El cuidado familiar sí es trabajo

Aunque los casos de contagios por Covid están lejos de terminar, de a poco hemos ido recuperando nuestras actividades y cierta normalidad. La pandemia nos ha dejado varias secuelas dolorosas: el impacto en la salud mental, el aumento de la cesantía y el agotamiento de los profesionales de la salud.

Con todo esto, lo que pasa en nuestro espacio íntimo, en nuestro hogar, ha tomado mucha relevancia durante este encierro prolongado. Hemos sido las mujeres quienes recibimos la sobrecarga laboral, trabajando extra casi nueve horas semanales, al no ser reconocidas por nuestro trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Planchar, cuidar a los hijos e hijas, cocinar e ir a comprar a la feria y al supermercado, entre otras tantas actividades, se ha considerado históricamente un trabajo “gratuito”, aunque se postergue la vida personal y profesional por dedicarse al cuidado de otros. El Observatorio Laboral Metropolitano, basado en datos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas 2019-2020, plantea que un 30% de las mujeres reconoce que no puede trabajar por tener responsabilidades familiares permanentes, en comparación al 2% de hombres que esgrimen ese argumento.

Sin duda, hemos tenido que ir “cambiando el chip”. La fuerte ola feminista del último tiempo ha puesto en cuestión a quienes ya hemos cumplido estos roles durante años y que ha recaído exclusivamente en nosotras, afectando nuestra capacidad de insertarnos en el mercado laboral, a tener sueldos en igualdad de condiciones y una pensión digna.

Como mujer y a partir de mi realidad, de la de vecinas, compañeras y hermanas que por años han vivido la sobrecarga histórica del trabajo no remunerado, es necesario avanzar hacia la reforma constitucional que actualmente está en tramitación en la Cámara de Diputados, aprobado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en la que se reconoce que esta es una actividad que genera riqueza para el país. Debemos partir por aprobar esta ley para establecer políticas en favor de las mujeres, como ya lo han hecho otros países de Latinoamérica, Costa Rica, México, Bolivia y Ecuador, considerando pagos estatales para ellas.

Mi compromiso es apoyar toda iniciativa que emerja desde esta instancia y que busque regular este trabajo no reconocido. Tenemos que evitar la dependencia económica asociada a la violencia, que seguirá perpetuando dobles y triples jornadas para las mujeres y acrecentando la discriminación de género. Es necesario reconocerlo así: lo que sucede en la familia sí es trabajo, necesario y productivo.