Refundación o reforma de Carabineros

El Informe Anual 2019 del Instituto de Derechos Humanos (INDH) constituye probablemente una de las mejores síntesis acerca de lo ocurrido en los momentos más críticos de lo que, en el contexto de lo que ese mismo informe, calificaba como “las más grave crisis de los derechos humanos” desde el término de la dictadura cívico militar. En el cumplimiento de su mandato legal, el Consejo del INDH no sólo consignó los dramáticos hechos ocurridos desde octubre de 2019 en el país (enfatizando, por ejemplo, la evidencia de patrones sistemáticos en la conducta represiva de los agentes del Estado, los que generaban las recurrentes violaciones de los derechos humanos que presenciamos en el período), sino que formuló un conjunto de recomendaciones en la perspectiva de asegurar que tales hechos no vuelvan a repetirse.

Parte fundamental de tales recomendaciones, cuyo seguimiento será rigurosamente evaluado, se relacionó con la responsabilidad que en esta materia le cupo a Carabineros de Chile, lo que no es de extrañar si consideramos que más del 94% de las 3.016 querellas criminales que el INDH ha interpuesto por lo ocurrido en el periodo involucran a funcionarios de dicha institución.

Entre las recomendaciones referidas a Carabineros se planteó, por ejemplo, “reformar el marco normativo que regula a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, e iniciar un proceso para su profunda modernización y profesionalización, fortaleciendo el principio de subordinación de aquellas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuanto este último es el que debe concentrar la decisión política en materias de orden público”. También se expresó la necesidad de “crear mecanismos autónomos y especializados de control externo sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con las facultades necesarias para prevenir la comisión de actos que contravengan la legalidad vigente en lo que respecta al ejercicio de la función policial”. Asimismo, se afirmó que se deben adoptar “las medidas necesarias respecto de la estructura orgánica, cultura interna, doctrina, protocolos para el cumplimiento de las funciones policiales y mecanismos de relacionamiento con la ciudadanía, para que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública realicen su misión en el marco de la más estricta observancia de la promoción y protección de los derechos humanos”.

En otros términos, para el INDH, una garantía esencial de no repetición de las violaciones de derechos humanos pasa por, entre otras materias, modificar las normas que sean necesarias para asegurar la subordinación estricta de Carabineros a la autoridad civil, terminando con la autonomía que hoy caracteriza el actuar institucional, establecer el control externo sobre sus actuaciones y modificar su estructura, cultura y doctrina como condiciones para asegurar que Chile disponga de una policía uniformada que no vulnere los derechos humanos de la ciudadanía a la que debe proteger.

La profundidad y el carácter estructural de los cambios exigidos son evidentes. No se trata de un proceso de modernización, como el que desde el gobierno se promueve, sino de una transformación de los elementos más esenciales que caracterizan negativamente a Carabineros de Chile hoy. De allí que, a propósito de una polémica que algún medio trató de levantar, cabe destacar que esas transformaciones sintonizan básicamente con lo que específicamente en esta materia se debatió en  la Comisión Provisoria de Derechos Humanos de la Convención Constituyente, por lo que la distinción entre Reforma y Refundación pasa a ser una cuestión simplemente semántica, en la medida que lo que importa es que, tanto en el Informe del INDH como en los acuerdos de la comisión,  existe la  generalizada convicción de que el futuro que chilenas y chilenos quieren construir será muy distinto también en lo que se refiere a la institución y el accionar de la policía uniformada.