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Opinión

No a Dominga

Por: Marcelo Oliva | Publicado: 24.08.2021
No a Dominga | Agencia Uno
El proyecto minero-portuario Dominga pone todo eso en riesgo. Existe una alta probabilidad de generar ahí una nueva zona de sacrificio, un concepto que en otras partes del mundo significa que se sacrifica un trozo de territorio para el uso exclusivo de alguna actividad industrial de alto impacto ambiental, sacrificando, por no tener alternativa, el ambiente y sus recursos naturales. En Chile ello incluye también a compatriotas, y en este caso no sería distinto, considerando todas las comunidades que viven río abajo y a lo largo de la costa tan biodiversa y productiva del lugar.

Para pesquerías, la FAO promovió el “principio precautorio”, que está incorporado en nuestra legislación pesquera (Art 1B, Ley General de Pesca y Acuicultura) y establece que, dadas las incertidumbres en el conocimiento respecto a la dinámica futura del ambiente y los recursos, en el manejo siempre se debe elegir la opción más conservadora. Porque la experiencia demostró que el apostar a lo que se denomina el “máximo rendimiento sostenible”, que es un nivel de pesca en que se aprovecha teóricamente de manera óptima la capacidad productiva de un recurso, llevó a la mayoría de las pesquerías mundiales a niveles de sobreexplotación y/o colapso, al punto que en un trabajo publicado el año 2006 en una de las revistas más prestigiosas del mundo (la revista Science), se pronosticó de que a ese ritmo en el año 2050 ya no quedarían peces en los mares del mundo. Eso produjo una alerta, incentivó la discusión y aceleró cambios en los enfoques en el manejo y administración de pesquerías en todo el mundo. Por ejemplo, se comenzó a hablar, también en Chile, del Enfoque Ecosistémico de Pesquerías de FAO, que busca lograr tanto el bienestar ambiental (el sistema como tal y los recursos), como el humano (en lo económico y lo social). Con ese tipo de enfoques y principios, pero principalmente mejorando el conocimiento científico, se está logrando revertir las tendencias, observando un número creciente de pesquerías en recuperación en el mundo.

¿Qué tiene que ver lo anterior con el proyecto minero-portuario Dominga? La decisión tomada por los funcionarios del gobierno que componen la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) a nivel regional, y que en la práctica dio “luz verde” al proyecto, desestima todos los llamados de alerta realizados por diversos informes científicos y técnicos. Se decide, en momentos en que el cambio climático nos llama a ser precautorios respecto a los, sobre todo en la zona, cada vez mas escasos recursos hídricos, intervenir con dos rajos muy profundos la cuenca del río Los Choros, que fluye en forma subterránea, con consecuencias impredecibles río abajo. Río abajo hay comunidades agrícolas, desarrollos turístico-inmobiliarios, pero por sobre todo el sector costero más productivo y diverso de la Región de Coquimbo. Lo que para la región es en tierra el valle de Elqui, o el del Limarí, con su producción pisquera y de uvas de mesa de exportación, lo es el sector de Punta Choros, con su producción de peces y mariscos, en el mar. Se ha hecho conocido como Archipiélago de Humboldt, porque esa enorme productividad se sostiene en una extensa punta, con una serie de islas, que albergan una gran biodiversidad, siendo también área de alimentación de muchas especies que comparten esos recursos con nosotros, como pingüinos, lobos, delfines y ballenas. Es una zona única e irremplazable: no hay forma de relocalizar a las especies que ahí viven o compensar su pérdida por el desarrollo de algo similar en otra parte del país o del mundo. Como país nos haremos tristemente célebres en el mundo si intervenimos esa zona.

El proyecto minero-portuario Dominga pone todo eso en riesgo. Existe una alta probabilidad de generar ahí una nueva zona de sacrificio, un concepto que en otras partes del mundo significa que se sacrifica un trozo de territorio para el uso exclusivo de alguna actividad industrial de alto impacto ambiental, sacrificando, por no tener alternativa, el ambiente y sus recursos naturales. En Chile ello incluye también a compatriotas, y en este caso no sería distinto, considerando todas las comunidades que viven río abajo y a lo largo de la costa tan biodiversa y productiva del lugar.

Ante una situación de esta naturaleza, si se considera sólo la productividad pesquera de la zona, debería primar el principio precautorio. Y si eso lo extendemos al recurso hídrico, a la biodiversidad, pero por sobre todo a las comunidades de compatriotas que viven ahí, lo que el principio precautorio aconsejaría es bastante obvio.

