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Opinión

Lollapalooza y el recipiente de Pilatos

Por: Cristián Zúñiga | Publicado: 13.11.2021
Lollapalooza y el recipiente de Pilatos Irací Hassler, alcaldesa de Santiago |
La decisión del Concejo Municipal de Santiago (por ocho votos a favor y la abstención de la alcaldesa Irací Hassler) de aprobar la realización de una consulta ciudadana para definir la realización del festival internacional de música Lollapalooza en el Parque O’Higgins, a todas luces, aparece como un error de juventud, pues se trata de un festival que desde el año 2011 se viene realizando en el epicentro de Santiago, instalándose como un ícono de los festivales de música en Latinoamérica. Y resulta que, justo ahora, en días donde el sector de la música atraviesa por una dramática situación laboral y económica (producto del estallido social y la pandemia), la nueva autoridad edilicia prefiere atender la supuesta molestia de algunos vecinos y sancionar la desprolijidad en la solicitud de permisos de la productora a cargo del evento, lavando sus jóvenes manos en el peligroso recipiente de la democracia directa.

¿Es correcta la decisión del Concejo Municipal de Santiago de someter a plebiscito la realización del festival Lollapalooza en el Parque O’Higgins?

Aparentemente sí. A primera vista, parece correcto que el concejo municipal resuelva una controversia comunal a través de una consulta ciudadana, pues se trata de instituciones al servicio de los vecinos, de su bienestar y anhelos respecto al lugar y entorno donde estos habitan. Es habitual que, en ciudades de países desarrollados, sean mecanismos de consultas, vinculantes y no vinculantes, los que terminen destrabando problemas que tensionan el buen vivir de la comunidad en temas relativos al uso de los espacios públicos, seguridad, horarios de funcionamiento de boliches, ensanchamiento de calles, comercio ambulante, arreglos de pavimentos, iluminación, aseo, ornato, entre muchos otros. Uno de los alcaldes que más consultas y plebiscitos comunales realizó en el último tiempo en Chile fue Joaquín Lavín, que acostumbraba a validar sus camaleónicas y mediáticas ideas desde estos ejercicios participativos. La última consulta ciudadana realizada por Lavín en su rol de alcalde de la comuna de Las Condes terminó limitando el horario para que los menores de edad pudieran circular por las calles del barrio alto (85% de quienes votaron aprobaron esta decisión).

Otro caso emblemático de política pública comunal que se resolvió a través de un plebiscito, fue el de la denominada “piscina social” que pretendía construirse en un parque intercomunal del sector alto de Santiago. La construcción de una laguna artificial (iniciativa apoyada por el alcalde Lavín), en medio de este pulmón verde, buscaba que los habitantes de todas las comunas de la Región Metropolitana, que no tenían la posibilidad de salir de vacaciones, pudieran disponer de una laguna cristalina. La consulta ciudadana, organizada por los tres municipios que administran el Parque Padre Hurtado (Las Condes, Providencia y la Reina) involucró varias preguntas y tras nueve horas de consulta ciudadana, en la que participaron más de 77 mil personas, el 72,5% votó en rechazo de la creación de la laguna.

He aquí uno de los fenómenos que está tomando fuerza en el Chile actual: la progresiva desaparición de la democracia representativa y su sustitución por la democracia directa. Mientras en la primera la mayoría elige representantes cuyo deber será discernir el mejor resultado para el bien común (ejerciendo la virtud del buen piloto de la nave del Estado), en la segunda es la mayoría la que decide directamente los asuntos que le conciernen. Y es aquí que surge el gran problema que amenaza a la política chilena, hoy inundada de populismos, simplismos y extravagancias.   

Ocurre que la democracia directa funciona bien cuando se la ejercita en grupos más o menos pequeños, cuyos miembros se sienten ligados por deberes recíprocos. Cuando, en cambio, se la ejercita a gran escala, la diversidad de los participantes y la complejidad de los asuntos públicos la transforman en un verdadero sorteo de resultados impredecibles o, lo que es peor, en una artimaña para que los liderazgos emotivos manejen las asambleas territoriales (“trabajo de base”, le dicen). La democracia directa estropea la dimensión deliberativa de la democracia (el diálogo y la reflexión racional) que, en cambio, los representantes son capaces de ejercitar. Los representantes, en la medida en que están liberados de la voluntad inmediata de la mayoría, son capaces de ponderar los puntos de vista en juego e introducir racionalidad en la solución de los problemas y conflictos que, si se entregaran a la opinión de los directamente afectados, se bloquearían por los intereses inmediatos.        

Por lo mismo, es que la decisión del Concejo Municipal de Santiago (por ocho votos a favor y la abstención de la alcaldesa Irací Hassler) de aprobar la realización de una consulta ciudadana para definir la realización del festival internacional de música Lollapalooza en el Parque O’Higgins, a todas luces, aparece como un error de juventud, pues se trata de un festival que desde el año 2011 se viene realizando en el epicentro de Santiago, instalándose como un ícono de los festivales de música en Latinoamérica. Y resulta que, justo ahora, en días donde el sector de la música atraviesa por una dramática situación laboral y económica (producto del estallido social y la pandemia), la nueva autoridad edilicia prefiere atender la supuesta molestia de algunos vecinos y sancionar la desprolijidad en la solicitud de permisos de la productora a cargo del evento, lavando sus jóvenes manos en el peligroso recipiente de la democracia directa.

Es probable que, con este antecedente, muy pronto, también los vecinos de Santiago pidan a la alcaldesa hacer uso de ese recipiente de Pilatos para someter a votación ciudadana los permisos al comercio ambulante (la alcaldesa comenzó su gestión hablando de entregar 1.500 permisos a ambulantes), o para autorizar la intervención que hará el Metro en el Parque Forestal para la ampliación de sus líneas (algo a lo que se opone la alcaldesa) y, por qué no, también se podría someter a votación el uso del Parque O’Higgins para actividades culturales como la Fiesta de los Abrazos (actividad del Partido Comunista) o las fondas patrias. Siempre es bueno destacar que en las consultas ciudadanas no existe mayor fiscalización respecto a quienes contribuyen económicamente para publicitar una opción y tampoco para controlar posibles fraudes en las votaciones electrónicas.

La participación ciudadana no constituye un riesgo para la democracia; lo que constituye un riesgo es el uso inadecuado, desregulado y sesgado de estos procesos. Un proceso de consulta ciudadana mal llevado puede favorecer a unos pocos que buscan orientar la decisión de las masas (mismo argumento que expusieron algunos dirigentes comunistas luego de conocerse los resultados de la consulta ciudadana hecha en la Araucanía).

En tiempos de simplismos, pasiones, con una ciudadanía que no cree en sus instituciones políticas y un malestar social sin domicilio ideológico, la democracia directa puede, un día, atender la controversia respecto a la realización de un festival y, al siguiente, abrir la puerta a una ley maldita. Así de vertiginoso está Chile.

Cristián Zúñiga
Profesor de Estado. Vive en Valparaíso.