Derecho a la vivienda en los programas presidenciales de la izquierda: propuestas, puntos ciegos y desafíos 

En las últimas semanas se han suscitado importantes debates en relación a las propuestas y programas de los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue y Gabriel Boric. Ad portas de las primarias de este domingo, una de las discusiones sectoriales que ha tenido relevancia ha sido la provisión de vivienda y el desafío de cómo garantizar el acceso a la vivienda de los sectores de menores ingresos. En la coyuntura de crisis social y sanitaria que evidencia Chile, esto toma aún mayor relevancia.

Particularmente, en el ámbito de la provisión de vivienda social, en los últimos años, distintas voces han realizado un diagnóstico crítico respecto del modelo de producción habitacional vigente, destacándose una serie de procesos interrelacionados, los cuales dan cuenta de la complejidad del proceso en curso: el aumento del déficit habitacional en los últimos años, con un requerimiento de aproximadamente 400.000 nuevas viviendas, donde destaca el problema del allegamiento; el crecimiento sostenido de asentamientos informales y el aumento de grupos inmigrantes residiendo en estos espacios; la creciente brecha entre el promedio de los ingresos familiares y el aumento explosivo del alquiler de las viviendas y el aumento progresivo del endeudamiento de los hogares chilenos, entre otros procesos relevantes. En este contexto, los datos de la CASEN 2020 evidencian no sólo estas persistentes brechas sociales, sino su agudización y profundización, mostrando una crisis habitacional sin precedentes y muchísima más compleja de lo que hasta ahora conocíamos. En tal escenario, es central conocer cómo los candidatos presidenciales del pacto de izquierda, y sus equipos programáticos, abordarán este desafío y cuáles son los matices entre sus propuestas para enfrentar este contexto.  

En términos generales, podemos señalar que los dos programas enfatizan la importancia de una mayor preponderancia del Estado en la provisión de vivienda social. Esto es una aspiración importante, pues los dos concuerdan con el rol subsidiario que ha tenido el Estado. No obstante, sus estrategias para abordarlo presentan diferencias. Por un lado, la propuesta de Daniel Jadue, busca replicar la experiencia de la comuna de Recoleta, a través de la promoción de la inmobiliaria y constructora popular, descentrando la competencia de la producción de la vivienda hacia los gobiernos locales, posibilitando la producción de vivienda social pública, bajo un canon similar de arriendo social. El desafío de esta estrategia, así como otras similares de este tipo, será cómo escalar a nivel nacional un piloto exitoso y responder a una creciente demanda habitacional a través del aumento del stock de vivienda pública.

Por otro lado, en una primera versión del programa, Gabriel Boric proponía la creación de una nueva institucionalidad vinculada a aplacar el déficit habitacional. Esto, por medio  de la conformación de una Corporación de Desarrollo Urbano, con participación mayoritaria del Estado, y que funcionaría descentralizadamente pero integrando toda la cadena de producción habitacional. En una segunda versión de la misma, publicada durante esta semana, se explicita con mayor claridad la creación de Empresas Públicas, vinculadas tanto a la industrialización de vivienda sustentable como a la comercialización de materiales de construcción, y la formación de una “Corporación Regional para la Vivienda y el Territorio” (COREVIT), que permitirá la descentralización de competencias en materia habitacional. En esta nueva versión, también se destaca la importancia de promover un modelo de inversión estatal de vivienda pública en arriendo social. Ciertamente, concentrar las funciones de la cadena de producción habitacional en una nueva institucionalidad permitirá administrar de mejor forma tanto los recursos como las capacidades técnicas de los procesos de producción de la vivienda. Y, potencialmente, desde una visión economicista, favorecería las economías de escala. No obstante, uno de los retos que recaen en esta propuesta será cómo crear una nueva institucionalidad que no burocratice aún más un proceso que ya es complejo en términos productivos y que en el actual modelo ya implica un promedio de espera de entre 6 a 8 años para las familias beneficiarias.

No cabe duda que las dos propuestas, sin manifestarlo explícitamente, interrogan al modelo de producción habitacional vigente, el cual se ha sostenido en la interrelación de tres componentes fundamentales: “Ahorro”, “Bono” y “Crédito” (o modelo “Modelo A+B+C”). Mientras que la propuesta frenteamplista propone industrializar y centralizar la cadena de producción habitacional, la propuesta comunista plantea la promoción de inmobiliarias y constructoras populares y descentrar funciones en los gobiernos locales, explicitando ambas la participación de la comunidad organizada. En otras palabras, las propuestas, aunque de distinta manera, buscan superar el rol subsidiario del Estado en la provisión de vivienda, lo cual ciertamente se constituye como un gran acierto y, a su vez, como un gran desafío futuro.

