Un Plan Nacional de Soberanía Energética para Chile

La crisis climática se configura como uno de los desafíos más grandes a los que la humanidad se ha tenido que enfrentar, donde frenar el calentamiento global en 1,5° es el objetivo. De ahí que las estrategias para combatir el cambio climático van en la línea de las cero emisiones y/o carbono neutralidad (https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf). ¿Es esto suficiente? Plantear estrategias efectivas en esta línea es primordial, pero sabemos que la crisis climática agudiza problemáticas sociales vinculadas a la pobreza y vulnerabilidad, por lo que no podemos enfrentar este desafío sólo desde las métricas de emisiones netas.

En Chile, la industria energética representa el 77% del total de emisiones del país, dentro de las cuales el 25% corresponden a emisiones de termoeléctricas a carbón que aún funcionan en comunas como Tocopilla, Huasco o Quintero. A su vez, el paradigma actual de nuestro sistema eléctrico se basa en grandes centrales alejadas de los centros de consumo, generando una distribución injusta de los beneficios y las cargas ambientales.

Las consecuencias de esto han generado la aparición de múltiples conflictos socioambientales vinculados a proyectos energéticos. El caso de las “zonas de sacrificio”, comunidades condenadas a vivir bajo los efectos de la contaminación industrial, o proyectos como HidroAysén o Alto Maipo que se escudan bajo el sustantivo de “sustentables” para destruir ecosistemas vitales para la mantención de la vida, son algunos ejemplos de cómo la injusticia social y ambiental son elementos que parecen venir incorporados en los proyectos de inversión. Por otro lado, el mercado híper concentrado de generación intensifica el hecho de que los criterios de planificación y generación energética no tienen relación con las necesidades territoriales ni tampoco se vinculan con un plan de desarrollo que ponga en el centro las necesidades del país ni el cuidado del medio ambiente.

Nuestra matriz debe estar libre de carbón a más tardar al año 2030, pero esto debe insertarse en un proceso de transición social y ambientalmente justa, donde seamos todas y todos –y no sólo el mercado– quienes podamos vernos beneficiados. Debemos dejar de entender la energía como una mera mercancía, poniendo en el centro su rol eminentemente social, como derecho humano y elemento fundamental para el desarrollo de una vida digna. Al hablar de soberanía energética nos referimos al rol clave que la energía posee en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales que se requieren para alcanzar una vida digna, como también nos referimos al rol estratégico que esta tiene para cualquier país, relevando el carácter público a partir del cual debieran desarrollarse los proyectos.

El modelo energético que proponemos se sostiene en tres pilares fundamentales: Estado, privados y comunidades. Para trabajar en esta línea es fundamental contar con planes de ordenamiento territorial regional que identifiquen claramente dónde es posible instalar infraestructura de generación, transmisión y almacenamiento; contar con participación ciudadana efectiva mediante el fortalecimiento de gobiernos locales para que planes de este tipo se hagan en conjunto con las comunidades, en especial aquellas que por años han luchado por la defensa de sus territorios.

La pobreza energética es otro desafío para lograr soberanía. Actualmente, 2 de cada 3 viviendas en Chile no tiene medidas de aislación térmica y el 21% de los hogares chilenos declaran pasar frío en invierno sin tener los medios para contrarrestarlo (http://redesvid.uchile.cl/pobreza-energetica/estudio-indicadores-pobreza-energetica/). El reacondicionamiento de hogares no sólo permitiría entregar dignidad a miles de chilenas y chilenos, entregando confort térmico, ahorro a las familias y disminución de emisiones, sino que también generar foco de empleo verde en miras de una reactivación económica que nos permita avanzar hacia un nuevo modelo.

Reconversión laboral digna, promover la educación energética, fortalecer decididamente las políticas para la generación distribuida y fomentar la creación de cooperativas de generación eléctrica: son medidas que van en la dirección de lograr soberanía territorial y energética. El sector debe mirar hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea sostenible y, por sobre todo, justo.