Narrativa del terrorismo y militarización del Wallmapu

La Cámara de Diputados acaba de renovar el Estado de Excepción en Wallmapu, una política nefasta que ha dejado una persona muerta, Yordan Llempi, y varios heridos incentivando sólo más sangre y violencia. Por otro lado, una consulta populista liderada por el gobernador Luciano Rivas, con una representación del 16% de la población de la Araucanía, fue difundida como estandarte de la validación social del actuar militar. Me parece tan complejo, confuso y a veces desolador estar viviendo al mismo tiempo el Chile de la transformación y ver cómo se despliegan las fuerzas militares con su armamento a cuestas.

En términos del simbolismo histórico, el Estado de Excepción –que ya es un escenario propiciado por dos poderes del Estado– nos retrotrae históricamente a 1860 o 1870, al siglo XIX y a la discusión previa a la Invasión de la Araucanía. La declaración del Estado de Excepción, se nos ha comunicado, se daría por una serie de hechos que el gobierno ha conceptualizado como narcoterrorismo. Esto es un discurso o una narrativa que ha surgido en los últimos años por parte de fiscalías, gremios empresariales y propietarios de la zona, donde a la idea de terrorismo se le agregó el componente de narcotráfico con el objetivo de militarizar el territorio y proveer seguridad estatal a sus propiedades.

El concepto de terrorismo es la clave para entender cómo se desarrolló y cómo actúa el Estado de Excepción. El concepto de terrorismo es proporcional al antiguo discurso de la barbarie del siglo XIX, el que hablaba de los mapuche como seres improductivos, bárbaros, rémoras del pasado, que no permitían el desarrollo del país y tenían un montón de tierras siendo mal utilizadas. Bajo esa premisa se justificó la invasión y el robo de tierras. La narrativa del terrorismo es la construcción retórica que apunta a sostener la existencia de situación de gran magnitud de sujetos o personas incontrolables que harían daño por doquier a distintos tipos de propiedades privadas como forestales, latifundios, pero también a personas y que estarían en relación con la reivindicaciones mapuche. Bajo esta premisa se justificó la incursión militar en Wallmapu en pleno 2021.

Este discurso o narrativa se viene edificando desde un sector delimitado, pero sin duda fue alimentado por las aplicaciones de la Ley 18.314, que comenzaron en el gobierno de Ricardo Lagos y que continuaron todos los gobiernos posteriores. En los últimos años ha emergido con claridad desde los grupos latifundistas y empresariales de la Araucanía, en toda la derecha y en agrupaciones ultraderechistas como APRA. Todas aportan a la construcción de un imaginario generalizado del terrorismo en la zona. Lo repiten una y otra vez, se amplifica en los medios de comunicación, se georreferencia en términos policiales bajo la idea de “Macrozona Sur”, erigiendo la noción de un enemigo interno que, a la sazón, sería el pueblo mapuche. En esta tesis, al existir terrorismo o narcoterrorismo en las reivindicaciones mapuche, por antonomasia, toda persona mapuche podría ser un posible terrorista. Es terrible el racismo que opera: la búsqueda de un enemigo interno, para ellos, tiene ciertos diacríticos: tiene un apellido específico, un color de piel específico y una causa que apoya.

Lo cierto es que no hay ninguna definición de terrorismo lo suficientemente clara tanto en el contexto nacional como contexto internacional. A nivel internacional, se habla de actos criminales con fines políticos concebidos para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas y a nivel nacional la Ley 18.314 apunta a actos cometidos con la finalidad de producir en la población o en parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, los que se enumeran en aquel cuerpo legal. Creo firmemente que terrorismo es un significante vacío, que está ahí para ser llenado de contenido y ser utilizado por fuerzas políticas, dependiendo de las circunstancias. Esta definición tan vaga –que son actos políticos o actos relacionados con cosas que causen terror– me parece posee una peligrosa opacidad. La idea del terror o temor no es una cuestión que uno pueda medir tan fácilmente, por lo tanto prevalece un uso retórico, en el sentido de rebuscado, para poder justificar ciertas acciones del Estado o grupos de interés a objeto de controlar lo que ellos han denominado el enemigo interno en su lógica penal.

Si hablamos de terror entonces, y siguiendo esta lógica de persecución, ¿por qué no existen militares o Estado de Excepción en Santiago, donde hay un tipo de violencia incluso ligada al narcotráfico muchísimo mas grande de lo que hay en la Araucanía y que seguramente infunde temor? ¿Por qué no existen militares o Estado de Excepción en otros lugares donde la población está atemorizada producto de asaltos o portonazos? ¿Por qué no hay militares o Estado de Excepción en los nichos donde la derecha política y empresarial siguen planificando la miseria y el endeudamiento de la gente, actos cargados de terror? Quizás las preguntas que debemos hacernos son: ¿por qué se utilizan militares en territorios donde existe un pueblo con una reivindicación histórica, contraviniendo el Artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas?, ¿por qué se permite que el Estado vulnere a diestra y siniestra los derechos humanos del pueblo mapuche?, ¿por qué al pueblo mapuche se le aplica la Ley Antiterrorista?

Lo más desolador es que, con el paso del tiempo, se empieza a asumir al enemigo interno, a pensar en el terrorismo o el narcoterrorismo. La narrativa ha funcionado. Es lo que pasa con el concepto “Macrozona Sur”, un término administrativo devenido en lenguaje policial instalado ahora en los periodistas sin previa investigación, que como todo este aparataje lingüístico-técnico en función de un objetivo impone significados racializados: los de zona peligrosa y de mapuche conflictivos. ¿Por qué asumen que es correcto hablar de “Macrozona Sur”? O, yendo más lejos, ¿por qué se habla de Araucanía y no de Wallmapu? El término policial aparece como el gran paraguas para ceder el espacio al control militar.

El discurso contra el terrorismo o narcoterrorismo ha logrado su objetivo: un Estado de Excepción, incluso sin evidencia sólida, transformándose en expresión de intereses políticos mezquinos. La apelación al narcoterrorismo no tiene correlato en las cifras, dado que la incautación de drogas en este territorio es bastante menor a otras regiones del país. Y tampoco tiene peso la apelación al terrorismo, toda vez que Chile ha sido foco de críticas por el uso indebido de esta ley contra pueblos indígenas, siendo advertido por Relatores Especiales de Naciones Unidas y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que se busca, indudablemente, es una especie de “nueva Pacificación”. Militares que “pacifican”. Es una señal política encubierta de que el Estado, con el monopolio de la fuerza, sigue siendo el dominante en estos espacios, de que las demandas de cualquier grupo político relacionado con el pueblo mapuche no tienen cabida, si no es por la vía en que el Estado las acepta. A todas luces es un camino destinado al fracaso, constituyendo un enorme despilfarro de recursos públicos que buscan una solución momentánea a una realidad histórica compleja. Evidentemente, es insostenible en el tiempo y sólo traerá más muerte. Sabemos que este escenario requiere un diálogo profundo en clave de reparación. No nos olvidemos que antes de ser “Macrozona Sur”, éste era el territorio libre de un pueblo.