Del mismo modo, es posible también reconocer grandes coincidencias en las propuestas. Por un lado, ambas destacan la importancia de crear un “Banco de Suelo”, que permitiría garantizar y asegurar la provisión de terrenos para proyectos de interés social, posibilitando disipar justamente uno de los principales problemas en la cadena de la producción habitacional. Coinciden también en la relevancia que les otorgan a los programas de regeneración e integración de barrios, aunque con distintos instrumentos (Planes Maestros de Integración de Barrios y nuevos componentes del programa “Quiero Mi Barrio”), permitiendo develar la importancia del barrio como una escala de intervención integral y multidimensional. Finalmente, las dos propuestas coinciden en promover y fortalecer el cooperativismo en vivienda.

No obstante, una parte central del diagnóstico desde el cual se sustentan los dos programas queda excluido posteriormente de propuestas concretas. Con mucha insistencia, y con distintos matices, ambos proyectos argumentan sobre las externalidades negativas generadas por el actuar del mercado inmobiliario. Y entonces, ¿qué se hace con este mercado?, ¿qué se hace con estas externalidades? Constituyéndose como un punto ciego de los programas, ambas propuestas evitan referirse a tal cuestión.

Si el viejo debate del progresismo residía en equilibrar (más o menos) Estado y/o Mercado en la provisión de vivienda pública, a partir de lo plasmado en los programas de los precandidatos de izquierda se interpreta que se ha optado por desequilibrar la balanza, fortaleciendo al primero, pero dejando incólume al segundo. La coyuntura actual parece indicar que no se puede avanzar en una solución razonable sin entender que los dos actores son parte del mismo problema. Entonces, así, proponer una mayor injerencia del Estado en la provisión de vivienda con fines públicos, sin al mismo tiempo fortalecer sus atribuciones como fiscalizador y/o regulador sobre un mercado que ha contribuido directamente al deterioro de la vivienda social, al menos parece contradictorio. Mientras no se enfrente este problema de fondo, seguramente los precios de las viviendas y alquileres seguirán subiendo, las externalidades negativas de la edificación en altura en barrios tradicionales seguirán profundizándose y la imposibilidad de acceder al alquiler y a la propiedad por parte de los grupos de menores ingresos seguirá debilitándose. En este contexto, si bien el Banco de Suelo podrá ayudará a reducir una parte del problema, por sí solo no lo resolverá. Ni mucho menos, si se siquiera con esta iniciativa relevar la fuerza del Estado como un actor más dentro del mismo mercado. En definitiva, la vivienda digna y el derecho a la ciudad (conceptos que corren el riesgo de vaciarse de contenido) seguirán siendo opacadas por las manos “invisibles” del mercado.

De esta forma, es imprescindible un rol regulatorio más enérgico hacia el mercado inmobiliario, que permita promover, por ejemplo, leyes de regulación en el ámbito del arriendo, compra y/o venta de inmuebles y del suelo, etc. Estas, sin ir más lejos, ya se están realizando en diversas ciudades del mundo, donde se ha entendido la importancia del Estado como un actor clave en la regulación de un mercado que genera externalidades regresivas. Estas iniciativas están transcurriendo en ciudades con proyectos políticos tan disímiles como Caracas y Barcelona. Esta última, una de las urbes que más han sufrido los avatares de la especulación inmobiliaria, en plena pandemia ha implementado un programa de regulación de precios de alquileres, donde se ha evidenciando que el mercado se ajusta y adapta a dichas regulaciones, legitimando la participación del Estado, no como un actor más del mercado inmobiliario sino como el garante del derecho del acceso a la vivienda.

En definitiva, mientras que en otros temas que están en debate programático parece haber mucho mayor consenso sobre la urgencia de las transformaciones que Chile requiere, en el ámbito de la provisión de la vivienda para los grupos de menores ingresos los esfuerzos y propuestas hasta ahora explicitados siguen siendo parciales. Esta urgencia debe ser afrontada integralmente por las fuerzas políticas de izquierda. En este sentido, independiente de quien resulte ganador el domingo, al menos en el ámbito del derecho a la vivienda, y desde la izquierda, queda todavía mucho por debatir, proponer y avanzar.