Gobiernos Regionales: electos popularmente, ¡invisibilizados estructuralmente!

Durante la reciente elección a gobernador(ara) regional, el debate de nuestro país se centró en las atribuciones que tenía éste para desarrollar su trabajo en cada uno de los territorios donde tendrá competencia. Por desgracia, la premura por concretar el hito de la elección popular de una autoridad regional estuvo lejos de ser un gran paso hacia la descentralización del poder. En efecto, y a pesar de lo esperable para un cambio de tal envergadura, no se presentó ningún proyecto de ley orgánica constitucional de gobierno regional, sino que, en cambio, se aprobaron “adecuaciones a diversos cuerpos legales” o, dicho de otro modo, arreglines sui generis para hacer calzar forzosamente a esta nueva autoridad.

Como ya hemos podido comprobar, la falta de un nuevo cuerpo normativo significa un choque de competencias entre el delegado presidencial –figura creada para mantener parte del poder en el centro político y designado a dedo por el Presidente de turno– y el gobernador legítimamente electo, quien a su vez presidirá el Consejo Regional. No obstante, hay cargos dentro del organigrama regional que serán sometidos a sufragio popular en noviembre, tal como desde hace ya dos periodos. Algunos(as) de ellas(os) inclusive han obtenido mayor cantidad de votos que diputadas(os). Estos resultados, su trabajo y atribuciones han sido sumamente invisibilizados. Nos referimos, por supuesto, a los consejeros regionales (cores).

Cuando hacemos preguntas como ¿sabes quiénes son tus representantes en el consejo regional? o ¿conoces la manera en que funciona este importante órgano?, la respuesta habitual es encogerse de hombros. Son pocos los ciudadanos o ciudadanas que pueden nombrar a los representantes de su zona –denominada circunscripción– en aquel órgano y los que algo conocen su trabajo suelen decir “son importantes porque aprueban las platas de los proyectos”. Pero si indagamos un poco más sobre sus competencias nos damos cuenta que esa es sólo una parte de su trabajo; es importante, sin dudarlo, pero tiene mayores funciones ligadas profundamente al territorio.

En efecto, las atribuciones del Consejo Regional, que establece la Ley de Gobierno Regional vigente, varían sin punto medio entre la precisión técnica y la política ornamental (ejemplos: “distribuir por ítems o marcos los recursos presupuestarios de la región” o “recomendar al gobernador regional la implementación de acciones de interés regional”). No obstante, esa área gris de atribuciones para opinar puede ser el verdadero inicio de un proceso de regionalización, basado en la participación ciudadana.

Otra de las funciones que la ley otorga a los cores es la de aprobar los planos reguladores comunales y las estrategias de desarrollo regional, procesos que, hasta ahora, en la lógica de la democracia representativa, se han limitado a una deliberación en audiencia, sin hacer parte a la comunidad organizada durante la elaboración de dichos instrumentos. Lo mismo ha ocurrido con la más conocida función de “aprobación de proyectos” del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que son presentados por los municipios. ¿Se comunican los consejeros y consejeras regionales con las organizaciones de las respectivas comunas o con los alcaldes?, ¿consultan con la ciudadanía para cerciorarse de que el proyecto persigue una finalidad acorde a las necesidades de la comunidad evitando aprobar peticiones personalistas del o la alcaldesa de turno? Estas preguntas, a su vez, nos llevan a cuestionar la profundidad de la democracia regional: ¿debe el ciudadano conformarse con levantar la problemática y dejar la solución en manos de la autoridad competente?, ¿es lo mismo resolver el problema de la seguridad ciudadana, por ejemplo, aumentando las áreas verdes y luminarias, que comprando automóviles y cámaras?

En definitiva, vemos que hasta ahora, y en el contexto de la obsoleta democracia representativa, los consejos regionales sólo han sido reflejo de la política de élites y de una ciudadanía desalentada y desinformada, pero desde la revuelta del 18 de octubre los ciudadanos han comenzado exigir dos cosas fundamentales a quienes los pretendan representar: 1) compromisos claros y exigibles; y 2) una conexión entre el candidato o la candidata y la comunidad que pretende representar.

Si nuestro sistema político logra brindar a la ciudadanía un abanico de candidatas y candidatos que cumplan tales requisitos, bien podrían los nuevos cores utilizar las vaguedades de sus atribuciones como un trampolín para hacer efectiva la participación ciudadana y ejercer la necesaria presión al gobierno central para que ceda paulatinamente el poder que celosamente cautela. Asimismo, en el marco del proceso constituyente, será tarea de los cores que elegiremos en noviembre exigir la reformulación de las competencias actuales del Consejo Regional, delegando poder político a la región y dotando a la normativa que regula el gobierno regional, de una estructura que contemple una participación ciudadana efectiva y vinculante en la toma de decisiones regionales.