Estallido, corrupción y medioambiente: ¿Chile cambió?

A dos años del 18 de octubre 2019, el presidente Sebastián Piñera está cerrando su gobierno con un país en crisis política, económica y social y él mismo imputado por crímenes de lesa humanidad y por corrupción, y estos son dos símbolos del profundo impacto de la revuelta popular de 2019/2020.

En muchas paredes del país se leía “En Chile nació el neoliberalismo, en Chile morirá el neoliberalismo”, dando cuenta de que la revuelta era mucho más que una expresión de rabia o ira popular frente a años de abusos y exclusiones; era eso, pero también era más que eso. Estábamos ante un proceso político, social y, sobre todo, cultural muy profundo.

Efectivamente, el modelo impuesto en dictadura y administrado las siguientes tres décadas tiene un símbolo jurídico (la Constitución) y uno político (Sebastián Piñera), que dan cuenta de las expresiones más descarnadas del neoliberalismo fundado en un capitalismo financiero rapaz; formas autoritarias de gobierno que no trepidan en usar la fuerza para asegurar el modelo que les ha beneficiado hasta el hartazgo; y un profundo individualismo, incapaz de ver más allá de los intereses personales y de grupos privilegiados. Además, para que este modelo funcione, la impunidad ha sido un requisito esencial.

Dicho diseño de sociedad, altamente ideologizado, fue impuesto y hoy es defendido por la fuerza. Por ello, tanto en la imposición del modelo como en su defensa, las violaciones de derechos humanos han sido una constante. Ciertamente, cuando está tanto en juego la derecha y sus aliados no dudan en abandonar los ideales democráticos y usar la violencia para enfrentar a quienes amenazan las bases del modelo. Las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos habidas los meses posteriores al 18 de octubre son la expresión más brutal de dicha violencia.

No obstante, la respuesta de la sociedad ante las graves violaciones de derechos humanos no fue el silencio. Millones marcharon por las calles exigiendo el fin de la violencia represiva; miles se organizaron para proteger a las víctimas; se activaron mecanismos nacionales e internacionales. No hubo silencio ni complicidad ante el horror.

Asimismo, la corrupción es otra faceta del modelo que entró en crisis y que también está vinculada con las demandas de la revuelta de octubre. En efecto, los reclamos por transparencia, rendición de cuentas y fin de la impunidad, venían siendo parte de la agenda pública desde antes de la Revuelta de Octubre, pero las responsabilidades no se habían establecido política y menos judicialmente.

En este sentido, me parece importante explicitar los vínculos entre las violaciones de derechos humanos y la corrupción que pueden explicar por qué ambas cuestiones confluyen en la figura del presidente Piñera. Por una parte, hay un impacto evidente de los actos de corrupción en el Estado de Derecho y la democracia; demostración de esto son los casos de financiamiento ilegal de la política o el uso de posiciones privilegiadas de poder para obtener beneficios personales. De otra, hay un vínculo entre la corrupción y las violaciones de derechos humanos, ya que contextos autoritarios fomentan la corrupción (se concentra el poder, hay mayor discrecionalidad, disminuyen los controles y se impone la impunidad) y, a la vez, para preservar sistemas corruptos las violaciones de derechos humanos son un instrumento necesario.

Un ejemplo claro de la convergencia entre la corrupción y el sistema imperante es la implementación de un modelo extractivista basado en la depredación de la naturaleza. Por ello, no es extraño que las manifestaciones públicas antes, durante y después de la revuelta se hayan vinculado con demandas medioambientales. Asimismo, se entiende la dura reacción ciudadana y política frente a la noticia de que el Presidente, una vez más, había usado su poder para hacer negocios asociados a la depredación de una zona ecológica especialmente vulnerable (el proyecto Dominga).

Por cierto, este cambio de actitud ciudadana y exigencias de mayor transparencia y respeto por los derechos humanos explican el rechazo que generan los actos de corrupción en los que se ve envuelto el presidente Piñera y la condena de las violaciones de derechos humanos vinculadas con la revuelta.

Este escenario post 18 de octubre se ha materializado en un cambio político-institucional (proceso constituyente) y también político-cultural, expresado en una nueva relación entre las instituciones de poder y el pueblo como un actor relevante que se expresa en las calles, en redes sociales y en los procesos electorales.

En definitiva, la principal consecuencia del 18 de octubre es una nueva actitud ciudadana (“Hasta que la Dignidad se haga costumbre”), que ha llevado al resquebrajamiento del modelo y sus símbolos, incluido el propio Presidente. Ese cambio cultural es, probablemente, el mayor triunfo que hoy conmemoramos.