¿Sak pase Ayiti? Terremoto al Estado de Derecho en Haití

Resulta curioso el lugar que ocupa Haití en la arena internacional y en la geopolítica mundial actual, así como las condiciones socioeconómicas de su población. Fue la segunda nación del continente americano (después de los Estados Unidos) en abolir la esclavitud y liberarse del yugo colonial, con la revolución haitiana de 1791, periodo post Revolución Francesa. No obstante, los desastres naturales recurrentes, sus altos niveles de pobreza, la inestabilidad política y las sucesivas dictaduras son algunos de los factores de la crisis multifacética de Haití. La historia interna y el contexto geográfico de Haití son fundamentales para comprender su desarrollo como Estado (o como “Estado fallido” para algunos/as investigadores).

El miércoles 7 de julio de 2021 despertamos con la impactante noticia de un hecho insólito dentro de este sistema de impunidad. El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado dentro de su hogar durante la madrugada por un grupo de individuos no identificados. Este suceso ha puesto la alerta internacional sobre Haití, trayendo su presencia a los medios de comunicación, luego de que se encontrara hace varias semanas dentro de la agenda de discusión de Naciones Unidas.

¿En qué contexto se enmarca este hecho? El 7 de febrero debía marcar el fin del mandato del presidente Moise, según el artículo 134-2 de la Constitución de Haití. Sin embargo, Moise y sus partidarios argumentaron que aún le restaba un año en el cargo, pues las irregularidades electorales y masivas protestas del año 2015 hicieron que tardara en asumir el poder. Tras anunciar que se mantendría en el cargo, la oposición política, junto con algunos grupos de la sociedad civil y el poder judicial, nombraron a Joseph Mécène Jean-Louis, miembro del Tribunal de Casación, como Presidente interino del país. En el intertanto, Moise anunció haber sufrido un frustrado intento de golpe de Estado y asesinato y ordenó la jubilación a tres jueces del Tribunal de Casación, incluido Jean-Louis.

Durante los años 2020 y 2021 Haití ha carecido de Poder Legislativo. Las elecciones estaban previstas para noviembre de 2019, pero no tuvieron lugar debido a múltiples manifestaciones originadas por conflictos internos. Haciendo uso del mismo artículo constitucional 134-2, Moise disolvió la legislatura el 13 de enero de 2020, lo que conlleva la ausencia de parlamentarios para aprobar o vetar leyes, ante lo cual el Presidente se encontraba gobernando sólo por decreto, sin control ni equilibrio institucional.

Tras la muerte del presidente Moise, el primer ministro Claude Joseph ha decretado que el país se encuentra por un periodo de 15 días en Estado de Sitio, un nivel intermedio dentro de la legislación haitiana entre Estado de Emergencia y Estado de Guerra. No está claro quién sucederá en el poder a Moise, pues le correspondería al presidente de la Corte Suprema, que era René Sylvestre, pero murió el pasado mes de junio a causa del Covid-19. Para asumir el poder, el primer ministro Claude Joseph tendría que ser ratificado por el Congreso, un Congreso que es inexistente actualmente. Teniendo en cuenta que el actual Primer Ministro interino, el dr. Joseph, fue elegido por decreto presidencial, ¿sería posible que se convierta en el Jefe del Estado haitiano?

Nuevamente Haití enfrenta una grave crisis institucional y suspensión de la vigencia constitucional, lo que deja a la población en un momento de incertidumbre total. Con una débil presencia y manifestación de la oposición política, tal como sucedió en 2016, cuando los disturbios sociales y políticos hicieron que Michel Martelly dejara el poder al Presidente provisional Jocelerme Privert. Teniendo en cuenta que, desde 2020, de los tres poderes del régimen democrático sólo el Ejecutivo ha estado ejerciendo su plena función, ¿podemos realmente hablar de democracia?

En la historia de Haití ha habido más de 30 derrocamientos a sus líderes. Desde la década de los 90, Haití ha sufrido 2 golpes de Estado (1991 y 2004), seguidos respectivamente por una intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Esta última se instaló durante trece años en el país con el objetivo de contribuir en la pacificación y desarrollo económico de Haití, pero trayendo consigo también graves violaciones a los derechos humanos de la población haitiana por parte de los llamados “cascos azules”. Introdujeron el cólera en el país, hicieron uso excesivo de la fuerza y, uno de los hechos más renombrados, perpetraron abusos sexuales y violaciones a mujeres haitianas, producto de lo cual nacieron los llamados “niños/as MINUSTAH”.

Es difícil vislumbrar una respuesta a la crisis política dentro del sistema haitiano, pues se produce luego de sucesivas violaciones al Estado de Derecho y los tres poderes del régimen democrático. Sin embargo, es inquietante la creciente preocupación internacional sobre Haití. En primer lugar, porque la alerta surge tras un crimen político, y no ante el grave empobrecimiento del grueso de la población. En segundo lugar, por la historia de Haití en materia de intervenciones e intervencionismos internacionales, cuyos resultados al menos se deben poner en cuestión.