veces se distribuyen los recursos de la región sin la mirada de justicia social y se ocupa la de intereses políticos, privilegiando a los acaldes que adhieren a los gobiernos de turno.

Como consejeros regionales, nos debemos a esas comunas que confían en nosotros para cuidar que sus derechos y necesidades sean cubiertos. En este año tan particular, la invitación es a trabajar con más fuerza que nunca en el área chica, para que nuestros vecinos se sientan representados y los recursos sean invertidos en concordancia con sus necesidades territoriales. Asimismo, para los que creemos firmemente en la descentralización de nuestro país, debemos ser puntal a este proceso de descentralización política que estamos viviendo con la elección de lxs gobernadores/as regionales. Sobre todo, porque esta es una reforma a contrapelo, donde se le quita el poder de administrar directamente a las autoridades designadas cifras tan millonarias como, por ejemplo, sólo para la Región Metropolitana, un presupuesto anual de $ 130.168.000.000.

Se dejaron instaladas muchas trabas, administrativas, financieras y legales que demuestran que es una reforma a medias tintas, lo que implica que quienes seamos protagonistas de ella (ya sea al ocupar los cargos de gobernadores/as o CORES) tendremos que, por un lado, con todas esas imperfecciones echar a andar este proceso que fortalece la democracia, aun cuando falta mucho para dar más oportunidades de desarrollo a todas las regiones y comunas de nuestro país; y, por otra, poner siempre en la agenda pública el análisis crítico que permita instalar un verdadero proceso de descentralización político y financiero para que las regiones cuenten con mayor poder en la toma de decisiones, mejor calidad de vida, pero también para que la matriz productiva y el desarrollo científico y la administración pública brinde todos los servicios y garanticen todos los derechos hasta en el lugar más recóndito de nuestro país.

Hoy está pendiente una ley de rentas regionales, un verdadero sistema de traspaso de competencias del nivel central al local y mayores espacios de participación que sean vinculantes en la toma de decisiones de los recursos regionales y comunales. Todo ello, cruzado con mecanismos de control ciudadano que garanticen la probidad en la utilización de los escasos recursos.

Estamos en un proceso constituyente en el que se deberá, sin duda, abordar cómo podemos fortalecer territorialmente a todo nuestro país y uno de los grandes debates debe ser qué tipo de ordenamiento territorial es el más óptimo para este nuevo Chile. Y cómo distribuiremos las oportunidades y los recursos para que dejemos de pensar que Santiago es Chile. De todas y todos depende extender por nuestra larga y angosta faja de tierra la dignidad.