El uso inteligente de nuestro territorio, para el bien de todos y el futuro desarrollo, también el desarrollo económico a largo plazo, aconsejarían a no emplazar este proyecto minero-portuario en esta zona.  Aconsejaría no sacrificar, por un desarrollo económico de corto plazo (26 años útiles del proyecto), una zona de esta naturaleza, y tampoco sacrificar a las actividades pesqueras y turísticas que pueden seguir ahí por siempre, por generaciones. Porque el proyecto compromete, entre otros, las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones –violando además del principio precautorio– y el principio del desarrollo sustentable, en cuanto a “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, como se ha definido en la cumbre mundial de naciones hace muchos años.

La Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, mas allá del ecosistema marino que la convoca, siente como su deber el alertar sobre esta situación. Entendemos que lo que un país decide hacer con su territorio, también con sus recursos naturales, incluso el sacrificio de partes de sus comunidades de compatriotas, es una decisión política del Estado. Pero se supone que la decisión política se toma utilizando el mejor conocimiento científico-técnico posible. Y ese conocimiento científico-técnico recomienda, bajo el principio precautorio y los principios del desarrollo sustentable, y los objetivos de desarrollo sustentable con los que Chile se ha comprometido, no emplazar este proyecto minero-portuario en la cuenca del río Los Choros y su sector costero. No es sólo el componente portuario el que preocupa: es el proyecto en su integridad, con su intervención general de la cuenca. Y una cosa no aceptable es pretender que un proyecto de esta naturaleza no reviste riesgo ni sacrificio ambiental y de comunidades; otra cosa muy diferente es que como sociedad decidamos asumir ese riesgo y esos sacrificios ambientales, pero entonces basado en información técnica-científica que permita estimar la magnitud de los riesgos ambientales o costos, con sus respectivos niveles de certeza, que se está proponiendo que como sociedad asumamos. Tenemos como país el desafío de avanzar desde la actual Evaluación de Impacto Ambiental (basada en juicios de expertos, siempre discutibles) al Análisis de Riesgo Ambiental (estimación de probabilidades en base a datos duros). Ello implica invertir, como nación, para generar esas capacidades técnicas y científicas a futuro. A falta de aquello en el presente, y respecto al proyecto en cuestión, debiera primar el principio precautorio. Porque en la situación actual desconocemos el costo real que ese proyecto cargará al ambiente, a las comunidades y a la sociedad chilena en su conjunto. Y es claro, obtener beneficios sin asumir sus costos, o haciendo que otros asuman sus costos, siempre será atractivo desde el punto de vista económico, pero no por eso desde el punto de vista de desarrollo como tal.

Por tanto, como Sociedad Chilena de Ciencias del Mar llamamos a las autoridades políticas del país a revisar lo ya decidido por los representantes del gobierno en la región, y avanzar a una decisión de política de estado que detenga y decida de una vez por todas la no realización del proyecto minero-portuario Dominga, bajo ninguna circunstancia actual o futura. Tampoco sin el puerto. Porque no hay forma de reducir sus impactos y riesgos – pues no se puede hacer sin partir por los dos rajos que intervendrán la cuenca, que requiere para acceder al mineral.

A su vez instamos al estado que vea otras formas, que no comprometan el patrimonio natural de la zona, de atender las legítimas necesidades que tiene la comuna de la Higuera o la Región de Coquimbo como un todo.  Pero el anhelado y necesario desarrollo de la comuna y la región en el presente no puede, y no debe, sacrificar un patrimonio natural tan importante y necesario para nuestro desarrollo a futuro como nación.

No es “sólo” su gente, que puede estar a favor o en contra del proyecto, o el dinero que produzca o no produzca, los puntos más o menos del PIB regional o nacional, puertos más o puertos menos, barcos más o barcos menos, el agua que contamine o no se contamine o se pierda, o las machas o locos, los pingüinos, delfines o ballenas. Todos esos elementos son parte de un sistema complejo e integrado. Se trata de que una empresa está solicitando poder emplazar un proyecto de mega minería, con todo lo que aquello implica, en el corazón de un sistema complejo, muy valioso, irremplazable y frágil. Es frágil, tanto en lo ambiental, como en lo social y económico, por eso no sorprende lo polémico que resulta también a nivel comunitario y político el proyecto. La decisión que al respecto se tome tiene consecuencias de alcance mayor.

Son estos los momentos y decisiones donde se pone a prueba la grandeza de una nación, mas allá de una respuesta a una coyuntura del instante, para resolver un problema que es real, pero momentáneo y que desafía nuestra creatividad y colaboración para buscar formas de desarrollo sustentables a largo plazo, tanto para esa zona, como para la nación como un todo. ¡Como Sociedad Chilena de Ciencias del Mar llamamos a nuestras autoridades a demostrar esa grandeza!

Marcelo Oliva
Presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.