Trabajar menos, vivir mejor

La distribución de nuestro tiempo está desequilibrada. En un día corriente ocupamos alrededor de diez horas trabajando (incluido el trabajo doméstico), más otra hora y media viajando para trabajar. Dormimos menos de siete horas y las cinco horas restantes las repartimos en todo lo demás, incluyendo comer, estudiar o ir al médico. Esto significa que no tenemos tiempo para nuestras familias, parejas o amistades; ni para desarrollar nuestros talentos, ni para divertirnos. Tampoco para descansar como deberíamos, lo que daña gravemente nuestra salud. Especialmente tras lo vivido los últimos dos años. De hecho, las malas políticas laborales y económicas del gobierno frente a la pandemia nos legaron un severo aumento de enfermedades mentales (actualmente, cerca de la mitad de las chilenas y chilenos presenta síntomas depresivos), lo que refleja nuestra falta de tranquilidad.

Lógicamente, este desequilibrio no es voluntario. Obedece a un modelo productivo cuyos malos salarios y peores pensiones nos obligan a trabajar hasta el cansancio. Por esto la reducción de la jornada laboral sin disminuir las remuneraciones es una medida necesaria: es un paso concreto en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, apunta a la raíz del problema y busca corregir sus consecuencias más apremiantes. Especialmente en el caso de las trabajadoras, ya que son las mujeres quienes realizan una verdadera doble jornada en labores domésticas y de cuidados.

La primera pregunta cae de cajón: ¿es realista dicha propuesta? Lo cierto es que la reducción de la jornada ha sido un éxito en países como España, Alemania y Nueva Zelanda. Entonces, ¿por qué no se legisla en Chile? El proyecto ya existe y propone reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales sin disminuir las remuneraciones. Lo ingresó la diputada Camila Vallejo en marzo de 2017 y fue aprobado por el pleno de la Cámara durante la revuelta, en noviembre de 2019. Sin embargo, fue frenado por el gobierno y por un grupo de senadores y senadoras bajo una serie de excusas amparadas en la emergencia sanitaria y el incierto panorama económico.

Contraria a esta argumentación, la evidencia sugiere que la reducción de la jornada contribuiría a la reactivación económica. En primer lugar, porque reduce la cesantía: trabajar menos sin reducir los salarios genera nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, porque jornadas más cortas permiten trabajar mejor, lo que aumenta la productividad. Y tercero, porque -de acuerdo al proyecto de ley- su aplicación sería inmediata para las grandes empresas (cuyas ventas anuales superan los $ 2.400 millones), pero gradual para las Pymes, permitiéndoles una mejor adaptación. De modo que la reticencia no es técnica, sino política, y absolutamente contraria a las necesidades de la mayoría trabajadora.

En definitiva, la reducción de jornada es un avance concreto en nuestro derecho a trabajar menos y vivir mejor. Pero deberá ser el primero de muchos. Debemos avanzar en un nuevo modelo de relaciones laborales, aumentando sustancialmente el salario mínimo, fortaleciendo las organizaciones de las y los trabajadores y entablando un verdadero sistema de seguridad social, capaz de entregar pensiones decentes. También debemos avanzar en un nuevo modelo de desarrollo, que ponga las necesidades de las trabajadoras y trabajadores en el centro, y en la creación de un sistema nacional de cuidados, que corrija las disparidades de género. Este es nuestro objetivo y nuestro compromiso para llegar al Congreso y para ser gobierno.