En la inclusión, tampoco da lo mismo quién gobierne

Como educadora diferencial interesada en las políticas públicas y en entender las propuestas de las distintas candidaturas presidenciales, revisando a los dos punteros de las encuestas, me vi forzada a pausar mi sorbo de té cuando leía el Programa de Gobierno de uno de ellos, y no precisamente por una grata impresión, sino por la sorpresa del desdén que sigue existiendo en un sector político que se niega a continuar avanzando en la inclusión de personas en situación de discapacidad en nuestro país.

Urge que como sociedad tengamos en cuenta que, para lograr la plena inclusión de las personas en situación de discapacidad, es necesario que los gobiernos en todos los niveles se adapten a los estándares internacionales, como los propuestos por la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas en situación de discapacidad, y promover el respeto de su dignidad, a través de distintas normas y principios que plantea.

En el mismo sentido, en Chile contamos con diversas leyes y decretos que han sido un aporte en el camino hacia la inclusión real. En materia de educación, contamos con los decretos 67, 83 y 170, y este último quisiera destacar. Dicho decreto es bastante perfectible en algunos aspectos, como la gran carga administrativa que representa para los profesionales, la subvención individual que se da por cupos y el enfoque integrador centrado en los diagnósticos que posee. Pero el Decreto 170 es la norma que hoy hace posible que un gran número de colegios públicos y subvencionados particulares cuenten con enseñanza diversificada y profesionales idóneos para atender los requerimientos del amplio espectro de estudiantes que encontramos en las escuelas. En el mismo sentido, ha sido una gran ayuda para las familias que no cuentan con los recursos como para costear las terapias que sus hijos e hijas requieren para el desarrollo integral. Con todo, sigue siendo un gran paso en el camino hacia la inclusión.

Mi sorbo de té se detuvo cuando vi que el candidato Kast, en su propuesta N° 707, propone derogar el Decreto 170, con argumentos engañosos que de hecho son explícitos al indicar que quiere “reponer” e insistir en una estrategia totalmente superada, a contrapelo del curso de la historia y del desarrollo e inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Omitiendo que esto implica eliminar los apoyos que se les dan a los niños y niñas actualmente en sus colegios, y trasladar estos apoyos a instituciones externas, privadas, lo que sólo dificulta la plena participación de los estudiantes y nos hace retroceder años en lo que habíamos logrado respecto a la valoración de la diversidad.

Como docente, creo con plena convicción que los colegios y las comunidades educativas somos el centro del progreso a mediano plazo de una sociedad. Por ello, es fundamental que las escuelas cuenten no sólo con pedagogos, sino que también con diversos profesionales que propicien el desarrollo integral de los estudiantes a través de la potenciación de habilidades ocupacionales, cognitivas, practicas, de regulación emocional, control de impulsos, entre otras. Asimismo, el trabajo no debe ser focalizado sólo en los estudiantes, sino que en la comunidad. Para ello, es fundamental el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos, parentales, el fomento de la crianza positiva y la corresponsabilidad parental. Desde aquí la necesidad del trabajo multidisciplinario en las escuelas y la importancia que se le debe dar a la presencia de educadoras y educadores diferenciales, fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogas y psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales, entre otros.

Dicho lo anterior, puedo continuar con esperanza bebiendo mi té, leyendo el programa del candidato Boric, que, como gran contraste, dentro del acápite de Educación, bajo el título de “Una nueva Educación para un Nuevo Chile”, en el punto N° 4 propone, dentro de otras cosas, una modificación normativa a los Programas de Integración Escolar, transitando desde un enfoque centrado en la subvención individual (7 cupos por curso según diagnóstico) a uno con financiamiento basal que permita que los establecimientos mantengan los apoyos de los profesionales y amplíen la cobertura a toda la diversidad de estudiantes que tenemos en el aula, sin importar las etiquetas diagnósticas, fortaleciendo así la inclusión.

Necesitamos un gobierno y una educación que respete las neurodiversidades y esté a la altura de este Chile diverso y multicolor que vamos construyendo.