Acción local para una crisis global

Un informe, presentado hace poco por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, ha mostrado el nivel de la crisis ambiental en la que nos encontramos como planeta. Episodios de calor extremos, sequías, inundaciones reiteradas serán parte de una lamentable escena que se repetirá con más frecuencia e intensidad.

La complejidad de este tema está precisamente en que ese factor global distancia o aleja a las personas e incluso a las autoridades políticas y les hace pensar que no tienen mucha relación o injerencia en el problema. Por tanto, es de gran importancia que podamos darnos cuenta que los territorios, las regiones, provincias y comunas del país, no están para nada ajenas a esta crisis climática. Sólo como ejemplos, en Chile, al año 2020: se contabilizaron más de 383 mil familias de sectores rurales con un precario o nulo acceso al agua potable y que requieren de camiones aljibe para poder recibir agua para consumo diario; agricultoras y agricultores que sufren una sequía por déficit de precipitaciones que van entre el 60% y el 80% en algunas regiones, pero que, por otro lado, sufren también las inclemencias de un invierno cada vez más duro o de lluvias en épocas de cosecha. En otra muestra de la crisis, el 94% de las familias que viven en las regiones del sur austral tienen a la leña como combustible para calefaccionarse o cocinar, pero sólo un 10% de esa leña posee algún tipo de certificación, hecho crítico si consideramos que la temporada de frío se alarga y recrudece año a año y la leña “húmeda e informal” es de bajo costo.

Por lo tanto, se requiere tomar acciones locales que colaboren con combatir esta crisis global, no como una moda o por sumarse a una tendencia, si no por que nos corresponde, nos atañe y porque somos parte del problema, y, además, debemos hacerlo de manera urgente y concreta.

Hasta hace unos meses, estas acciones descentralizadas eran difíciles de asumir e incluso de pensar, dado que las decisiones políticas importantes sólo dependían de un ente centralista y capitalino como es el Gobierno Nacional. Pero, con la instalación de los Gobiernos Regionales (GOREs), elegidos democráticamente, ¿se abre alguna ventana a intervenciones con más pertenencia y pertinencia territorial? Estoy convencido que la respuesta es sí. Dado que esta situación nos pone desafíos estratégicos y que requieren de acuerdos entre muchas actrices y actores de nuestro territorio, el rol articulador y cercano de los GOREs se presenta como la mesa indicada para sentarse a discutir y accionar sobre el cambio climático.

Requerimos, por ejemplo, avanzar decididamente en bajar la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos sin pensar sólo en las licitaciones del Sistema RED o la participación del Metro. El transporte público y privado de las regiones debe apuntar, con el apoyo de los GOREs, a fuentes de energía más sostenibles y a generar sistemas de gestión de recorridos más eficientes, con la incorporación de tecnologías generadas incluso en las mismas instituciones de educación que se encuentran en los territorios y, por supuesto, asumiendo las condiciones particulares de lejanía, ruralidad, clima y condiciones de caminos que muchas de las familias viven día a día.

Por otra parte, se debe preparar una batería de apoyos para limpiar la matriz energética de calefacción, cocción de alimentos y producción térmica de pequeña escala, factor crucial en regiones de centro-sur del país, sin abandonar a nuestras familias que menos recursos tienen y que por años han utilizado la leña como combustible barato y de fácil acceso. El impulso a las energías renovables es ya una condición mínima en cada territorio, pero requiere de un ordenamiento territorial que permita la convivencia de aspectos como estos: mínimo impacto medioambiental, existencia de proyectos con valor social compartido, beneficios económicos directos en el precio del servicio y, seguridad para la calidad del suministro.

En lo productivo, se requiere, por ejemplo, diseñar programas de fomento propios que impulsen con fuerza a aquellas empresas que se la juegan por una producción más sostenible, para empresarias y empresarios que creen en el potencial de las regiones y construyen desde sus territorios y necesitan encontrar en los servicios públicos espacios de apoyo, fortalecimiento, articulación y colaboración. Pero este impulso a lo sostenible debe ser con “apellidos” concretos: frutas con una huella hídrica, energética y/o ecológica menor, cervezas o quesos de calidad hechas con energías renovables, leche y carne  de animales que crecen en empastadas orgánicas, productos de proximidad, empresas que opten por certificaciones como “B”,  “ISO 50001”, “FareTrade” o “Sin ensayo en animales”,  o diseñadores que se especializan en el uso de materiales reutilizables necesitan de un impulso adicional en los llamados a concurso de organismos como Corfo, Sercotec o las nuevas Divisiones de Fomento e Industrias y pueden ser ejemplos de una economía que comprende y asume su responsabilidad con la región y el planeta.

Todo lo anterior requiere de un aprendizaje de parte del servicio público, valentía e innovación para hacer las modificaciones normativas requeridas, pero, sobre todo, de acuerdos que van mucho más allá de los 3 ó 4 años de los ciclos electorales. En resumen, esta urgencia climática requiere de liderazgos que comprendan la necesidad de accionar localmente para lograr grandes cambios globales.